19/04/2020
Sin Máscaras

Conflictos cocaleros y coronavirus

Gregorio Lanza
Gregorio Lanza

Los dirigentes de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba rechazaron el ingreso de la Policía a la región. Uno se pregunta, ¿revancha? ¿Provocación?, ¿instructiva de Evo Morales? O ¿defensa de la producción de droga? Talvez todo junto; sin embargo, si se analiza la historia y accionar de los productores del Chapare se puede inferir que se trata de defender la industria ilícita, que en estos periodos logra maximizar su producción e ingresos. 

Si observamos la producción agrícola en todo el país, ésta ha seguido un comportamiento sin grandes cambios. Tanto en el oriente, donde es la época de cosecha de soya, como en occidente, con varios productos. Y, en el Chapare, ¿cómo va la producción de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína? La respuesta es: mejor que nunca. Se cosecha la coca, existen a disposición los precursores como ser gasolina, detergentes, cemento y urea y entonces la industria va viento en popa.

En la época de Evo Morales, presidente de las seis federaciones de productores de coca (e ilícitos) del Trópico, y de Bolivia, había protección desde el Estado; ahora no hay protección, pero tampoco existe control debido a las medidas ocasionadas por la pandemia.

En el Chapare existen un narcoestado. No se trata de un juicio de valor o del discurso frenético prohibicionista que recitan algunas autoridades, se trata de remitirse a los hechos: es un territorio con base productiva ilícita –coca transformada en pasta base–, en el que las autoridades (alcaldes, concejales dirigentes y “policía sindical”) tienen el poder. Ellos son los que organizan la producción, norman las leyes y las hacen cumplir, todo en función de maximizar su producción y ganancia.

La mayoría pertenece y/o está forzado a cumplir las consignas que transmite Evo Morales desde Buenos Aires. Es un Estado dentro del Estado, que genera ingobernabilidad y solamente podrá ser desarticulado en un largo tiempo, por la vía política y no militar. Como, a su modo, lo ha expresado el ministro de Defensa, “no caeremos en su provocación, somos un gobierno de dialogo”. A Morales y su estado mayor les interesa que existan muertos, que no serán Andrónico ni Loza sino anónimos campesinos, como a los que enviaron a morir a Sacaba.

En consecuencia, se puede inferir que en medio de la pandemia se necesita un manejo cuidadoso del conflicto, en el que el diálogo y la fuerza pública sean parte del mismo. No se pueden dar pasos en falso. Si ingresa la Policía debe ser para quedarse y no para exponer a la tropa al acoso y escarnio públicos.

El gobierno, como respuesta a la expulsión de la Policía del Chapare, ha resuelto el cierre de las entidades financieras en la región, medida cuya eficacia es relativa, porque el dinero del narcotráfico seguirá circulando; más bien, el cierre de bancos puede afectar a la gente que no tiene una relación directa con el negocio ilícito. 

Además, en el plano externo, la acción del gobierno podría dar una imagen que se está utilizando una acción que va en contra de los derechos de los pobladores de esa región, lo que alimenta el discurso victimista de exceso de represión y racismo, parte de la narrativa fundamental del MAS y Evo Morales. 

Por otro lado, las acciones impulsadas por la dirigencia del MAS tienen el objetivo de aprovechar y atizar el conflicto, que se incuba peligrosamente en los cordones suburbanos de las capitales o en los distritos más pobres y de inmigración de El Alto, donde la cuarentena es resistida. También está presente en las ferias, que tienen masiva concurrencia, donde se instalan normalmente, lo que también refleja las necesidades de una población que vive del trabajo diario.

Para esas personas, el debate entre “menos libertad y más vida” es irrelevante, pues han convivido con la posibilidad de la muerte desde que nacieron: no tienen servicios médicos, el empleo al que aspiran es vulnerable y mal pagado y sus ingresos son muy variables.

Entender el contexto es fundamental para gestionar la crisis, que se agravará por el estado calamitoso en el que ha dejado la salud el gobierno de Evo Morales, hoy incitando al odio y el enfrentamiento desde su escondite de Buenos Aires.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas.