Eliminar el gasto en legisladores suplentes

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) genera daño económico al Estado al pagar otro salario a suplentes de legisladores. Esto, a su vez, fortalece la corrupción en las organizaciones políticas en épocas electorales.

Se supone que los únicos legisladores activos, es decir, que ejercen el cargo, son los senadores, diputados y representantes ante organismos supraestatales titulares, no así sus suplentes. Sin embargo, actualmente, estos últimos ejercen también el cargo, para lo cual cada Cámara de la ALP asigna un presupuesto para pagar otro salario a cada uno o mediante otro ítem.

Un senador titular percibe Bs 23.311, un titular diputado y representante titular ante organismos supraestatales, ambos Bs 23.310, siendo Bs 53.030.718 el gasto anual en todos ellos. El país gasta Bs 265.153.590 en pagar los sueldos de los legisladores titulares, en los cinco años del periodo de gobierno. Esto, sin contar los incrementos salariales. Sobre eso, la ALP se da el privilegio de pagar a cada senador y representante supraestatal suplente Bs8 .000 al mes y a cada diputado suplente, Bs 8.003 (ALP, 2025).

Habiendo nueve suplentes de representantes supraestatales, 36 suplentes de senadores y 130 suplentes de diputados, suman Bs 18.205.070 al año. Eso es lo que el Estado gasta en suplentes, haciéndose Bs 91.025.350 en los cinco años del periodo de gobierno. A lo anterior se deben sumar los gastos de representación, pasajes y otros que implica el ejercicio de esos cargos.

En una situación de crisis económica y fiscal del país, en la que prácticamente todos los candidatos al Gobierno central proponen optimizar el dinero público, eliminar tal gasto inútil tendrá que ser la primera medida que adopte el nuevo Gobierno y su mayoría parlamentaria, que asumirán a fin de año. El pago ordinario para suplentes no es algo regular, sino una solución política a los conflictos que solían ocurrir entre titulares y suplentes.

Durante la campaña electoral es común que el candidato a legislador titular aporte un monto para cofinanciarla. Pero también se exige que el candidato a suplente aporte. Dado que no suelen ser montos menores, sino considerables, esto genera cierta resistencia en el aporte por parte de los suplentes, bajo el argumento de que el candidato a titular sí podrá recuperar el dinero con el sueldo que perciba al ganar y asumir el cargo de legislador; en cambio el suplente no. La manera en que solía solucionarse este problema era con los famosos acuerdos de “cogestión”.

Esto implicaba que el titular ejercía durante un tiempo para, luego, dejar que el suplente asuma la titularidad cobrando el pago correspondiente y, de ese modo, recuperar el dinero aportado para la campaña. En la gran mayoría de gobiernos subnacionales, en especial municipales, aún funciona así. La manera como se soluciona en el caso de la ALP es con el titular que ejerce tres semanas del mes y durante una semana se habilita al suplente. Así, antes, el 25% del salario del titular se asignaba al suplente, quedándose el titular con el 75%. Eso no estaba mal en lo administrativo, ya que no afectaba a las arcas del Estado.

Sin embargo, a partir del 2020, aprovechando que el Gobierno central maneja el 87% de todo el dinero del Estado y que no se establece un límite para gastos de funcionamiento, como se hace con los gobiernos subnacionales, abusando del poder que tiene, la ALP solucionó el problema asignando otro sueldo a los suplentes. Así evitaron tener conflictos con los respectivos suplentes y consiguieron que el salario mensual de los titulares quede intacto.

Está muy bien por la estabilidad y tranquilidad de cada uno de los legisladores con relación a sus suplentes. Lo reprochable es que eso tiene un alto costo económico e hicieron que el pueblo boliviano lo financie. Se trata de una arbitrariedad que genera daño económico al Estado por esos casi 20 millones al año y casi 100 millones en el periodo de gobierno. Más adelante tendrá que exigirse que todo ese dinero se devuelva, con cargo a quienes aprobaron esa decisión.

A juzgar por las reiteradas quejas que algunos candidatos suelen expresar en espacios de confianza, la causa principal del problema no parece ser la necesidad de cofinanciar la campaña electoral, sino la corrupción al interior de las organizaciones políticas.

Ocurre que algunos “dueños” y dirigentes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas suelen “vender” o sacar la mayor cantidad de dinero posible de las candidaturas. Se supone que todo aporte debe depositarse en la cuenta oficial de la organización política en carrera. Pero la corrupción acostumbra a encontrar modos de hacer para que no se registre, haciendo que el dinero se entregue directamente al dirigente corrupto.

Esto ocasiona que en gran parte de las organizaciones y alianzas políticas participantes cada candidato titular y suplente termine invirtiendo un buen monto de dinero. Para que eso sea efectivo, el mismo dirigente suele promover los acuerdos entre el titular y suplente para la “cogestión”.

La decisión de la ALP de asignar otro sueldo para los suplentes solucionó sobre todo el problema de las dirigencias corruptas de las organizaciones políticas. Es más, se amplió el campo de oferta en el negocio de la venta de candidaturas para la ALP.

Finalmente, asignar otro ítem para los legisladores suplentes da un muy mal ejemplo. Otros órganos de legislación del país podrían idear hacer lo mismo, como en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, hasta hace poco. Incluso los concejos municipales con suficientes recursos podrían replicarla. De ocurrir, la Contraloría y la Procuraduría no podrían observar ese gasto extra si en la ALP lo permiten.

Finalmente, la práctica de habilitar a suplentes de legisladores por una semana al mes no solo es inconstitucional, por ir en contra los derechos políticos de los titulares; sino que al tener las directivas de las dos cámaras de la ALP el poder y la libertad de decidir en cuál de las cuatro semanas del mes hacerlo, esa práctica termina convirtiéndose en un instrumento de la estrategia política del Gobierno porque permite, por ejemplo, boicotear el tratamiento de algunos asuntos al, de pronto, habilitar a los suplentes. Siendo así, resulta más sana la “cogestión” por medio periodo, dos años o un año, aunque igual esto resulta inconstitucional.

Por todo eso, resulta imprescindible eliminar inmediatamente la asignación de recursos públicos para el pago de salarios a suplentes de legisladores mediante ítems propios, principalmente porque implica daño económico para el Estado. Lo propio se debe hacer con la práctica de habilitar suplentes mensualmente por una semana, dado que va en contra los derechos políticos de los titulares y es inconstitucional, además de ser utilizado para perjudicar las funciones de la ALP y porque favorece a la corrupción en las organizaciones políticas. 

Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.