Según la denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, un 8% de sobreprecio se habría aplicado en los productos, de los cuales un 3% habría retornado a la Secretaría General de la Presidencia, presuntamente beneficiando a Karina Milei y al presidente.
Brújula Digital|Agencias|28|08|25|
El gobierno de Argentina enfrenta un fuerte golpe político tras la difusión de audios que implicarían a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, en un supuesto circuito de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario en la justicia federal y también involucra a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y colaborador cercano del oficialismo.
El escándalo se desató luego de que el canal local de streaming Carnaval difundiera audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que supuestamente describía un esquema de cobro y pago de coimas en la compra y provisión de medicamentos a través de la droguería Suizo-Argentina.
Según la denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, un 8% de sobreprecio se habría aplicado en los productos, de los cuales un 3% habría retornado a la Secretaría General de la Presidencia, presuntamente beneficiando a Karina Milei y al presidente, dijo el portal de CNN.
El caso llega apenas semanas antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, programadas para el domingo 7 de septiembre, y a dos meses de los comicios nacionales, previstos para el 26 de octubre, lo que aumenta la tensión política en el país.
Reacción del Gobierno: remoción e intervención
Tras la difusión de los audios, el gobierno anunció la remoción de Diego Spagnuolo de su cargo como director de la Andis. En paralelo, se designó a Alejandro Vilches como interventor para “evaluar el funcionamiento de la Andis y asegurar una gestión eficiente y transparente”, según un comunicado oficial.
En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad realizó 15 allanamientos en domicilios particulares, oficinas de la droguería Suizo Argentina y la sede de la Andis. Entre los objetos incautados se incluyen documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y más de 266.000 dólares en efectivo, además de siete millones de pesos. En el laboratorio de la droguería se encontraron 15 cajas con documentación y un pendrive considerado relevante para la causa.
Martín Magram, abogado de los Kovalivker y de la droguería Suizo-Argentina, negó toda imputación penal contra sus representados y aseguró que están colaborando con la justicia, recordó EFE.
La empresa, a través de un comunicado, sostuvo que desarrolla sus actividades “de forma íntegra y transparente” y que los directivos y accionistas “se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor”.
Declaraciones oficiales y defensas
El presidente Javier Milei, quien había permanecido en silencio, compartió un comunicado de la droguería en sus redes sociales. Martín Menem, primo de “Lule” y presidente de la Cámara de Diputados, aseguró en televisión que se trata de una “monumental operación a dos semanas de las elecciones” y afirmó: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”.
Por su parte, Eduardo “Lule” Menem escribió en sus redes que no podía confirmar la autenticidad de los audios, pero aseguró “la absoluta falsedad de su contenido”. Karina Milei no se pronunció directamente, aunque difundió entrevistas de dirigentes oficialistas que la defienden. La Casa Rosada reafirmó su respaldo a estas declaraciones.
Antecedentes y contexto político
No es la primera polémica que involucra a los Milei. En febrero, la difusión de la criptomoneda $LIBRA generó denuncias penales en Argentina y Estados Unidos, aunque Javier Milei negó haber promocionado el activo digital. Este nuevo episodio ocurre mientras el oficialismo enfrenta críticas por el desfinanciamiento del sector de personas con discapacidad y prestadores de servicios.
El mismo miércoles en que se conocieron los audios, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial contra una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, destinada a actualizar pensiones y aranceles de prestaciones. La normativa aún debe ser ratificada por el Senado, agregó CNN.
Según la denuncia de Dalbón, el retorno de fondos a la Secretaría General de la Presidencia representaría aproximadamente 800.000 dólares por mes, además de pagos a intermediarios por unos 30.000 dólares mensuales.
El caso, que involucra a la más alta jerarquía política del país y a operadores estratégicos, pone en el centro del debate la bandera anticorrupción de Javier Milei, quien se presenta como outsider dispuesto a romper con los manejos sucios del Estado.
BD/RPU
