22/11/2020
Otra vuelta

¿Agrocapitalismo colonizador al cuidado del medio ambiente?

Marco Gandarillas
Marco Gandarillas

Es necesario analizar las implicaciones de los recientes nombramientos de las autoridades a cargo de la cartera de medio ambiente. Por un lado, es patente que la mayoría no tiene la calificación requerida para ocupar el cargo, algo que no es una novedad. En otro artículo me he referido a que este Ministerio en particular es usado para pagar favores políticos a un alto costo ambiental que se expresa en la pérdida constante de biodiversidad y el deterioro progresivo del estado de conservación de los ecosistemas. Somos un país megabiodiverso con autoridades que no tienen idea de la responsabilidad que eso conlleva.

Otra implicación de los nuevos nombramientos tiene que ver con el conflicto de intereses entre los sectores sociales y económicos a los que estas autoridades representan y la necesidad de priorizar la protección ambiental. Por ejemplo, del flamante ministro de Medio Ambiente sólo se conoce que es parte del gremio ganadero de Pando y de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la ex Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Otros colaboradores de esta autoridad, como el director del SERNAP, es igualmente de ese sector. Para entender lo que esto representa en términos ambientales es necesario comprender al sector.

¿Qué representa la colonización en términos ambientales? En principio, son el resultado de una concepción desarrollista del Estado boliviano, históricamente en boga desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX, que considera al medio ambiente como improductivo y a las áreas con mayor diversidad como tierras baldías. En ese sentido, la colonización pretende aprovechar esas tierras y sus riquezas trasladando poblaciones hacia áreas “vírgenes”. El objetivo es que estas poblaciones implantadas desarrollen cultivos con vocación comercial.

Los principales nodos de la colonización desde mediados de los años 50 del siglo pasado fueron el Alto Beni en La Paz, Chimoré en Cochabamba y Yapacaní en Santa Cruz. Desde esas zonas la colonización se expandió sobre bosques, fauna silvestre y poblaciones originarias del lugar ejerciendo una nueva dominación semejante a la ibérica, una recolonización con características endógenas. 

En la actualidad, son zonas ambientalmente degradadas. En ellas habitan una variedad de grupos dedicados a expandir el capitalismo agropecuario. A diferencia del campesinado tradicional dedicado a la agricultura de subsistencia, los colonizadores se dedican a negocios rentables: la extracción forestal, la coca, la soya (las oleaginosas en general) y últimamente la ganadería bovina; en otros términos, son eslabones de cadenas de suministros transnacionales que por lo general transforman áreas con vocaciones forestales en agropecuarias. Sus actividades están frecuentemente combinadas con otras igualmente rentables como el comercio, el transporte y, a veces, la minería. Son un motor del capitalismo y el extractivismo en las tierras bajas de Bolivia.

La colonización siguió avanzando en el siglo XXI. Con el gobierno del MAS, se vio fuertemente alentada por la política de dotaciones de tierra y la promoción de asentamientos de colonos altoandinos en zonas estratégicas de las fronteras agropecuarias. Una versión remozada de la vieja política de colonización dirigida. En gran medida esta política le permitió al MAS ampliar su base social y electoral. Pero no se quedó ahí. Como en el pasado, la colonización espontanea encontró sus propios caminos.

Varios casos ligados directamente a exautoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han mostrado que se han formado clientelas políticas en base al tráfico de tierras de colonización. A través del control de puestos claves en el INRA, la ABT y ministerios han consolidado políticas abiertamente inconstitucionales en su favor. La más importante de los últimos años: quitar los candados que les impiden ampliar el avasallamiento. Las nuevas fronteras de la conquista colonizadora son tierras fiscales, territorios indígenas y las áreas protegidas. Es decir, lugares constitucionalmente reservados a otros usos como la conservación ambiental. 

El hecho que los líderes colonizadores se hayan tomado a las instituciones ambientales nacionales, en un contexto en el que casi todas las áreas protegidas tienen como una de sus principales amenazas el avasallamiento colonizador, revela la apuesta del nuevo gobierno por una agresiva política de recolonización, en especial de las áreas más biodiversas como el Tipnis, el Madidi y el Pilón Lajas. En ese contexto debe entenderse el mensaje del presidente Luis Arce de convertir a Beni en un departamento agropecuario similar a Santa Cruz.

Marco Gandarillas es sociólogo.