Ciudadanos en protesta

Hace algunos años las huelgas y los bloqueos hacían parte de una amplia estrategia, generalmente digitada por los partidos políticos, y en consecuencia se presentaban como protestas que representaban los intereses de amplios grupos sociales, adscritos además a alguna de las clases fundamentales de la sociedad moderna. En la medida en que expresaban intereses de clase, sus demandas por lo general pretendían alterar el curso político o instalar una demanda nacida de amplios conjuntos de ciudadanos cuyo común denominador era la militancia, o adscripción a una organización política o gremial. El efecto estatal esperado estaba así definido por la naturaleza de la protesta y su alcance social.

Hoy en día vemos como una ruta troncal puede ser paralizada con perjuicios económicos que por lo general se cuentan en millones de bolivianos o cientos de miles de dólares, exigiendo la ampliación de la ruta de un ómnibus o pidiendo a las autoridades competentes que se regularice la entrega de garrafas de gas licuado, o que se extienda el permiso necesario para que un surtidor de gasolina inicie actividades en el pueblo, es decir, a diferencia de apenas dos décadas atrás, la protesta social se ha transformado en una acción más próxima al ciudadano que las grandes estructuras políticas.

Las “gestas épicas” en que la ciudadanía salía a las calles con el objetivo de bloquear el curso de un proceso político, negar la legitimidad de un mandatario o exigir su renuncia como pasó con Evo Morales el 2019, son fenómenos que se experimentan como formas de participación que, por lo general, no tienen una filiación partidaria o propiamente política, la mayor parte de las veces se presentan como una forma de protesta basada en la decisión individual sin ninguna intermediación partidaria o gremial que los obligue, son expresión de la ciudadanía basada en las decisiones particulares.

Hace dos décadas, que un grupo de ciudadanos decida bloquear una ruta troncal o interrumpir una arteria urbana importante, con el solo objetivo de exigir que una movilidad publica extienda su recorrido un par de kilómetros más, o porque consideran que un surtidor de gasolina debiera estar legalizado, hubiera sido considerado anecdótico, y con seguridad no hubiera logrado ningún efecto real. Los ciudadanos en esos tiempos solo eran visibles como estructura mayor y, además, insertos en un “aparato” cuyos fines apuntaban al Poder, se trataba de luchas entre poderosos mediados por estructuras organizativas (partidos, por ejemplo) con capacidad de producir cierto ruido social lo suficientemente fuerte como para llamar la atención del Estado, hoy en cambio ya nadie pretende tomar La Bastilla, para ponerlo en un lenguaje figurativo.

En la mayoría de los casos se trata de las dimensiones ciudadanas que llevan a las calles necesidades cotidianas que en la mayoría de los casos solo tienen que ver con sus expectativas, sus necesidades insatisfechas y sus derechos individuales. El valor de la individualidad y sus derechos se ha posicionado de la historia del siglo XXI, y en consecuencia, la multiplicidad casi infinita de las demandas particulares solo puede sobrevivir en un escenario democrático, de esta manera, ciudadanía y democracia confluyen en la nueva sociedad civil y su proyección futura; la Democracia Ciudadana.