Abuso de niños, niñas y adolescentes en albergues estremece a Panamá

Brújula Digital |19|02| 21|

Adriana Valcarce / Especial desde Ciudad de Panamá

Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Panamá: la comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia realizó una investigación exhaustiva sobre la situación de los albergues infantiles en Panamá a nivel nacional. Los resultados son estremecedores, con abusos contra los niños y niñas, generalmente cometidos por las monjas que trabajan allí.

La investigación fue liderada por la diputada suplente Walkiria Chandler. Unas 500 páginas documentaron casos de abuso sistemático contra niños, niñas y adolescentes desde 2015 dentro de los albergues. Estos están a cargo del SENNIAF (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) la cual se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.

La investigación se realizó con base en un trabajo previo liderado por un medio de comunicación digital independiente: FOCO, en agosto de 2020. Sus fuentes de investigación fueron una entrevista a una niña que fue víctima de abuso y presenció abusos contra otros niños/as y adolescentes, y un informe interno de la SENNIAF al cual tuvieron acceso. Se sacaron a la luz abusos físicos, sexuales y psicológicos, abusos sistemáticos contra niños con discapacidad, niños muy pequeños y niños migrantes.

Los hallazgos de la investigación llevada a cabo por FOCO motivaron a las parlamentarias a realizar una investigación más profunda. Los sorprendentes y desgarradores hallazgos de ambas investigaciones incluyeron la siguiente información:

Niños/as de un año en adelante eran esposados durante días por los administradores de los albergues, en su mayoría monjas/hermanas, ya que la SENNIAF había designado la administración de algunos albergues a ONG y organizaciones religiosas, para lo cual se proporcionaron fondos públicos a dichas organizaciones.

Varias denuncias fueron presentadas por los propios niños/as, quienes lograron huir de los albergues por unos días, pero nunca pasó nada. Dos trabajadoras sociales, Chanita Pamarra y María Victoria Pomar, a quienes el periódico panameño La Prensa califica de heroínas del silencio, redactaron un informe para la SENNIAF destacando casos de abuso contra niños/as, pero fueron despedidas de inmediato.

Los niños/as eran alimentados con comida para perros y obligados a permanecer en habitaciones con personas mayores, personas en situación de calle, personas en rehabilitación por drogas/alcohol y personas infectadas con tuberculosis o VIH. Al parecer, mezclar estas diferentes poblaciones, niños con adultos, incluidos exdrogadictos u alcohólicos, se practicaba con frecuencia, lo que va en contra de protocolos internos establecidos por la SENNIAF.

Cuando los niños/as estaban enfermos, los pastores, regentes de los albergues, y las monjas, les “recetaban” orar.

Algunas niños/as, más que nada niñas, pasaban la noche fuera de los albergues, ya que eran llevadas a altas horas de la noche a fiestas privadas. Reportes de gestión de la SENNIAF documentan que cuando esto sucedía, algunas de las niñas se contagiaban enfermedades de transmisión sexual.

Abortos forzados eran practicados en niñas de 11 años en adelante, los hechos sugieren que estos fueron a causa de abusos sexuales cometidos por los regentes de los albergues. Estos hallazgos fueron comunicados por la diputada Chandler durante una sesión ordinaria de la Asamblea, en la cual presentó un resumen ejecutivo del informe.

Un reporte desarrollado por UNICEF en 2018 resaltó la ausencia de mecanismos de supervisión en los albergues por parte de la SENNIAF y formuló recomendaciones, que lastimosamente no fueron implementadas.

Además, apenas una semana antes de que saliera a la luz este escándalo, el propio Presidente, Laurentino Cortizo, nominó a la entonces subdirectora del SENNIAF, Carla García al puesto de gobernadora por la provincia de Panamá.

Carla García es hija del vicepresidente del Ministerio de la Presidencia, Carlos García. Esto ha sido extremadamente criticado por medios de comunicación independientes y por la ciudadanía. Durante las protestas, su fotografía fue pegada a una muñeca hecha de tela y quemada públicamente. ¿Estaba el presidente tratando de evitar que ella fuera parte de esto? La respuesta sigue siendo desconocida y el presidente no se ha pronunciado al respecto.

La sociedad civil y activistas de todo Panamá exigen al gobierno y a las parlamentarias que llevaron a cabo la investigación que publiquen el informe sin nombres ni fotografías para preservar la integridad de las víctimas. Las protestas se han llevado a cabo durante cinco días consecutivos y seguirán ocurriendo.

El presidente de Panamá hizo un muy breve anuncio el miércoles 17 de febrero luego de permanecer en silencio durante seis días. Ordenó que el SENNIAF y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se declaren como partes afectadas durante el proceso de investigación penal, especialmente en aquellas investigaciones donde existan indicios de violación de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Un comunicado de prensa de UNICEF en Panamá recordó el hecho de que el gobierno es el custodio legal de niños, niñas y adolescentes vulnerables que viven en albergues administrados por el gobierno. El gobierno, representado por las instituciones responsables de estos albergues, ahora se presentará como afectado bajo las instrucciones del presidente.

Juan Diego Vásquez, diputado de 24 años, está combatiendo ferozmente las instrucciones del presidente con sólidos argumentos legales, alegando que las instrucciones dadas por el presidente no solo son inmorales sino también ilegales según la Constitución de Panamá.

En la mañana del jueves 18 de febrero de 2021, la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo López acudió al Ministerio de Asuntos Públicos acompañada de sus abogados y se negó a responder preguntas sobre su implicación, o la implicación de la institución que representa en estos eventos.

Esta situación llega en un momento en el que el país, como muchos otros países del mundo, se enfrenta a una crisis socioeconómica a causa de la pandemia por el COVID 19. Solo se suma a otros escándalos de corrupción que ha estado enfrentando el gobierno con respecto a cómo ha estado manejando la situación (vacunas COVID 19, sobreprecio de suministros médicos, no poder brindar más de 80 USD mensuales a las personas afectadas por la pandemia y a los más vulnerables).

Adriana Valcarce / adrivalcarce@gmail.com