22/08/2020
Otra vuelta

Contra el derecho a violar derechos humanos

Marco Gandarillas
Marco Gandarillas

El día jueves 20/08 se publicó lo que considero es el único informe indudablemente independiente sobre las violaciones de derechos humanos en la crisis poselectoral 2019 de Bolivia. Es un informe de Amnistía Internacional titulado “Para sanar la pandemia de la impunidad…”.

El principal aporte de este informe (por encima del que en su momento hiciera la CIDH después de su visita in loco) es que sostiene que los hechos poselectorales son el resultado de un progresivo deterioro de los derechos humanos que devinieron en una crisis generalizada. Crisis que se agudizó con la pandemia y las constantes escaramuzas de la crisis política. Su mérito es también considerar otros derechos, como los de pueblos indígenas, más allá de la conflictividad del eje central urbano.

El informe indica: “Es de destacar que la situación a la que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en Bolivia se ha deteriorado. En los últimos años del gobierno de Evo Morales altas autoridades del gobierno, entre ellas el expresidente mismo, hicieron declaraciones que ponían en entredicho la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y suscitaron dudas respecto de la obligación de las autoridades bolivianas de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”. 

Por consiguiente, entre los trasfondos de la crisis boliviana, se debe explorar en primerísimo lugar las responsabilidades políticas acumuladas por el anterior y actual gobierno. Esa es la razón por la que Amnistía demanda a las fuerzas políticas en carrera electoral un firme compromiso contra la impunidad.

Este enfoque no ha sido compartido por otros informes. Por ejemplo, el 26/07 la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard presentó el suyo bajo el título “Nos dispararon como animales”. Dicho informe solamente considera los hechos a partir de la posesión del gobierno de Jeanine Añez (12/11/2019). El resultado de esta omisión (injustificable desde el punto de vista metodológico de analizar la crisis de DDHH como un todo, en su origen y desenvolvimiento) es su incapacidad de dar cuenta de las principales partes y tipos de violaciones de DDHH que persisten en el actual gobierno transitorio.

Pongamos por caso las violaciones más graves: los asesinatos, en los que redunda el referido trabajo de los académicos de Harvard. El saldo de la crisis de 2019 fueron 35 personas asesinadas, 18 de ellas en Sacaba y Senkata presumiblemente por fuerzas militares. La pregunta es “¿quiénes eran y cómo fueron asesinadas las otras 17 personas?”. Tal omisión, además de invisibilizar a prácticamente la mitad de las víctimas fatales, ayuda a liberar de responsabilidad a los victimarios. ¿Quiénes son los responsables? ¿Son fuerzas oficiales, paramilitares, sociales? Mutis al respecto.

El problema de esa desatención es que, como se sabe por la historia de la impunidad, los victimarios (directos e indirectos, estatales y privados) son estimulados por la falta de condena a mantener sus prácticas. Lo que contribuye a que en la misma sociedad se mantengan abiertas heridas que alimentan otros incumplimientos de derechos.  

Los impunes se legitiman y, como se ha visto también en nuestra historia reciente, transforman los sentidos profundos de los derechos humanos por otros, muy recortados, que solo operan en su favor. Los proyectos de ley de impunidad tramitados en la Asamblea Legislativa por la bancada del MAS apuntan en ese sentido: proteger a sus partidarios responsables de violaciones de derechos humanos que derivaron en muertes en los pasados y recientes conflictos. En el último, se han denunciado al menos 40 muertos debido a los bloqueos.

En estos proyectos de ley se reclama por el respeto del derecho a violar derechos, lo que transmuta el significado normativo y ético moral de los DDHH. Nótese que la misma fuerza política que promovió normas para tipificar el delito penal de terrorismo de forma vaga e imprecisa (Ley 170 de 2011), con el objeto de perseguir a sus detractores, ahora reclama la “criminalización” de las protestas violentas de sus militantes que son aprehendidos, precisamente, bajo cargos de terrorismo. Una suerte de reedición de la paradoja marxista del mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros, esta vez contra los derechos humanos.

No es casual que esto provenga del MAS. Si exploramos el origen de la crisis electoral, encontraremos que Evo fue el principal responsable por esta inversión de sentido, sobreponiendo, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, “su derecho” a reelegirse por encima del derecho al voto de millones de personas.

Desde el punto de vista de la sociedad, el reto es evitar que estos esfuerzos prosperen. No se trata de promover más y mejores leyes, ni siquiera cambios constitucionales. A estas alturas deberíamos ser conscientes que la sobreproducción normativa es parte del problema. Nuestra constitución considera más de 70 derechos, pero muy pocos son realmente ejercidos ¿De qué otro modo se entiende, por ejemplo, que a pesar de las disposiciones constitucionales por el derecho al medio ambiente sano y dos leyes de la “madre tierra”, medio país sea incendiado cada año sin que nadie sea responsabilizado?

Una cultura de intolerancia a la impunidad precisa de una reafirmación y ampliación de los sentidos de la dignidad humana en la sociedad y las autoridades. Buen momento para comprometer a los contendientes electorales a ello.  

Marco Gandarillas es sociólogo.