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05/10/2022
Interfaz

Democracia y libertad de prensa

Edwin Cacho Herrera
Edwin Cacho Herrera

La resistencia a las dictaduras militares y la lucha por la democracia, a propósito de la llegada de octubre y con este mes los 40 años de vida democrática en Bolivia, ha tenido un alto costo para el periodismo nacional con detenidos, exiliados, torturados e incluso asesinados por ejercer la libertad de prensa para que la sociedad no pierda el derecho a la libre expresión.

Medios de comunicación intervenidos, ametrallados en algunos casos, con censores en las salas de prensa, esos que hacían de filtros para que no pase información contraria a los regímenes dictatoriales, eran imágenes comunes en tiempos de dictaduras militares. Tal vez lo más grave fue la tortura y el asesinato del sacerdote jesuita, fundador de la Cinemateca Boliviana y director del semanario Aquí, Luis Espinal Camps.

Fue el golpe más duro que recibió el periodismo en marzo de 1980, a poco de instalarse en el país la última dictadura comandada por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, que cometió atrocidades como la masacre de ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario o convertir al país en un narcoestado con la explosión de la actividad narco en el oriente boliviano y el trópico cochabambino.

Con la recuperación de la democracia, el 10 de octubre de 1982, cuando la consigna fue ¡Todos a San Francisco! para volcar colectivamente una de las páginas negras de nuestra historia, muchos pensaron que el ejercicio periodístico tendría garantías plenas para desarrollarse y ser el termómetro de la calidad de la democracia en el país, como ya estaba ocurriendo en otras naciones.

No fue fácil porque en los 20 años del modelo neoliberal surgieron otro tipo de presiones hacia los medios de comunicación y periodistas, sobre todo desde lo económico (con la asignación de publicidad estatal), para intentar ablandar a quienes se habían forjado en el periodismo conectado con los derechos humanos, la defensa de la verdad y la pluralidad en los contenidos.

Pero fue en el régimen de Evo Morales que periodistas y medios de comunicación soportaron un inclemente ataque desde el poder. Aún recuerdo un acto nocturno en el hall del viejo Palacio de Gobierno en el que Morales puso al frente de la concurrencia al periodista de un diario paceño para humillar, protestar por el titular de apertura y atemorizar a la prensa boliviana.

O esa frase de que el peor enemigo de su gobierno estaba constituido por los medios de comunicación y los periodistas que, paradójicamente, habían elevado el perfil mediático de Morales cuando éste era dirigente cocalero, diputado minoritario y piedra en el zapato de los jerarcas del neoliberalismo. O aquella otra frase vociferada por Juan Ramón Quintana de que ciertos medios habían conformado un cartel de la mentira.

Pensamos que el abuso desde el poder tenía un límite, pero la conducta antidemocrática del régimen evista se trasladó al actual gobierno como una regla a ser cumplida sin derecho a la objeción. Y entonces, en el mes de la democracia, en octubre del año pasado, se produjo la agresión más grave a la libertad de prensa en estos 40 años de vida democrática.

Seis periodistas que cumplían su labor de recoger información para transmitirla a la gente fueron secuestrados y torturados por un grupo irregular armado en la propiedad agrícola Las Londras, en la provincia cruceña de Guarayos. Lo inimaginable había ocurrido aquel 28 de octubre de 2021 y casi un año después, las víctimas continúan sufriendo la impunidad de sus captores y agresores.

Silvia Gómez, Sergio Martínez, Mauricio Egüez. Alejandro García, Percy Suárez y Jorge Alberto Gutiérrez fueron plagiados y torturados, junto con policías y trabajadores y empresarios de Las Londras, hasta que firmen un acta en la que reconocían a los avasalladores, encabezados por Paulino Camacho y Sixto Canaza, como propietarios y prometían que no volverían nunca más al lugar.

Al cumplir 40 años de democracia, otros periodistas, esta vez de La Paz, enfrentan al poder político y sus intolerancias. Andrés Rojas, Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez y Adriana Gutiérrez han sido imputados en procesos penales que jamás debieron existir, por actos administrativos cuando desempeñaron labores en la estatal Bolivia Tv, en 2020, durante el gobierno de transición.

Son hechos de extrema gravedad que se están dando bajo la lógica perversa del masismo resumida en la siguiente frase: Para los amigos todo, para los enemigos la ley. Las torturas, los secuestros, los procesos penales deben ser enfrentados con unidad y lucidez de parte de los periodistas y las organizaciones que los representan por una cuestión de principios. En democracia defender la libertad de prensa es proteger el derecho a la libre expresión de la sociedad.

Edwin Cacho Herrera es periodista



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