Cumbre o prueba de fuego

Las cumbres políticas al más alto nivel, en la era democrática de Bolivia, comenzaron en el gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), en un esfuerzo del sistema político por encarar coyunturas críticas para el país. En cerca de 20 años del MAS en el poder no hubo encuentros de líderes partidarios para encaminar acciones coordinadas por la hegemonía que ostentó el régimen de Evo Morales y la división del oficialismo en la administración de Luis Arce.

Morales convocó a expresidentes de Bolivia a reuniones en Palacio de Gobierno antes y durante la demanda contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia, por la reivindicación marítima. Es más, los exmandatarios Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé se sumaron al principal equipo de trabajo —integrado por autoridades gubernamentales y expertos extranjeros— para pulir la estrategia jurídica internacional y explicar al mundo los argumentos bolivianos para que la CIJ obligue a Chile a sentarse con Bolivia para negociar una salida soberana al océano Pacífico.

Este año, de manera inédita, ante la crisis política e institucional que amenaza la democracia del país, el Órgano Electoral convocó a una Cumbre a la que llamó “Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la democracia” para el miércoles 3 de julio en La Paz, a fin de aprobar y firmar un documento que exprese los consensos al más alto nivel entre partidos políticos y órganos del Estado sobre al menos cuatro tems: realización o no de las primarias, situación del padrón electoral, aplicación de los datos del Censo 2024 y resultados preliminares de las elecciones del próximo año.

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral y líderes políticos como Carlos Mesa —entrevistado por Amalia Pando, Maggy Talavera y este servidor en el programa Candidatos— coincidieron en señalar que hubo reuniones previas para hilvanar los acuerdos que deben ser refrendados en un documento que testimonie la voluntad de las organizaciones partidarias y de tres de los cuatro órganos del Estado para dar certidumbre  a la población y ordenar el ciclo político-electoral que se viene, incluida la elección popular de nuevos magistrados de justicia.

La Cumbre fue convocada el martes 18 de junio, pero el domingo 22 fue postergada por una semana, para el 10 de julio, por aparentes razones administrativas y logísticas del TSE como organizador del evento. La posibilidad de ver cómo los líderes oficialistas y opositores se ponen de acuerdo en el calendario electoral de aquí al 2026, y cómo representantes del Ejecutivo, Legislativo y Electoral se comprometen a ejecutar los acuerdos generó expectativa en la opinión pública, pero también problemas en el poder.

¿Quién representa al MAS? Por supuesto que Evo Morales, reconocido como presidente de ese partido por el propio Tribunal Supremo Electoral, mientras no se elija una nueva directiva nacional en un congreso legal y legítimo. Ese detalle, no menor en el contexto de absoluta polarización entre arcistas y evistas, provocó urticaria en el Órgano Ejecutivo porque se entiende que es darle palestra al caudillo partidario y la oportunidad de que influya en los acuerdos, sobre todo aquellos que pueden apuntar a deshacerse de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Durante el trabajo previo —consultas institucionales, llamadas telefónicas, reuniones bilaterales con partidos, etc.— no hubo mayores objeciones. Hasta se tomaron previsiones para que Morales, en su condición del Jefe del MAS, el presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca no tengan que aparecer frente a frente en el evento. Por ello, se anunció que los invitados, en el caso de los órganos del Estado, serían un representante del Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

El Gobierno se dio cuenta de que podría acabar aún más arrinconado. Las invitaciones formales no habían salido del Tribunal Supremo Electoral y eso daba un margen al poder para intentar un nuevo escenario. El cambio de planes obligó al TSE a comunicar, a través de una nota de prensa realizada con la Secretaría de Cámara, que la Cumbre por la democracia se traslada del 3 al 10 de julio y que los motivos son temas administrativos y logísticos, poco creíbles, por cierto, ya que la fase previa había concluido sin grandes sobresaltos y hacía pensar en que la Cumbre sería un hecho.

La idea era observar a líderes políticos como Evo Morales (MAS) Carlos Mesa (CC-FRI), Efraín Suárez (Creemos) —en representación del encarcelado Luis Fernando Camacho—, Samuel Doria Medina (UN), Rubén Costas (Demócratas), Johnny Fernández (UCS), Félix Patzi (MTS), Johnny Torrez (MNR) y los principales dirigentes de PAN-Bol, ADN, PDC y FPV discutiendo y firmando compromisos con la democracia, pero esa imagen de pluralidad en la que no estarían los mandatarios parece haber incomodado a un gobierno invadido por los complejos y las inseguridades.

¿Será que la Cumbre por la democracia derive en un encuentro de delegados de los partidos ante el TSE? ¿Aceptarán Óscar Hassenteufel y otros vocales nacionales aparecer sometidos al Ejecutivo? ¿Qué peso real tendrán los acuerdos si no llevan la firma de los principales liderazgos políticos? ¿Disminuirá o aumentará la incertidumbre sobre el ciclo político-electoral que ya está tocando la puerta del país? La democracia boliviana no merece una farsa.

Como muchos bolivianos, espero que el Órgano Electoral ratifique su posición de llevar adelante la Cumbre al más alto nivel en lo que a los partidos se refiere; se trata de consolidar el sistema democrático con un calendario electoral —judiciales, primarias, generales y regionales— bien definido y con el compromiso de unos y otros de cumplir plazos, requisitos y actividades sin sabotajes de por medio. Es una prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral en medio de denuncias sobre un pretendido acortamiento de mandato, conspiraciones nacionales y extranjeras, y uso de fuerzas militares para detener (o eliminar) a caudillos políticos.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista.