09/12/2019
Tinku Verbal

El lenguaje del odio

Andrés Gómez V.
Andrés Gómez V.

El budismo enseña que hay cuatro actos verbales que constituyen un fallo deshonroso en la vida: 

1) Decir mentiras intencionalmente por el bien de uno mismo, por el bien de otros o para conseguir alguna ventaja material.

2) Decir palabras que producen disensión, que crean discordia entre los que están unidos y la avivan entre los desavenidos. 

3) Hablar de manera dura y abusiva, causando ira y confusión mental a otros.

4) Permitirse decir palabras desaconsejables, inmoderadas y dañinas.

Recordé estos límites éticos tras enterarme de la exclusión de Telesur por parte de Entel y la decisión de Alejandro Salazar (Al-Azar) de no publicar más sus caricaturas en La Razón.

Respecto a Telesur, aclaro que sabía de su existencia, pero no lo miraba. No tengo elementos para concluir si ese medio mentía, producía disensión o causaba confusión mental. Tras la decisión de Entel, algunas personas denunciaron censura.

Deduzco que Entel procedió políticamente al excluir a Telesur como cuando decidió incluirlo en su grilla en la gestión del Movimiento Al Socialismo. Es como si un canillita hubiese decidido ya no vender un periódico porque no le reporta ganancias. Obviamente, un canillita es un ente privado; Entel es estatal. Por tanto, la consideración debe ser distinta.

“Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones (…) violan el derecho a la libertad de expresión”, advierte el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, prohíbe la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación. 

Si el gobierno de transición influyó en la decisión de Entel, debe preocuparnos porque como sociedad civil no debemos permitir la reproducción de prácticas de la gestión Evo Morales que violaba las normas que garantizan el derecho a la información.

El Artículo 13.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece límites a la libertad de expresión para proteger la seguridad nacional y el orden público. No estipula censura previa, sino responsabilidad ulterior. 

El artículo 107 de la Constitución también fija límites. Por ello, obliga a los comunicadores a promocionar valores éticos y cívicos, y a respetar los principios de veracidad y responsabilidad, escritos en los códigos de ética de los periodistas y su ley.

La Ley de Imprenta indica que un medio o periodista delinque contra la Constitución cuando induce a incumplirla (Art.10) y contra la sociedad cuando tiende a trastornar la tranquilidad y el orden público, o incita a conmociones o desobediencias a las leyes (Art. 11).

Durante la crisis política que vivió Bolivia entre el 20 octubre y 21 de noviembre pasados, la mayoría de la sociedad se rebeló contra los gobernantes que violaron la Constitución. Según algunas personas que ven Telesur, este medio produjo mentiras y noticias para inducir al incumplimiento de la Constitución. Si fue así, el responsable de ese medio tendría que ser procesado en un Tribunal de Imprenta.

Es más, el Ministerio Público tendría que aplicar la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, aprobada por el anterior gobierno, que en su artículo 16 establece: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”.

Esa ley tipifica el racismo y la discriminación como la conducta que impide a una persona el ejercicio de sus derechos ya sea por su color de piel o pensamiento político. 

En el caso de Al Azar, comprendí que decidió retirarse porque no toleró las críticas de sus propios colegas. Le sugiero que vuelva convencido de que la opinión genera respuestas o reacciones, racionales y emocionales, en la misma dimensión de la idea propuesta. 

La “ley” de la Libertad de expresión es el disenso, mas este no debe reproducir el lenguaje del odio, sino circunscribirse en la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (Unesco) que obliga a los comunicadores a contribuir a la paz y recurrir a la diversidad de fuentes para eliminar los prejuicios y la ignorancia, causantes de la violencia de unos contra otros. 

“Las palabras pueden lastimar además de sanar”, diría Aung San suu Kyi, la heroína de la lucha por la libertad de Birmania, en referencia a los actos verbales advertidos por el budismo.

Andrés Gómez Vela es periodista.