El triste papel de la Policía

El 16 de abril de 2009 fuerzas de élite de la Policía boliviana irrumpieron violentamente en dependencias del hotel Las Américas de Santa Cruz y asesinaron a dos ciudadanos extranjeros que resultaron víctimas del montaje del caso Terrorismo, inventado para dispersar a la oposición cruceña al gobierno del MAS. Las víctimas no sólo fueron ellos, sino varios otros que sufrieron tortura, persecución, cárcel y exilio. 

El 25 de septiembre de 2011, la misma institución desató una violenta y cruel represión a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, utilizando métodos que recuerdan la invasión de la OTAN a Irak o la de Rusia a Ucrania, incluida la separación de niños de sus padres y madres. Un año después, los mismos indígenas que se encontraban en La Paz en pleno invierno, fueron mojados con agua helada en puertas de la vicepresidencia. Crueldad sin límites.

A lo largo de los dos gobiernos del MAS, la Policía escoltó y protegió a los “movimientos sociales” paragubernamentales y a los grupos de choque azules, que se manifestaron agresivos en contra de la oposición. En octubre y noviembre de 2019 protegió a vándalos que agredían a la ciudadanía movilizada pacíficamente en contra del escamoteo de la voluntad popular en las elecciones generales, como por ejemplo en la esquina Loayza-Mercado-Juan de la Riva en la cual estaban apostados mineros que lanzaban dinamita a los movilizados.

En diciembre de 2021 tomó militarmente la ciudad de Potosí, para detener al líder cívico Marco Antonio Pumari (que estuvo varias horas desaparecido) y desatar una represión sin nombre contra otros dirigentes de COMCIPO (uno de ellos, Juan Carlos Manuel murió en la clandestinidad). Nunca, ni durante las dictaduras militares, una institución cívica fue agredida como en aquella ocasión.

En septiembre de 2022 detuvo violentamente a César Apaza y Freddy Machicado, dirigentes de la ADEPCOCA legítima, quienes permanecen encarcelados porque pidieron el cumplimiento de la Ley de la Coca y se opusieron a la apertura de un mercado ilegal en La Paz.

A finales de 2022, durante el paro cívico cruceño por el censo, reprimió brutalmente a la población, destruyendo motos y bicicletas a diestra y siniestra para mostrar quién manda y quién tiene el poder.

En diciembre del mismo año, secuestró y detuvo violentamente a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, repitiendo la “hazaña” de marzo de 2020, en la cual fue detenida la ex Presidenta constitucional interina Jeanine Añez.

El 10 de enero de 2023 escoltó y protegió a los grupos paramilitares del MAS que reprimieron a una marcha pacífica de la ciudadanía en la zona Sur de La Paz; grupos que, dicho sea de paso, exhibieron preparación militar y actuaron con brutalidad en contra de personas completamente desarmadas.

A partir del 2 de junio de 2023, protegió a los asaltantes de la Casa de los Derechos Humanos, hostigó a la anciana Amparo Carvajal y aupó a sus agresores que utilizaron todos los medios a su alcance para doblegarla en su intento de retomar el inmueble: desde música a todo volumen, pasando por estribillos y amenazas en su contra hasta defecar en el baño portátil que personas generosas proveyeron a la defensora de los Derechos Humanos. Más aún, impidieron que los médicos y personas que se acercaban a Carvajal durante su vigilia en la terraza del inmueble, accedieran por donde correspondía: les obligaron a subir por una escalera. Eran, en promedio, 60 uniformados que podían ocuparse de otras tareas, pero recibieron la orden de proteger asaltantes y hostigar a la legítima presidenta de la APDHB.

Los que no ejecutan estas funciones, se ocupan de maltratar a personas privadas de libertad o se llenan los bolsillos los viernes en la noche haciendo pruebas de alcoholemia a cuanto conductor pasa por ciertas calles.

¿En qué quedó la norma constitucional de que la Policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano? ¿Qué fue de la “institución fundamental del Estado”, según la describe el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional? ¿Qué suerte corrió el lema “Contra el mal, por el bien de todos”? ¿La defecación llegó también allí?

Hay mucho más por decir sobre el tema, pero inicialmente se puede aventurar una hipótesis y es que, contra las leyes de la física, la combinación entre verde olivo y azul ha dado por resultado un color café asqueroso y nauseabundo.

¡Qué triste papel el de la Policía!

Carlos Derpic es abogado.