Nuevo escándalo en empresa estatal Quipus más allá de las denuncias de pérdidas económicas

Brújula Digital |30|09|19|

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural presentó denuncia penal, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes y otras figuras penales, contra de cinco exejecutivos de la empresa estatal Quipus, además del representante de la empresa Rxart SRL

De acuerdo a la denuncia de la ministra Nelida Sifuentes, los cinco exfuncionarios de Quipus son procesados, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación de un contrato por 40,8 millones de bolivianos.

El caso se refiere a la contratación directa para la adquisición de partes y piezas destinadas a la fabricación de 40.000 teléfonos celulares de los modelos Tinku LTE y Heka 3G, de la estatal Quipus, según reporte de Pagina Siete.

Freddy M.R., exgerente general de Quipus; Edgar G.F.M., exgerente de Producción; Carlos C.R., exjefe del Departamento SKD; Marcelo H.E.B., exjefe de Tecnología, y Verónica E.S., ex gerente administrativa financiera de Quipus, son los cinco exejecutivos de la empresa Quipus identificados en la denuncia penal que también implica a Gabriel M.O., representante de la empresa Rxart SRL.

Irregularidades en el proceso de contratación

El 25 de julio de 2015, la estatal Quipus inicio un proceso de contratación para la adquisición de partes y piezas destinadas a la fabricación de 35.000 celulares del modelo Tinku LTE de alta gama y 5.000 Heka 3G de gama media.

Al culminar el plazo de contratación, el responsable del proceso de contratación y el gerente general de la empresa Quipus declararon desierta la convocatoria y el 15 de septiembre de ese año, el gerente de Producción de Quipus, solicitó la contratación por medio de invitación a la empresa Rxart SRL, empresa que debía encargarse de la provisión de los componentes, por un valor de 40.890.000 bolivianos, con un plazo de 85 días para la entrega de las piezas.

La empresa estatal justificó la contratación directa con el argumento que el ensamblado de los teléfonos permitiría a Quipus participar en la licitación pública 052/2015, convocada por Entel, que demandaba la provisión de 100 mil teléfonos móviles.

En la documentación que se tiene respecto a la investigación del caso, se señala que, durante la primera fase de ese proceso de contratación, la propuesta de Quipus fue descartada por la comisión de calificación de ENTEL, “porque no cumplía la condición de ‘a primer requerimiento’”, pero a pesar que la propuesta fue inhabilitada de la convocatoria por la empresa estatal de telecomunicaciones, prosiguió el proceso de contratación directa de Quipus para la compra de piezas

Debido a que la contratación directa continuó, el 23 de septiembre de 2015, Quipus suscribió contrato con Rxart, otorgándole un plazo de casi tres meses para la entrega de las piezas.

Días antes de que se cumpla el plazo, Rxart solicitó postergar la entrega bajo el argumento de que tendría “problemas con los proveedores de China”, según consta el Contrato Modificatorio al Contrato Administrativo N° 038.15, documento que se encuentra disponible en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La denuncia presentada por el ministerio de Desarrollo Productivo, da cuenta que, en esta parte del proceso, la empresa Quipus ya había entregado un adelanto económico de los 40,8 millones de bolivianos presupuestados.

El contrato modificatorio establecía que la nueva fecha de entrega de piezas debía ser el 1 de febrero de 2016, pero el proveedor volvió a incumplir el plazo y solicitó una nueva ampliación, pedido que fue aceptado por Quipus.

Para aumentar las irregularidades en el caso, tres días antes de la fecha límite de entrega, Rxart solicitó otra prórroga “debido a problemas en la Aduana de Estados Unidos”, solicitud fue atendida por la empresa estatal que extendió el plazo de entrega hasta el 11 de junio de 2016.

En una parte del contrato firmado entre Quipus y Rxart, se establece que la estatal “podrá otorgar un anticipo, a requerimiento del proveedor, cuyo monto no debería exceder el 20% del monto del contrato…”, por esto se deduce que el proveedor recibió un adelanto de 8,2 millones de bolivianos, correspondiente al 20% del valor total del contrato, de 40,8 millones.

La denuncia penal en virtud a esos antecedentes, señala que el representante de la empresa Rxart se favoreció con recursos económicos del Estado, sin haber cumplido el contrato en los objetivos y plazos señalados, y causó graves perjuicios.

La denuncia penal contra los cinco ex funcionarios de Quipus y el representante de la empresa Rxart, tiene como base el informe de la Unidad de Transparencia de la estatal del 23 de enero de 2019, se los acusa de “enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y enriquecimiento de ilícito de particulares con afectación al Estado”.