La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel —una medida que costaba al Estado cerca de 1.100 millones de dólares al año— provocó un inmediato escenario de tensión social y llevó al Gobierno a decretar un estado de excepción por 60 días en siete provincias del país.
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La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel —una medida que costaba al Estado cerca de 1.100 millones de dólares al año— provocó un inmediato escenario de tensión social y llevó al Gobierno a decretar un estado de excepción por 60 días en siete provincias del país.
El ajuste elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, encendiendo las protestas de transportistas, estudiantes, agricultores y organizaciones sociales que advierten un encarecimiento general de la vida. Aunque la administración de Noboa ofreció compensaciones económicas temporales, dejó claro que no dará marcha atrás.
Desde el lunes se registran bloqueos en carreteras estratégicas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, provincias en las que rige la medida “por grave conmoción interna”. En esos puntos, camioneros atravesaron vehículos pesados, levantaron barricadas y colocaron piedras y neumáticos para interrumpir el tránsito. El decreto también suspendió la libertad de reunión en esos territorios y autorizó a las fuerzas del orden a desarticular concentraciones consideradas una amenaza a la seguridad ciudadana.
El Ejecutivo trasladó de manera temporal sus funciones a Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia opera desde Imbabura. Noboa justificó el estado de excepción señalando que las paralizaciones afectan la cadena de abastecimiento de alimentos, el libre tránsito y la economía en general.
El aumento del diésel no es solo una cuestión económica: en Ecuador, el precio de los combustibles ha sido históricamente un detonante político. Gobiernos anteriores ya enfrentaron levantamientos sociales al intentar retirar subsidios. En 2019, Lenín Moreno se vio obligado a dar marcha atrás tras un estallido liderado por el movimiento indígena, y en 2022, Guillermo Lasso afrontó semanas de protestas que debilitaron su gestión.
Hoy, las reacciones tampoco se hicieron esperar. Estudiantes convocaron movilizaciones en Quito y el Frente Unitario de Trabajadores anunció una marcha nacional para el 23 de septiembre. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), por su parte, denunció que la medida golpea directamente a las comunidades rurales y acusó al Gobierno de provocar a las organizaciones sociales.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que los bonos compensatorios y la presencia reforzada del Estado en las provincias afectadas buscan contener el descontento y evitar una escalada mayor.
BD/RED
