Caos jurídico

Los fallos y contrafallos de la justicia boliviana ocupan los titulares de los medios de comunicación y generan incertidumbre sobre la situación económica, social y política del país, constituyendo una de las amenazas más graves para la vigencia del orden democrático, ya de por sí sumamente debilitado. Restablecer la institucionalidad de la justicia boliviana es imprescindible para que la nación pueda tener esperanza de un futuro mejor sustentado en la vigencia del Estado de Derecho, sin el cual no hay desarrollo ni prosperidad que sea sostenible.

Lamentablemente, llevamos años en los cuales el devenir de los principales acontecimientos y conflictos, que han marcado la historia nacional reciente, han sido determinados por los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no solo desnaturalizan la Constitución Política del Estado, sino que generan una jurisprudencia contradictoria que destruye todas las bases del ordenamiento jurídico nacional, generando un escenario ya no solo de incertidumbre sino incluso de zozobra para el conjunto del país.

Si a las actuaciones del TCP se le agregan las múltiples intervenciones de resoluciones de alcance constitucional dispuestas por jueces en las distintas jurisdicciones departamentales, se configura una situación que se puede denominar indudablemente como caos jurídico, en la cual las contradicciones entre distintos actores y niveles del sistema judicial se contraponen, destruyendo la certeza jurídica que debiera constituir la base del sistema democrático, el Estado de Derecho y el normal desarrollo de las actividades económicas.

Es lo que sucedió, por ejemplo, con las elecciones judiciales, las cuales fueron saboteadas –creo que es el término más adecuado– desde distintos juzgados y tribunales, afectando el derecho de millones de ciudadanos a la elección de los magistrados que representasen a sus departamentos, en un cálculo político gubernamental orientado a preservar el control de ciertos altos tribunales, especialmente el TCP, a fin de convertirlo en la base de su gobernabilidad, ante la pérdida de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En los hechos, el TCP está reemplazando muchas de las funciones constitucionales que corresponden a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual constituye un nuevo atentado contra la democracia en Bolivia y una franca violación de la Constitución Política del Estado, la cual establece con claridad que las funciones de los órganos del Estado no son delegables entre sí; la llamada separación de poderes que constituye la base de todo sistema democrático.

No hay que ser clarividente para entender que, en un año electoral en el cual se percibe una opción mayoritaria en la opinión pública por un cambio político de fondo, estas manipulaciones de la justicia y sus resoluciones, especialmente en el ámbito constitucional, pueden afectar el normal desarrollo de las próximas elecciones nacionales y la consecuente transición pacífica del poder. Por ello, es de fundamental importancia que la ciudadanía esté atenta para exigir con firmeza que se rechacen todas aquellas demandas que obviando el principio de preclusión pretenden alterar el cronograma electoral y se respeten la normativa constitucional y legal vigente; además de los acuerdos a los que se comprometieron los principales actores institucionales y políticos en las reuniones convocadas por el TSE para garantizar el normal desarrollo de los próximos comicios.

Igualmente, es de vital importancia que quienes aspiran a gobernar el país tengan en cuenta que no solo serán necesarias reformas económicas, ni tampoco el cambio de leyes y otras normas, sino que para que todas las medidas que se deben tomar para superar la crisis actual tengan éxito y se consoliden en su implementación, se necesita un sistema de justicia que brinde seguridad, certidumbre y confianza a los ciudadanos, empresarios e inversionistas, pues de lo contrario no se generarán las condiciones necesarias para establecer un nuevo modelo de desarrollo que favorezcan el crecimiento y el desarrollo sostenible de Bolivia en el largo plazo.