Birmania y el cuchillo de palo

El pasado 12 de febrero, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución propuesta por las delegaciones del Reino Unido y la Unión Europea. El título adelanta bien su contenido: “Las Implicaciones de la Crisis en Myanmar (Birmania) en materia de derechos humanos”. 

Aprobado en la vigésima novena sesión especial del organismo, el documento de dos páginas expresa su profunda preocupación por la declaratoria de estado de emergencia impuesta por las Fuerzas Armadas de Birmania el primer día de febrero de este año. En el texto se deplora la detención arbitraria de los miembros electos del gobierno constitucional depuesto, pero también de líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y asesores tanto internacionales como locales. 

Los países miembros del Consejo, regularmente asentados en Ginebra, que suman 49 y son elegidos rotativamente por la Asamblea General de la ONU, expresan su pesar por el acoso, las restricciones y los ataques de los uniformados birmanos contra la sociedad civil, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de un país, lastimado desde hace décadas por el poder irrestricto de los militares. 

Dichos atentados, dice la resolución, han limitado el acceso a internet y lesionado las libertades de opinión y expresión, pero también el derecho a reunirse y organizarse pacíficamente. El Consejo les recuerda a los generales que tomaron el poder en febrero que su responsabilidad primaria es promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. 

En su parte resolutiva, el documento deplora la destitución del gobierno electo democráticamente en los comicios del pasado 8 de noviembre de 2020 y pide su restauración. Recuerda con pesar que los militares birmanos suspendieron los mandatos de los parlamentarios recién electos por el voto. En su segundo pedido, el Consejo llama a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y a suspender el estado de emergencia. Además urge a los militares a restituir las libertades civiles, restablecer los servicios de internet y permitir que Naciones Unidas opere vuelos dentro del país a fin de evacuar a las personas en riesgo. 

El Consejo pide diálogo y reconciliación en concordancia con la voluntad popular. También solicita que el enviado especial de la ONU sea autorizado para visitar y evaluar la situación en el terreno. Finalmente, este connotado cuerpo deliberante de la comunidad internacional le solicita al Secretario General de la ONU que otorgue todas las facilidades para el cumplimiento de la resolución acá resumida. 

La sesión en la que el Consejo de Derechos Humanos condena públicamente el golpe de Estado en Birmania está grabada y publicada en el sitio web de la institución. Tras la fundamentación a cargo de los delegados proponentes y el rechazo explícito del representante de la dictadura, ningún país miembro solicitó la palabra. Una vez dado el martillazo de aprobación por consenso, China, Rusia, Venezuela y Bolivia pidieron usar pantalla y micrófono para asentar en actas su postura sobre la resolución. Los cuatro países repitieron el mismo discurso, casi como si se hubiesen calcado sus avergonzadas y breves alocuciones. 

Cerca al minuto 18 de la sesión, Mariana Yamila Narváez Vargas tomó la palabra a nombre de nuestra diplomacia. Acá sus escuetas afirmaciones despachadas desde alguna oficina remota: “Bolivia considera que este es un tema interno y que se debe respetar la soberanía de los Estados, por lo que se desasocia del consenso sobre la resolución adoptada y pide que esta des-asociación quede en actas”.

 Lo dicho por la delegada coincide casi palabra por palabra con la intervención previa de Félix Peña Ramos, el portavoz de Venezuela. En 25 segundos para el rubor, Bolivia exhibió en Ginebra el cuchillo de palo que descarta su condición de herrero en materia de golpes de Estado. En Ginebra, el Gobierno boliviano hizo coro con los golpistas de Rangún. 

Desde que los militares birmanos volvieron al poder se calcula que han terminado con la vida de al menos 100 personas, la mayoría de ellas manifestantes a favor de la democracia. Los generales encendieron tanques y aviones fastidiados por la segunda victoria electoral del partido de la premio Nobel Aung San SuuKyi.  No toleran el lazo firme construido entre ella y la gente. ¿Creerá en serio nuestra Cancillería que fingir demencia ante la agonía de la democracia birmana es respetar la soberanía de aquel país?, ¿o sea que acá hubo golpe y allá no?

Rafael Archondo es periodista.