Crímenes en los Yungas

El sábado 15 de junio, mientras se desarrollaba la fiesta de Gran Poder en La Paz, en la zona de Villa Fátima se desarrollaron dos concentraciones. Una fue multitudinaria alrededor de las oficinas de Adepcoca, de un sector opositor al gobierno.

Hace dos años, el MAS hizo todo lo posible por recuperar el control de los cocaleros de los Yungas. El oficialismo intentó tomar las instalaciones de Villa Fátima, de cambiar la dirigencia, creó una organización paralela, uso Cofecay para derrocar a Adepcoca. No lo logró.

Ahora volvió a intentarlo. Una pulseta se realizó el pasado 15 de junio. El gobierno pagó viáticos a campesinos para que llevaran adelante una asamblea en la plaza Villarroel. Se juntó poca gente.

Mientras la asamblea del Gobierno se desarrollaba, las organizaciones de Yungas llegaron a su sede, una infinidad de gente arribó para respaldar a la Adepcoca independiente. Esta organización esté asediada política, institucionalmente y económicamente. El gobierno instaló un mercado paralelo de coca porque no pudo tomar el de la entidad. Los policías son los encargados de emitir las autorizaciones en este mercado paralelo y los comerciantes que no pasen por el mismo no pueden vender su producción. Eso afecta a la Adepcoca independiente.

Una semana después, el sábado 22 de junio, ocurrió un crimen en Trinidad Pampa, que es una comunidad que se manifestó en reiteradas oportunidades en contra del Gobierno. Hace meses no dejaron ingresar al ministro César Cocarico, quien ofreció prebendas para lograr apoyo. El 22 de junio falleció allí el joven Miguel Coico, quien estuvo en la marcha de sábado 15 apoyando a Adepcoca en Villa Fátima. Su victimador, René Rafael Yuta, estuvo en la concentración del gobierno en la plaza Villarroel.

Coico salió, junto a sus dos hermanos, de la faena agrícola cuando fueron interceptados por seis miembros de la familia Yuta. Los interceptaron con machete y cuchillo. No se sabe si estaban ebrios, pero sí llenos de odio y venganza.

Coico y sus familiares son campesinos de base, no son activistas, no están en la cúpula para ser el blanco del crimen. La pregunta es por qué los mataron. Es evidente que el Gobierno logró dividir a los yungueños y como se han presentado muertos, detenidos y tortura, el odio y resentimiento están presentes. El Gobierno tiene la habilidad para que la gente se enfrente entre sí.

El padre, Gualberto Coico, después de hablar con sus dos hijos sobrevivientes, declaró al periódico El Deber que fue su familia la que denunció la existencia de una poza de maceración, creada por la familia Yuta. Es decir que la familia que apoya al gobierno es de narcos. Los seis responsables escaparon hasta Riberalta, donde tienen una propiedad. Por la gravedad del crimen el gobierno los detuvo y están presos. Lo que oculta el oficialismo es la razón del crimen. Luego, la comunidad indignada quemó la casa de la familia Yuta.

El 12 de junio ocurrió otro crimen, cuando fue asesinado Eduardo Apaza, quien era secretario de hacienda de Cofecay y que era manejada por el MAS. El gobierno, ni bien se supo de su muerte, acusó a Adepcoca de la muerte e intentó vincular a sus dirigentes.

Mataron a esta persona con un disparo cerca del corazón y se acusó a Antonio Surco, quien fue detenido dos días después. Lo aprehendieron un grupo de civiles, no la Policía. Ellos fueron los que determinaron que fue el autor y lo golpearon durante varias horas. Después lo entregaron a la Policía. En su declaración, Surco declara lo golpearon brutalmente, lo amarraron de pies y manos, lo llevaron a una cancha, le cubrieron la cabeza y casi a media noche llegaron los policías y lo trajeron a La Paz.

Luego fue difundido un video en el que Surco está en un vehículo y se logra ver la gravedad de los golpes que recibió. Pero ni la Policía ni la Fiscalía pidieron un informe forense. Esa declaración llegó a la agencia ANF, que encontró seis contradicciones. El informe de la Policía es distinto a la declaración de Surco.

No queda claro en qué circunstancia fue detenido agarraron; en la declaración confiesa el crimen. Pero en medio de una tortura cualquiera puede confesar un delito. La intención de esta declaración fue involucrar a Adepcoca.

Surco asegura que cometió el crimen junto a Roberto Chira Poma y Javier Huanca. A esta última persona la conoció unas horas antes en Caranavi, parece que el móvil del crimen era robar el vehículo al dirigente Apaza, quien terminó muerto.

Luego se presentaron dos versiones de cómo ocurrió el crimen. La primera dice que los comunarios que detuvieron a Surco afirman que éste disparó contra el dirigente Apaza cuando estaba en su vehículo junto a una mujer. La versión de Surco asegura que, pasada la medianoche, Chira le informa que hizo parar el vehículo para robárselo y levarlo a Caranavi. Le apuntó con el arma y Chira le dijo que lo matara y después le dispara al cuerpo.

Esta versión es rarísima porque desde afuera del vehículo es difícil darle al corazón a alguien, salvo que el asesino meta la mano dentro coche y dispare de arriba hacia abajo. Además, es muy raro que la testigo del crimen, la sobrina, no haya sido citada a declarar; luego el cuerpo aparece junto al río; tampoco se sabe cómo la sobrina fue a pedir auxilio.

Todos los datos obtenidos son los de un hombre que sale de una tortura, que nunca tuvo un abogado consigo, que fue detenido sin orden judicial; es claro que la Fiscalía sólo sigue las instrucciones del Gobierno para involucrar a dos dirigentes de Adepcoca. Lo que hace el Gobierno es usar el odio político. Lamentablemente el derramamiento de sangre no ha concluido.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet