El “Estado todólogo”

El modelo económico vigente desde 2006 se sustenta en la idea de que el “Estado tiene que ser todo”, entendido como “Estado planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero”.

Este inaudito postulado, por decir de alguna manera, es una creación de Luis Arce, cuando era ministro de Economía y el principal responsable de diseñar e implementar el llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” (MESCP). En un inicio, esta idea de un “Estado todólogo” atrajo la atención de propios y extraños, pero el tiempo se encargó de develar que el Estado no sabe hacer mucho más que un par de pinceladas.

Es más, los desaciertos son tantos que uno se pregunta si realmente algo se hizo bien. En su faceta de “Estado planificador”, para no hablar de todo lo idealizado, se puede identificar una de las peores decisiones tomadas que, al día de hoy, explican la crisis económica en ciernes.

Luis Arce apostó por un “Estado importador y subvencionador de combustibles”. Todas sus decisiones, tanto como ministro de Estado como primer mandatario, giraron en torno a la política económica de sostener el congelamiento de los precios de los carburantes y la estatización de la importación. El gobierno se impuso a sí mismo el papel de ser el único importador de gasolina y diésel, además de tener que financiar los costos emergentes de los precios congelados que rigen desde hace 18 años.

En 2016, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) cumplía una década en el poder, la subvención estaba cifrada en 228 millones de dólares y, desde entonces, el ascenso fue imparable. Para el último año de Evo Morales en el poder, 2019, la subvención había llegado a 634 millones. El primer año de Luis Arce como presidente, 2020, alcanzó 693 millones de dólares y, el año pasado, 2023, pulverizó todos los registros anteriores al escalar hasta 1.786 millones de dólares. Entre 2016 y 2023, la subvención creció un 683%. Dicho de otro modo, el gasto público para importar caro y vender barato se multiplicó por ocho en tan sólo siete años. La pregunta que más importa es: ¿acaso este cambio abrupto estaba fríamente calculado o al menos visualizado como un escenario probable por parte del “Estado planificador”? Y si lo estaba, ¿qué medidas económicas habría planeado para al menos contrarrestar los impactos negativos?

Los hechos facilitan la respuesta. Simplemente, el Estado visionario y previsor no existió. No hay otra explicación para que el gobierno no haya tomado decisiones mínimamente aceptables para frenar oportunamente la ahora insostenible dependencia de combustibles importados y precios subvencionados. Al contrario, las autoridades se reafirmaron una y otra vez en su postura políticamente interesada de mantener los precios congelados, a pesar del declive irreversible de la renta del gas natural.

Pero más allá de la insostenibilidad financiera de la subvención, existe un problema aún peor. El Gobierno, atrapado en su rol de importador único de combustibles, al menos necesita 3.000 millones de dólares por año y, como cualquier importador privado, necesita esta cantidad de dinero en dólares. No le sirven los ingresos públicos que recauda en moneda nacional, ya sea por impuestos o por la venta de combustibles.

La principal fuente de captación de dólares que tiene el Estado es la renta del gas, que genera alrededor de 2.000 millones de dólares, pero faltan unos 1.000 millones para completar los 3.000 millones que precisa para importar combustibles. En los últimos años estuvo financiando la diferencia principalmente con las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), pero esta fuente prácticamente quedó agotada. Para empeorar las cosas, le urge al Gobierno conseguir otros 1.000 millones de dólares, cada año, para el servicio de la deuda externa. Por lo tanto, está obligado a conseguir unos 2.000 millones de dólares y todo en un momento de insolvencia. Francamente, es una situación desesperante.

Sin la urgencia gubernamental por divisas y financiamiento, en realidad no habría escasez de dólares en la economía nacional. Al final de cuentas, el sector privado tiene un saldo comercial positivo porque exporta más de lo que importa, mientras que ocurre exactamente lo opuesto con el sector público. El sector privado también cuenta con mecanismos flexibles de ajuste; por ejemplo, puede importar menos y subir los precios, mientras que el gobierno nacional no tiene ni una puerta de escape. Sencillamente, no puede darse el lujo de importar menos gasolina y diésel y cualquier intento de descongelar los precios sería jugar con fuego. Ya es tarde. El “Estado planificador” está atado de manos porque no supo planear la economía, ni tomar decisiones oportunamente.

Por último, habría que decir que si bien importa el debate evaluativo y conceptual sobre el “Estado todólogo”, los desaciertos son demasiado torpes y conllevan consecuencias de gran alcance. Corresponde barajar si los bolivianos deberíamos exigir responsabilidades civiles por daño económico al Estado. Cualquier gerente o administrador de una empresa que tome decisiones financieras riesgosas sin la debida diligencia o en beneficio propio no solo sería despedido por los accionistas, sino enjuiciado por delitos económicos.