El 9
de abril de 2022, se cumplieron 70 años de la llamada Revolución Nacional, un
hecho histórico de trascendentales consecuencias sobre la historia de las
últimas décadas, independientemente de nuestra posición ideológica. El debate alrededor
de esta fecha ha sido bastante limitado, debido a las pretensiones fundacionales
del masismo que lo lleva a ignorar la construcción histórica anterior al 2006.
En mi opinión, la fecha merecía un mayor debate, con la larga perspectiva
histórica que brindan 70 años, analizando principalmente cuanto avanzó o
retrocedió Bolivia, desde entonces, en su construcción republicana y hacía su
desarrollo y modernidad.
Como me decía el escritor Juan Claudio Lechín en una reciente conversación, la ventaja que brinda el análisis de los ciclos históricos largos es que se puede apreciar con mayores perspectivas determinados hechos y sus consecuencias en el tiempo. Desde su punto de vista, la vara para medir la Revolución Nacional debiera ser analizar su contribución a la construcción de la República, lo que desde su visión equivale al camino hacia la modernidad. Juan Claudio aprecia luces y sombras en el proceso iniciado a partir de abril de 1952, aunque destaca que indudablemente logró avances en él labrado de la Republica.
Algunas medidas implicaron avances innegables como el derecho al voto universal, un principio esencial y fundamental de una verdadera república que debe estar basada principalmente en una democracia de ciudadanos con igualdad de derechos ante la ley y con garantías efectivas al respeto a sus libertades individuales y colectivas, aunque como el mismo Juan Claudio recuerda, el voto universal no garantizaba que en los gobiernos de los lideres de la revolución nacional se respetara el voto, pues funcionaba la “maquinita”, una forma burda de fraude electoral, por la cual sus dirigentes llenaban las ánforas con papeletas de sus partidos.
Hubo otras reformas que se han destacado mucho como la reforma agraria, por la cual se convirtió a los campesinos en propietarios, lo que posteriormente tendría, un enorme impacto en el fracaso de los intentos de establecer un sistema comunista en Bolivia, como el que lideró el Che Guevara, pues los campesinos tenían una propiedad familiar que defender. No obstante, todas aquellas áreas donde se aplicó la reforma agraria han terminado empobrecidas, atrapadas por el minifundio y la inviabilidad económica, por lo que no sirvió para sacar de la pobreza a los campesinos, sino que los condenó a una subsistencia precaria, situación agravada por las políticas actuales de entrega de propiedad colectiva y no individual.
La nacionalización de las minas, aunque permitió controlar rentas para sostener el aparato estatal, tuvo como gran fracaso la incapacidad de la COMIBOL de descubrir y desarrollar nuevos yacimientos, pues hasta hoy la minería estatal continúa dependiendo de las minas que se nacionalizaron hace setenta años. Algo similar a lo que le sucedió al MAS en el último periodo con los hidrocarburos, descubiertos gracias a las inversiones que se atrajeron en los años noventa, y que una vez nacionalizados financiaron un periodo de bonanza derrochado por el populismo estatista de turno, conduciéndonos a un nuevo periodo en que el extractivismo agota las reservas de algún recurso natural, como se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia nacional.
Volviendo a la pregunta original, si nos comparamos con los otros países sudamericanos, excepción de la tragedia venezolana, Bolivia continúa siendo el país más atrasado. No significa que no se haya progresado desde el 52 en ciertas áreas, sino que los otros países avanzan más que nosotros. Seguimos entrampados en una mezcla de estatismo, populismo y victimismo, que da como resultado un estado centralista y desinstitucionalizado, una democracia mutilada por la ausencia de un estado de derecho y la falta de una justicia independiente; y una economía precaria fundada en la explotación de recursos naturales no renovables. Se podría destacar un proceso de mayor inclusión pero sin oportunidades reales de movilidad social esta continúa limitada a la disputa por los espacios públicos.
Debatir el pasado es sentar las bases para la discusión de nuestro futuro. Bolivia necesita mayor debate sobre sus principales problemas y desafíos para su progreso. De lo contrario seguiremos entrampados entre nuestro atraso y victimismo.
Óscar Ortiz ha
sido senador y ministro de Estado