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La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, con una contundente votación de 204 a favor y 85 en contra, superando ampliamente el umbral legal del 33% de los votos requerido. La decisión llega tras una serie de eventos que culminaron en la breve imposición de la ley marcial, que generó intensas protestas y polémica dentro y fuera del país.
El pasado 5 de diciembre, Yoon anunció en un discurso televisado la implementación de la ley marcial, justificándola con presuntas amenazas de fuerzas pronorcoreanas y desestabilización interna, aunque no presentó pruebas. Sin embargo, apenas horas después, el mandatario revocó la medida, lo que no evitó una ola de críticas y protestas masivas en las calles.
Enfrentando una primera moción de censura que no prosperó, Yoon defendió su decisión como una respuesta legítima a la oposición, a la que acusó de intentar frenar sus políticas y de conspirar contra su gobierno. No obstante, una segunda moción impulsada por el Parlamento logró el respaldo de más de dos tercios de los legisladores, incluyendo votos de su propio partido.
Con la destitución aprobada, los poderes de Yoon quedan suspendidos, aunque el mandatario conserva el título de presidente mientras el Tribunal Constitucional evalúa el caso. Este órgano tiene hasta 180 días para ratificar o rechazar la decisión. Si se confirma la destitución, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Durante este periodo, el primer ministro Han Duck-soo asume como presidente interino, gestionando la diplomacia, el mando militar y los principales asuntos estatales.
La Unión Europea expresó su apoyo a una resolución ordenada y constitucional de la crisis, destacando la importancia estratégica de Corea del Sur como socio. Por su parte, dentro del país, el escándalo ha llevado a la detención de figuras clave involucradas en la efímera ley marcial, incluido el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien intentó suicidarse tras su arresto.
El presidente Yoon, de 63 años, llegó al poder en 2022 con la reputación de ser un fiscal implacable que había liderado una cruzada anticorrupción. Sin embargo, su gobierno se vio empañado por errores en la gestión interna, como la tragedia en una celebración de Halloween que dejó 154 muertos, y por los escándalos relacionados con su esposa, Kim Keon-hee.
Aunque logró avances en política exterior, como la normalización de relaciones con Japón y un fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos, Yoon no pudo superar la creciente desconfianza en su liderazgo dentro del país. Las acusaciones de autoritarismo y las teorías sin fundamento sobre infiltraciones extranjeras terminaron erosionando su popularidad y llevando a su destitución.
Lo que sigue
Mientras el Tribunal Constitucional delibera, la incertidumbre política persiste en Corea del Sur. La posibilidad de que Yoon enfrente cargos por traición y rebelión, con penas que podrían incluir la muerte, añade tensión a una nación ya polarizada. Este caso marca un momento histórico para la democracia surcoreana, que una vez más se pone a prueba en medio de una crisis institucional.
BD/RED