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Economía | 17/10/2021

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

Una disposición de la UIF puso en alerta a varios sectores. Foto: Internet

Brújula Digital |16|10|2021|

“Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un riguroso proceso de investigación vinculada a operaciones sospechosas que realizan en el sistema financiero”, revelaron a este medio fuentes económicas.

Para conocer de forma oficial si esto es evidente, Brújula Digital preguntó a la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivett Espinosa, cuantos procesos diarios eleva la UIF como operaciones sospechosas.

“Eso no sabría decirle, tendría que averiguar en la UIF, esa es información va directamente a la UIF”, respondió al requerimiento periodístico a pesar que esa cartera ministerial estuvo, las últimas semanas, defendiendo la validez del proyecto de ley antilegitimación de ganancias ilícitas y los alcances que tiene.

El reporte llega a través de un instructivo para que “bancos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Bolsa Boliviana de Valores, dispongan en un plazo inmediato, información que pongan en antecedentes que tipo de transacciones económicas realizan, porque montos, y sobre todo, donde movilizaron capitales”, relataron uno de los voceros que pidieron anonimato para no sufrir represalias de parte del gobierno.

Las fuentes relataron que la UIF tiene emplazados en los bancos y otras entidades financieras, personal de confianza para operar coordinadamente en procesos declarados como “operaciones sospechosas”. Para investigar a las personas, “no necesitan una ley, vale solo una disposición interna de la UIF”, apuntaron las fuentes.  

Asuntos confidenciales

Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos.

“No podría darle yo esa información (sobre el número de casos), es un tema confidencial que maneja la UIF, yo pediría que pueda comunicarse con la UIF, de manera formal (para recabar información)”, respondió la autoridad a la consulta hecha a través de un contacto telefónico.

Frente a la respuesta, este medio solicitó también a Espinoza, si conoce que la UIF lleva adelante, rutinariamente, procesos de investigación por operaciones sospechosas bajo la categoría PEP.

“Yo no tengo nada que ver, usted sabe que la UIF es totalmente independiente, hay otros temas de coordinación, pero no en estos casos”, respondió tajante la viceministra.

Ante la insistencia de este medio para saber si la categoría PEP está vigente, Espinoza admitió que está clasificación existe.

“El tema de las personas expuestas políticamente es un tema que se lo maneja a nivel internacional, no solamente a nivel de Bolivia”, aseveró la viceministra.

El jueves pasado y producto de una presión social que amenazó con movilizaciones masivas, el presidente, Luis Arce, decidió retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, una norma a la cual hasta los movimientos sociales afines al MAS se pusieron en contra.

La decisión, sin embargo, no logró bajar la tensión. Los gremiales seguirán movilizados, mientras que la presión de la COR, la Fejuve y las organizaciones alteñas emitieron el fin de semana sendas amenazas de movilización si el gobierno no termina por “erradicar” una batería de normas que están dirigidas a fiscalizar el patrimonio personal de la población en el Estado.

La decisión gubernamental de aplicar, de forma unilateral, instructivos, reglamentos que implican, en los hechos “espionaje político y financiero al máxima nivel” según los voceros, está oficializada también por la Resolución Administrativa No. UIF/015/2021, que aprobó el pasado 25 de junio de 2021 la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Sobre la vigencia de la resolución, una  también solicitó a Espinoza información para saber cómo y bajo qué condiciones está vigente y/o aplica, actualmente la UIF.

“Eso no es nuevo, el tema de las PEP, no es nuevo, viene de años atrás, (ahora) el instructivo que ha sacado la UIF, también es otra normativa que viene de más atrás, no son nuevas estas normativas”, respondió.

El artículo 17 de ese cuerpo normativo denominado Identificación de Persona Expuesta Políticamente, dispone textual lo siguiente: “I. El Sujeto Obligado (es decir, el Notario de Fe Pública y/o funcionario público de una oficina consular del Estado), debe identificar si su cliente o el beneficiario final es una Persona Políticamente Expuesta, según la lista de cargos remitida o publicada por la UIF.

II. Para identificar si el cliente o beneficiario final es una PEP, podrá pregunta directamente a estos, verificar con la información pública disponible o utilizar otros mecanismos disponibles.

III. Si el sujeto obligado realiza un servicio notarial para un cliente o beneficiario final que es un PEP nacional o extranjera, está obligado a realizar además, una debida diligencia intensificada obteniendo y conservando la información adicional sobre el origen de los fondos y su finalidad”.

La resolución además indica que la condición de PEP se mantendrá por 10 años, después que el sujeto hubiera cesado en sus funciones, y que los sujetos obligados deberán remitir la UIF, trimestralmente, su base de datos actualizada de clientes PEP, hasta el día 20 del mes siguiente al sistema aprobado por la entidad de vigilancia financiera.

Los Notarias de Fe Pública junto a las entidades financieras, constituyen en este sentido, brazos estratégicos para identificar a las PEP, qué según las fuentes, ya entró en vigencia durante el gobierno del expresidente, Evo Morales (2006-2019) y que, el nuevo gobierno, “profundizó el sistema”.

La resolución por el cual aprobó un instructivo para “Notarias y Notarios de Fe Pública en prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” se halla vigente.

Dividida en seis capítulos y 27 artículos ordena la implementación de medidas de prevención contra la legitimación de ganancias ilícitas a Notarios y servidores públicos de las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El artículo 4, señala que los sujetos obligados como son las Notarías de Fe Pública, así como los servidores públicos de las oficinas consulares deberán reportar informes precisos sobre documentos de compra y/o venta de bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro; así como documentos de constitución, modificación y disoluciones de sociedades.

Persecución financiera de baja intensidad

Varias personas que fueron objeto de la investigación en los términos que dispone la resolución, comentaron que sufrieron represalias intolerables que incluso, vulneraron derechos civiles y constitucionales elementales.

“En promedio y dependiendo del caso, la investigación a las personas identificadas bajo el denominativo de PEP, se extiende por 90 días. Durante ese tiempo, revisan absolutamente todo, recaban información sobre la vida familiar más íntima e incluso, presionan, externamente, para reportar información que permita verificar sospechas irregulares sobre movimientos económicos, así no existan suficientes pruebas”, relataron las fuentes consultadas.

Los testimonios revelan que la “UIF junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desatan procesos de investigación sobre actividades económicas que realizan, las cuentas bancarias que tienen, el tipo de transacciones financieras que realizan, absolutamente sobre todo”.

La persecución es “intolerable y en muchos casos, los sujetos investigados terminan renunciando a cargos jerárquicos en las empresas”, denunciaron las fuentes.

Sustento legal, ante todo

Espinoza apeló al respaldo legal para explicar, en parte, como funcionan los procesos de investigación por operaciones sospechosas.

“Tiene que diferenciar los procesos de investigación que hace la UIF dentro de un marco legal (de lo que son) los procesos en el ámbito judicial. Los procesos administrativos que ya están y tiene la UIF (responden a un) marco legal para hacerlo. (Sucede lo mismo en ámbito judicial). Hay diferentes marcos normativos que ya están en vigencia bajo los cuales se han estado realizando este tipo de investigaciones”, argumentó la autoridad.

Volvió a señalar también que los procesos de investigación en los marcos que franquea la UIF, “no es algo nuevo, es algo que lo ha estado haciendo la UIF desde el año 1997”.

BD



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