Bolsonaro pone a prueba su fuerza en la calle en medio de las investigaciones por golpismo

São Paulo|EFE|25|02|24

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) pone a prueba el domingo su fortaleza política en la calle con un gran acto en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, mientras avanzan las investigaciones en su contra por golpismo.

La convocatoria del líder de extrema derecha es la respuesta a la operación policial del pasado 8 de febrero, autorizada por la Corte Suprema, en la que le retuvieron el pasaporte y le prohibieron salir del país y mantener contacto con otros investigados de la trama golpista.

"Será un acto pacífico por nuestro Estado democrático de derecho, por nuestra libertad, por nuestra familia", afirmó el exmandatario, recuperando uno de sus lemas favoritos: "Dios, Patria y Familia", inspirado en el que popularizó el siglo pasado Benito Mussolini.

El capitán retirado del Ejército ha citado a sus acólitos a las 15:00 hora local (18:00 GMT) en la Avenida Paulista, un lugar simbólico donde ya pronunció alguno de sus discursos más encendidos.

El 7 de septiembre de 2021, con motivo del Día de la Independencia, Bolsonaro, mientras aún era presidente, lanzó desde esa avenida graves ataques contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes, que ya lo investigaba, y aseguró que no acataría sus fallos, algo que no cumplió.

Un acto para defenderse de las sospechas de golpismo

Ahora quiere repetir la imagen de miles de sus seguidores jaleándole con la camiseta de la selección brasileña, una jugada arriesgada, pues su situación jurídica se ha agravado y las sospechas por intentar un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, han aumentado.

La Policía cree que por las manos de Bolsonaro pasaron borradores de decretos para anular el resultado de las elecciones de 2022, que ganó Lula por un estrecho margen, dentro de un plan para mantenerlo en el poder y que llegó a sopesar la detención del juez De Moraes, y hasta del presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Con ello buscaban, de acuerdo con los autos, evitar la investidura de Lula, en el poder desde el 1 de enero de 2023.

La intentona tuvo un último capítulo una semana después, cuando miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo, en Brasilia, para forzar una intervención militar que derrocase al dirigente progresista.

El jueves pasado, el ex jefe de Estado declaró en comisaría junto a una veintena de antiguos colaboradores, entre ellos tres generales de la reserva que fueron sus ministros (Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno) y el almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina.

Bolsonaro, de 68 años, se acogió al derecho de permanecer en silencio.

Un ejercicio de supervivencia con riesgo de prisión

Cercado por la Justicia, ante la que afronta además otras investigaciones relacionadas con la covid-19, la apropiación indebida de regalos de Estado durante su mandato y la difusión de noticias falsas, el líder ultra mide ahora su popularidad en la calle.

Al acto del domingo está previsto que acudan gobernadores, congresistas y líderes religiosos afines a su causa. De hecho, está financiado por el influyente pastor evangélico Silas Malafaia.

Para Glauco Peres, profesor de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP), Bolsonaro, quien ya está inhabilitado por abuso de poder en los comicios de 2022, pretende mostrar que "tiene apoyo popular y político" en un momento en que el cerco se estrecha a su alrededor.

"Bolsonaro está intentando movilizar el lado político del proceso. Es una tentativa de supervivencia para conseguir huir de eventuales castigos de la Justicia. Siempre dejó muy claro que tiene miedo de ir a prisión", afirmó a EFE Peres.

Aunque la manifestación de la Paulista puede volverse en su contra, como advierte la abogada penal Maíra Fernandes, profesora invitada del centro de estudios Fundación Getulio Vargas (FGV).

"Si llegara a incitar a la práctica de algún crimen, con declaraciones golpistas o que atenten contra las instituciones democráticas", como hizo anteriormente, "puede correr el riesgo de ser detenido" in fraganti o de forma preventiva, según Fernandes.

Ello supondría "un nueva práctica del crimen dentro de un contexto en el que ya es investigado por esos delitos", alerta.

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