El sinsentido de las estadísticas de desempleo

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo urbano de Bolivia está cifrada en 3,9% al cuarto trimestre del 2023. Esto significa que casi toda la población económicamente activa tiene empleo. Pero hay un problema. La definición que se utiliza en las encuestas oficiales que es por demás intrincada y alejada de lo que la gran mayoría de la gente entiende por empleo y desempleo. El ciudadano de a pie tiene un concepto claro y conciso. Si una persona en edad de trabajar no tiene trabajo, es un desempleado.

Ahora, ¿deberíamos sentirnos tranquilos sabiendo que la tasa de desempleo solo llega al 3,9%? ¿Deberíamos relajarnos porque disminuyó con respecto al año anterior? ¿O deberíamos sentir orgullo porque Bolivia tiene una tasa de desempleo menor que Alemania? La respuesta sincera es que no lo sabemos, por la simple razón de que el INE no mide el desempleo real.

Y a pesar de ello, el Gobierno nacional utilizó en reiteradas ocasiones las estadísticas de desempleo para asegurar que “estamos en el camino correcto”. En enero de este año, el presidente Luis Arce discursó en defensa de sus medidas económicas y preguntándose en tono desafiante, “¿de qué crisis podemos hablar si somos (el Gobierno) con la menor tasa de desempleo? ¿O tener desempleo es crisis?”.

No sabemos si el mandatario y sus colaboradores son conscientes o no de que el trabajo del instituto de estadísticas no refleja la realidad. Y cuando esto es así, las estadísticas oficiales simplemente no sirven para conocer si más o menos personas están trabajando en la informalidad o cuánta gente, categorizada como población ocupada, no genera ingresos mínimos o trabaja a pérdida en negocios que apenas se sostienen para pagar los alquileres de los locales. Muchos bolivianos son cuentapropistas, pero ello no significa necesariamente que el autoempleo sea rentable. Si el INE solo se dedica a inflar la población ocupada, sus reportes no tienen utilidad como brújula de orientación para evaluar, por ejemplo, si la subvención al diésel beneficia a los pequeños negocios o es una medida contraproducente para el empleo.

Los datos de desempleo pintan una realidad casi inmejorable porque las encuestas están diseñadas de una manera tal que deben cumplirse demasiados requisitos para que un encuestado sea etiquetado como persona desocupada. Si un plomero responde que trabajó una hora la semana pasada, tiene empleo. Si una afligida madre le confía al encuestador que sale a la calle una hora a la semana como vendedora ambulante, es registrada como persona con empleo. Si un profesional desocupado dice que da clases una hora a la semana, no califica como desempleado.

Los datos y reporte oficiales no sirven para evaluar algo que sospechamos muchos: una porción significativa de la población universitaria, en realidad, es fuerza laboral desempleada. Conforman aquella capa social que, al no encontrar trabajo, opta por estudiar algo para “no perder el tiempo”, porque sabemos bien que el título universitario no es ninguna garantía para tener más adelante un empleo formal. Una pista sobre este fenómeno se puede rastrear en las estadísticas comparativas con respecto a otros países, en las que, sorprendentemente, Bolivia aparece como uno de los países que tienen mayores tasas de población con educación universitaria. Pero en los hechos son desempleados encubiertos.

El mayor problema de que las cifras oficiales de desempleo no reflejen la realidad es que no son instrumentos de ayuda para diagnosticar y diseñar respuestas efectivas para enfrentar ese problema en Bolivia. El dato distorsionado de 3,9% de desempleo no despierta ni interés ni preocupación por hacer algo. Solamente sirvió para el uso político que han dado las autoridades. Se utilizó como una prueba concluyente de que la gente tiene trabajo, que somos uno de los países con menor tasa de desempleo o que la crisis económica es una falsa alarma que propagan los enemigos del gobierno de Arce.

Entonces, mientras los datos de desempleo no sean el espejo de la realidad, no podremos diseñar, implementar o evaluar medidas laborales realistas y efectivas. No tomar decisiones basadas en evidencias disminuye las oportunidades de empleo especialmente para los jóvenes. Los datos distorsionados no son de ayuda para encarar la crisis económica que se asoma en forma de escasez de dólares y precios altos en el mercado paralelo. Puede que las autoridades políticas estén a gusto con la labor del instituto, pero deben saber que están tomando decisiones económicas a ciegas.