En una carta dirigida al secretario general de la ONU, figuras destacadas de América Latina y Ucrania condenan a Rusia por los ataques contra la población civil ucraniana

Brújula Digital|25|09|24|

Señor secretario general de las NNUU, Antonio Guterres:

Mientras escribimos estas líneas, civiles en Ucrania están siendo atacados y asesinados sistemáticamente por la Federación Rusa. Somos un grupo de latinoamericanos y ucranianos que deseamos unir nuestras voces en protesta contra esta monstruosa violación de la Carta de las Naciones Unidas por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Noche tras noche, misiles y bombas caen sobre las ciudades ucranianas, cuyo único objetivo es matar y sembrar terror en la población civil. Según el informe más reciente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (marzo de 2024), “los ataques con armas explosivas en áreas urbanas siguen siendo la principal causa de muerte y heridas entre la población civil en Ucrania”. Los datos de la Comisión indican que el 84% de las 10,582 muertes de civiles en Ucrania (hasta el 15 de febrero de 2024) se deben a este tipo de ataques. Esto no es casualidad, sino la clara evidencia de un patrón de conducta criminal.

Ejemplos abundan. En un único ataque a una cafetería en Hroza, en octubre de 2023, murieron 59 personas, incluyendo 36 mujeres. El informe sobre la masacre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “la OACDH tiene razones fundadas para creer que no había personal militar ni ningún objetivo militar legítimo en la recepción en el café que siguió al funeral en el cementerio a las afueras del pueblo o en sus proximidades”.

En otro ataque en junio del año pasado en Kramatorsk, del cual algunos de nosotros fuimos testigos, una pizzería fue destruida por un misil Iskander, matando a 13 personas, entre ellas la reconocida escritora Victoria Amelina, y dejando 64 heridos. Apenas una semana después, mientras velaban a Victoria en su ciudad natal, Leópolis, a más de 1.000 km del frente, un edificio residencial cercano fue alcanzado por un misil ruso que causó 10 muertos y 48 heridos.

Ataques de este tipo se repiten semana tras semana. Recientemente, otro misil Iskander impactó en un hotel en Kramatorsk, matando a un miembro del equipo de Reuters y dejando gravemente heridos a otros. Según las cifras de la ACNUDH, julio y agosto han sido los meses más mortales en los últimos dos años. Por eso la urgencia es tan grande.

El hecho de que civiles hayan muerto en casi todos los oblast de Ucrania, como demuestran los mapas de la OACDH, evidencia que estos ataques tienen poco que ver con las operaciones militares en sí. Más bien, parecen formar parte de una campaña para aterrorizar a la población entera de Ucrania.

Los objetivos civiles tampoco se salvan. Hospitales, incluidos hospitales infantiles en Dnipro y Kiev, han sido destruidos; bibliotecas y imprentas incendiadas, como ocurrió en Kherson y Kharkiv (Rusia ha destruido 138 bibliotecas, según el Ministerio de Cultura de Ucrania); un centro comercial fue arrasado a plena luz del día por una bomba teledirigida, como sucedió en Kharkiv en mayo. Truth Hounds, una organización que documenta crímenes de guerra, estableció que la bomba de este ataque estaba equipada con un kit de guiado y planeo con sistemas de navegación inercial y satelital.

En ocasiones, los ataques se repiten en lo que se conoce como la táctica del “doble golpe”, diseñada para causar el mayor daño posible. La OACDH documentó en su último informe sobre Ucrania “cinco casos en los que municiones de alta precisión impactaron en el mismo lugar u objetivo... dos veces en un breve intervalo, provocando la muerte o lesiones a trabajadores de emergencia, policías, paramédicos y otros civiles que ayudaban a las víctimas del primer impacto”.

Es evidente que estos ataques siguen un patrón y una política consistente con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma: un crimen cometido “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque”.

Sin embargo, lo que estamos presenciando en Ucrania va más allá de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es un desprecio absoluto por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, que durante tanto tiempo han proporcionado a los civiles la única protección en tiempos de guerra y representan una de las grandes conquistas de la humanidad.

