Crisis de Estado

Bolivia enfrenta un crisis de Estado, lo que significa que las instituciones estatales en su conjunto confrontan serios conflictos para el cumplimiento de sus funciones básicas, las establecidas en la Constitución y las que la ciudadanía demanda como servicios públicos, así como también estas mismas entidades adolecen de un descrédito generalizado, lo que las hace perder la calidad de referentes de la sociedad, de garantes de la ley y el orden, de protectores de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Esta situación es el resultado de una larga tradición nacional de copamiento partidario del aparato público, con lo cual toda construcción institucional se vuelve inviable, pues el Estado termina siendo cuarteado entre los distintos grupos que constituyen la base del poder del gobierno de turno. Si bien en los años 90 y en la primera década de este siglo se procuró iniciar un proceso de institucionalización del Estado, prácticamente ya no queda nada de ello puesto que se denostó a estos avances como “neoliberales” y “republicanos”, destruyendo los pocos logros que se habían conseguido.

Como resultado hemos llegado a una situación en la cual el Estado atenta contra sí mismo mediante un bloqueo institucional practicado por la feroz lucha por el poder que practican diversos sectores oficialistas, todos quienes comparten su desprecio por los límites al poder que caracterizan a las instituciones republicanas que constituyen una democracia liberal, la que ha demostrado ser a lo largo de la historia el sistema que conduce a mayores niveles de libertad y prosperidad para las sociedades de las naciones que la han adoptado.

El Legislativo se ha convertido en un claro ejemplo de que siempre se puede estar peor, que siempre se puede caer más bajo, con el respeto que merecen algunas excepciones individuales de parlamentarios que procuran ejercer su mando con responsabilidad y compromiso democrático. El proceso de selección de candidatos para la justicia es quizás el peor ejemplo de la incapacidad, o la falta de voluntad política, ambas seguramente, para construir acuerdos mínimos entre personas y grupos que piensan diferentes para devolverle al país un sistema de justicia cuyos altos tribunales se encuentren plenamente legitimados y puedan cumplir sus funciones con probidad e idoneidad. Al final de cuentas esa es la principal función del Legislativo, resolver los conflictos de la sociedad mediante el debate pacífico y en el marco de la ley.

Con relación a la Justicia, si bien, nunca tuvo Bolivia un sistema de justicia realmente independiente y caer en un proceso judicial generalmente significó para los ciudadanos sinónimo de abuso y de extorsión, es verdad que tuvimos épocas mejores, en las cuales había ciertos niveles de idoneidad en la administración de la justicia que experimentó un incipiente proceso de institucionalización. Actualmente, se ha convertido en una de las instituciones sobre las cuales la ciudadanía expresa mayor rechazo ciudadano y las razones para ello se multiplican cada día con las noticias que difunden los medios de comunicación.

El Ejecutivo se ha reducido al presidente y a dos o tres ministros, con lo cual su capacidad de ejercer efectivamente la gestión pública en un momento histórico de crisis 360º se ha reducido a la búsqueda de llegar a las próximas elecciones evitando conflictos y crisis mayores. La “guerra civil”, en términos figurativos, desatada al interior del oficialismo ha paralizado las bases de la gobernabilidad legislativa en momento en los que una crisis económica con un potencial muy grande de impacto se profundiza constantemente.

Otras instituciones como la Policía Nacional tienen una imagen aún más degradada, afectadas profundamente por la corrupción y la penetración del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han perdido la respetabilidad ciudadana debido a las nefastas consecuencias con las cuales la politización y la partidización que caracterizan el sistema de ascensos han socavado las bases fundamentales de su institucionalidad.

Podríamos continuar, con el “lamento boliviano” pero el objetivo no es trazar un sinfín de críticas y quejas sino el generar conciencia sobre la necesidad y fundamental trascendencia de reconstruir una institucionalidad estatal sujeta al Estado de Derecho que establezca las bases de la prosperidad ciudadana generando las condiciones que garantizan las libertades ciudadanas, el respeto a la ley y al orden.