América Latina y el Caribe lanzan una alianza regional contra el crimen organizado

Brújula Digital|Agencias|13|12|24

América Latina y el Caribe han establecido una nueva alianza regional para combatir el crimen organizado, según anunció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el jueves. 

La iniciativa reúne a 18 gobiernos de la región junto con varias instituciones financieras internacionales. 

Durante el evento de lanzamiento en Barbados, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, subrayó que "la seguridad debe ser parte de la solución para el progreso económico". 

Añadió que varios países solicitaron este esfuerzo debido a su preocupación por los altos costos asociados al crimen organizado, que trasciende fronteras nacionales, según Reuters.

Un estudio del BID revela que el crimen cuesta en promedio el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, equivalente a casi el 80% de los presupuestos públicos en educación, el doble de la inversión en asistencia social y 12 veces el gasto en investigación y desarrollo. 

En respuesta, el BID destinará $1,000 millones a proyectos relacionados el próximo año y buscará más financiamiento de donantes públicos y privados, afirma Reuters.

Entre los proyectos contemplados se encuentran el intercambio de registros criminales entre los países de la alianza y reuniones centradas en el lavado de dinero relacionado con la minería ilegal en el Amazonas. 

Goldfajn explicó que la estrategia tiene un enfoque social, buscando reducir la vulnerabilidad en comunidades afectadas, fortalecer las instituciones de justicia y atacar los crímenes financieros.

Aunque Estados Unidos, México y Colombia no forman parte actualmente, el BID está dialogando con los dos últimos para su posible adhesión futura. 

Además de los gobiernos participantes, la alianza incluye a organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), INTERPOL, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales.

En 2022, CARICOM declaró el crimen violento como un problema de salud pública, proponiendo medidas como órdenes de arresto regionales y la prohibición de armas de asalto. 

También apoyaron una demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, responsabilizándolos por el tráfico ilegal hacia grupos criminales. Datos oficiales indican que más de la mitad de las armas rastreadas en Centroamérica, el 68% en México y el 80% en el Caribe provienen de Estados Unidos.

BD/MS

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