La estrategia de la Federación Rusa de atacar deliberadamente a civiles en Ucrania amenaza con vaciar de significado todo el Derecho Internacional Humanitario, con consecuencias mucho más allá de Ucrania.

Es cierto, señor Secretario, que la erosión del DIH comenzó mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Algunos estudiosos señalan el inicio de esta decadencia con la conducción por parte de Estados Unidos de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

También es cierto que se están cometiendo atroces crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en otras partes del mundo, como muestran las impactantes imágenes de Gaza que vemos con incredulidad en nuestras pantallas. Y luego están los crímenes de guerra invisibles, como los de Sudán.

Todos deben ser condenados con la misma firmeza. Ignorar ciertas violaciones mientras se denuncian otras debido a preferencias geopolíticas contribuye a debilitar la protección de los civiles. Los dobles raseros son dobles raseros, independientemente de la ideología.

Como latinoamericanos, esto nos afecta especialmente. América Latina contribuyó significativamente a la introducción de la prohibición del uso de la fuerza, consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, y a muchos otros avances en el derecho internacional y los derechos humanos, como la codificación del delito de desaparición forzada en el Estatuto de Roma. Después de haber sufrido tanto, creemos que las normas no deben aplicarse de manera selectiva.

Sin embargo, también es cierto que la Federación Rusa representa un caso especial, ya que es miembro permanente del Consejo de Seguridad y, como tal, le ha sido confiada por todos los miembros de las Naciones Unidas la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, según la Carta de la ONU. La Carta también establece que “en el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas” (Art. 24).

América Latina ha señalado durante mucho tiempo el peso de la responsabilidad que conlleva ser miembro permanente. En 1945, en San Francisco, durante la conferencia fundacional de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores y futuro presidente de Colombia, Alberto Lleras, emitió el voto de Colombia en contra de la concesión del poder de veto (ningún otro país lo hizo, salvo Cuba) y advirtió que conceder el poder de veto a los miembros permanentes era “una muestra exorbitante de confianza por parte de los demás países en la Organización de las Naciones Unidas”.

Exorbitante. Esa es la confianza que la Federación Rusa ha traicionado de manera flagrante. Por ello, le rogamos que transmita este mensaje al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, y que solicite al Presidente de la Asamblea que considere si la Federación Rusa no debería ser suspendida de la Asamblea, como lo fue Sudáfrica en 1974, hasta que actúe de manera coherente con sus responsabilidades en virtud de la Carta y con las expectativas de los Estados miembros.

 Firmantes:

Gustavo Fernández, excanciller de Bolivia; Diego García-Sayán, excanciller de Perú y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Claudio Grossman (Chile) expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente del Comité de NNUU contra la tortura, premio Nelson Mandela; Jorge Castañeda, excanciller de México; Oleksandr Pavlichenko, director ejecutivo de la Unión Ucraniana de Helsinki para los Derechos Humanos (Kiev).

Además, Noemí Sanín, excanciller de Colombia; Juan E. Méndez (Argentina), ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura; Celso Lafer, excanciller de Brasil; Dmytro Koval, codirector ejecutivo de Truth Hounds (Kiev); Eduardo Stein, excanciller de Guatemala y exvicepresidente de Guatemala; Didier Opertti, excanciller de Uruguay y José Miguel Vivanco (Chile), ex director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

También, Guillermo Fernández de Soto, excanciller de Colombia; Víctor E. Abramovich (Argentina), exvicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Alejandro Foxley, excanciller de Chile; Olga Aivazovska, presidenta de la Red Civil OPORA (Kiev); José Antonio García Belaunde, excanciller de Perú; Olena Rozvadovska, cofundadora de La Voz de los Niños (Kiev); Carolina Barco, excanciller de Colombia; Alfredo Moreno, excanciller de Chile, y José Ugaz (Perú), ex abogado del Estado ad-hoc, expresidente de Transparencia Internacional.

BD/RPU