Bolivia: estanflación camina entre las ruinas del extractivismo

Después de seis meses de silencio estadístico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó finalmente el dato oficial de crecimiento económico de Bolivia para 2024: apenas 0,74%. Una cifra decepcionante que contrasta con el optimismo inicial del gobierno, que había presupuestado un 3,71%. El país, sencillamente, no crece.

Desde 2014, Bolivia ha experimentado una desaceleración paulatina. A la caída de los precios internacionales del gas natural, nuestra principal fuente de divisas por más de una década, se sumaron factores internos, como la reducción de la inversión pública, desajustes macroeconómicos, quiebra de las instituciones, escasez de divisas y combustibles, y un entorno político marcado por la conflictividad y la desconfianza. Todo esto ha debilitado seriamente las capacidades del país para generar crecimiento sostenido.

Pero más allá de los problemas coyunturales, la economía boliviana enfrenta dificultades estructurales: una productividad estancada, especialmente en el capital humano, y un modelo de desarrollo que ya no responde a las nuevas exigencias del entorno global.

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en la última década confirma este debilitamiento progresivo.

En 2013 se registró el mayor crecimiento del ciclo, con una tasa del 6,8%, en el apogeo del auge exportador de materias primas. A partir de entonces, comenzó una desaceleración sostenida: 5,0% en 2014; 4,9% en 2015; 4,3% en 2016; y 4,2% en 2017 y 2018. En 2019, ya antes de la crisis política y sanitaria, el crecimiento se redujo al 2,2%. Luego vino la pandemia y el retroceso fue abrupto. En 2020, la economía cayó -8,7%. El rebote estadístico de 2021 con un 6,1%, no logró cambiar la tendencia estructural. En 2022, el crecimiento bajó al 3,6%, en 2023 al 3,1%. En 2024 tocó fondo con un magro 0,74%.

Muchos economistas advirtieron oportunamente sobre este escenario. Algunos estimaban un crecimiento cercano al 1%, cifra que fue desacreditada por el discurso oficial. Las críticas se respondieron con descalificaciones ideológicas, en lugar de con argumentos técnicos. Pero los datos han terminado por imponerse.

También con datos oficiales, la inflación general interanual (junio de 2024 a junio de 2025) es del 24% y la subida de precios es casi 38%.

Hoy, Bolivia ha entrado formalmente en un proceso de estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación elevada. Este fenómeno es especialmente complejo de gestionar porque las herramientas clásicas de política económica se vuelven contradictorias: estimular la demanda puede agravar la inflación; mientras que controlar la inflación puede profundizar la recesión.

Las causas de esta estanflación son múltiples, pero destacan los siguientes: la caída del sector de hidrocarburos, la parálisis de la inversión pública, la pérdida de confianza del sector privado, crisis fiscal, descontrol monetario y escases crónica de divisas. Todo esto ocurre en un contexto en el que el Estado ha ido perdiendo capacidad para intervenir de manera efectiva y la política fiscal y monetaria están cada vez más limitadas por la escasez de recursos.

Frente a este panorama, el Gobierno ha recurrido nuevamente a su arsenal narrativo habitual. Las causas de la crisis se atribuyen al “contexto internacional”, al “imperialismo financiero”, a la “herencia neoliberal” o incluso al “hermano Evo”. La lista de excusas es larga y conocida.

En el fondo, lo que enfrentamos no es solo una crisis coyuntural del modelo estatista implementado desde mediados de los 2000, sino una crisis estructural del patrón de desarrollo extractivista que ha dominado la economía boliviana durante dos siglos. Es importante precisar: el patrón de desarrollo se refiere a la manera en que una sociedad genera y organiza su riqueza. En el caso boliviano, este patrón ha estado basado casi exclusivamente en la extracción y exportación de recursos naturales.

El modelo económico, por su parte, es la forma en que se gestiona ese patrón, que puede ser privado como público o mixto. En este caso, estamos frente al agotamiento del extractivismo y del modelo estatal que lo gestiona.

En suma, hoy patrón y modelo están agotados. Ya no es posible sostener el gasto público ni financiar políticas sociales con una base fiscal dependiente del gas o de los minerales. La producción estancada, el empleo informal y la baja productividad reflejan un sistema que no se ha transformado a tiempo. Caminar hacia un modelo privatizador es una salida de corto plazo, es empujar al emprendedurismo boliviano a los laberintos del extractivismo.

Las propuestas económicas de los candidatos en esta campaña electoral se quedan encerradas en la vieja dicotomía Estado Vs sector privado, debatiendo quién debe administrar mejor el extractivismo. Es decir, se concentran en los instrumentos y no en los objetivos del desarrollo. Todos giran en círculo, alrededor de la idea del modelo que puede administrar un “mejor extractivismo”, pero nadie plantea, con claridad, un cambio de patrón de desarrollo.

Ningún candidato se atreve a proponer una nueva visión de desarrollo que encienda una pasión colectiva por el mayor tesoro que Bolivia posee: su capital humano y como resultado se dé un salto cualitativo en la productividad de los factores de producción y una mejora significativa en la innovación tecnológica.

Y este capital humano necesita con urgencia un shock brutal de mejora. Un dato reciente es alarmante: de cada 100 bachilleres en Bolivia, solo tres aprueban una prueba básica de matemáticas, química y física. Con ese nivel de formación, ningún modelo económico funciona, ni estatista ni privatizador. Así estamos condenados a caminar en círculos en torno del extractivismo.

Por tanto, la nueva obsesión nacional debe ser la educación. Por supuesto, existen también desafíos institucionales, ambientales y de inclusión social, pero el eje ordenador de toda política pública, sectorial, regional, macroeconómica de corto y largo plazo y de comercio exterior, debe ser resolver el drama educativo en el corto plazo.

El abordaje gradual ya no basta. No se trata solo de una reforma educativa desde el Ministerio, sino de un cambio de paradigma nacional. Desde las familias, las empresas, las ONG y los gobiernos locales, todos deben comprometerse con mejorar diariamente la calidad del aprendizaje y las capacidades de nuestra población. Por lo tanto, la idea del shock de política pública no está solamente en el tema de la estabilización sino en una política social de shock, centrada en la educación.

Porque no solo se educa en el aula, también educa el entorno laboral, la comunidad, la cultura productiva, la empresa. Reformar la educación no es tarea exclusiva del sistema escolar, sino de toda la sociedad y su Estado, por supuesto más pequeño y eficiente. Y solo así, con un nuevo proyecto de país que invierta en su gente, Bolivia podrá construir una economía moderna, competitiva, justa y sostenible. Por supuesto, el desafío de geometría variable está en pavimentar el futuro y, al mismo tiempo, recuperar la estabilidad. Eliminar la estanflación es una tarea que junta el corto y el largo plazo.

Gonzalo Chávez es economista.