Con o sin militarización

Mientras el masismo se fractura en una guerra sin límites entre facciones internas, se retoma la persecución a exautoridades opositoras y las oposiciones políticas se resignan a jugar el papel de testigos, la actividad del narcotráfico se mantiene inalterable en el país, sacudida solamente por ajustes de cuentas a través de sicarios.

Se ha planteado militarizar el municipio de San Matías, mediante la dictación de un estado de excepción, a fin de frenar los asesinatos por encargo ordenados por narcos para quienes incumplen compromisos o quieren pasarse de listos, pretendiendo obtener ganancias al margen de las mafias a las que pertenecen.

La propuesta parece pertinente si observamos el cuadro de situación del país sobre casos de ajustes de cuentas sellados hasta el momento con impunidad. El diario Los Tiempos los sistematizó e informó que en lo que va del año se perpetraron 13 crímenes cometidos por sicarios con un saldo de 17 personas asesinadas a tiros.

Solo en San Matías, entre enero y septiembre, hubo siete ejecuciones, todas sin resolverse, según un reporte de la red Unitel. Fueron asesinados a sangre fría cuatro brasileños y tres bolivianos. Rosauro Maturana, el boliviano abatido en una carnicería de San Matías el domingo 11 de septiembre, recibió más de 30 disparos.

El Gobierno ha optado por enviar 170 policías y un par de fiscales para dar con los pistoleros y restablecer el orden en esa región. Realizaron operativos en casas y locales, requisaron vehículos y negocios, aprehendieron a sospechosos y dicen tener identificados a los presuntos autores de los últimos cuatro crímenes.

Después del despliegue mediático, autoridades nacionales, policías y fiscales retornarán a Santa Cruz de la Sierra y La Paz, y la población de San Matías retomará la cotidianidad, es decir volverá a ser terreno de disputa entre el PCC y el Comando Vermelho, cruzando los dedos para que no se produzcan nuevas acciones de venganza.

¿Es la militarización la solución en la lucha contra el narcotráfico? El Gobierno mantiene un esquema combinado con escasos resultados. Pese a ser una población asediada por organizaciones narco de Brasil, la presencia militar en San Matías es mínima y el control policial es ineficiente. No olvidemos las siete ejecuciones: una en enero, dos en agosto y cuatro en septiembre.

En el otro extremo del país, en la frontera con Perú, concretamente en el lago Titicaca, la fuerza antidrogas y la Armada Boliviana han establecido un control coordinado en el espejo de agua, pero el narcotráfico sigue haciendo de las suyas.

La droga peruana ingresa a Bolivia por el lago sagrado hacia Copacabana y otras localidades ribereñas. Los denominados “mulas” la trasladan a la ciudad de El Alto en mochilas y de ahí es llevada al sur y al oriente del país para que desde Paraguay y Brasil sea transportada a mercados europeos, africanos y asiáticos.

Todo esto de manera paralela a los narcovuelos que hacen más rápido pero también más riesgoso el traslado de cocaína procesada en Perú y Bolivia a Brasil y Paraguay, desde donde se despachan los paquetes blancos a centros de consumo en otros continentes.

La presencia militar en el lago Titicaca es mayor, incluso efectivos del Ejército destinados al Control Operativo Aduanero (COA), realizan operativos para combatir el contrabando en esa parte del país. Pese a ello, el tráfico de drogas ha encontrado la forma de eludir los controles combinados.

Un reportaje del periodista Iván Paredes del diario El Deber puso al descubierto un informe militar que detalla que los paquetes de cocaína viajan sumergidos en las aguas del Titicaca. Son impermeabilizados y bien atados por debajo de las embarcaciones y luego son descargados en muelles ilegales habilitados en varios puntos del lago sagrado.

Con o sin militarización, la actividad del narcotráfico permanece inalterable en el país, salvo los casos de ajustes de cuentas. Nada hace pensar en que el panorama cambiará porque que el futuro político y electoral del masismo depende de que no se produzcan descalabros económicos a corto plazo y se sabe que el narcotráfico es parte de la estabilidad económica del país.

Edwin Cacho Herrera es periodista