El diputado Hinojosa explicó que se pedirá que la propuesta normativa sea tratada en la sesión del pleno de la Cámara Baja de este jueves.
Brújula Digital|22|10|25|
La mañana de este miércoles, la Comisión de Economía Plural de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley para agilizar la compra de combustible sin la mediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianjos (YPFB) y lo remitió al presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.
“Como ha sido derivado de la Cámara de Senadores, nosotros nos convertimos en cámara revisora. En esta comisión se ha aprobado ahora un informe se va a derivar a la presidencia de la Cámara de Diputados”, informó el diputado Hernán Hinojosa (MAS) presidente de la instancia.
La propuesta se denomina “Proyecto de Ley corta, excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia” y fue presentada la semana pasada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien la remitió a la senadora de Creemos Centa Reek.
Hinojosa explicó que se pedirá que la norma sea tratada en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados de este jueves. Para esto se solicitará la modificación del orden del día para que el proyecto se tratado como primer punto.
La propuesta, sin embargo, también debe ser evaluada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, aunque aún no se ha agendado su tratamiento.
“La Comisión de Planificación no creo que se oponga. (…) En esta comisión vamos a pedir la modificación del orden del día y que mañana sea tratado. YPFB se aplazó, destruyó la economía y parte productiva, no han garantizado la seguridad alimentaria. Por lo tanto, estamos todos los diputados que mañana vamos a aprobar”, afirmó.
El proyecto de ley plantea que las estaciones de servicio puedan adquirir combustible sin la mediación de YPFB, con el fin de agilizar la distribución y garantizar el suministro de diésel y gasolina en el país.
El presidente de los cívicos cruceños, Stello Cochamanidis, explicó que la propuesta legal surge a raíz de la crisis de combustible que vive el país y que pone en riesgo la cosecha y siembra de productos en el oriente boliviano y, por consiguiente, la seguridad alimentaria del país.
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