Más allá del resultado de la segunda vuelta, se espera que los campos minados sean superados con base en acuerdos estratégicos para facilitar la gobernabilidad en el Legislativo y la paz social en las calles.
Brújula Digital|24|09|25|
Reynaldo Marconi
La transición gubernamental de noviembre de 2025 se producirá en un contexto de crisis y la urgencia de las medidas de ajuste. La crisis económica deja como herencia “campos minados” originados en los desaciertos de gestión pública.
Más allá del despilfarro del gasto público corriente, de la discrecionalidad en inversiones públicas y la irracionalidad en la creación de empresas públicas, el mal mayor de la gestión pública de los últimos 20 años es la herencia de campos minados originados en la obsesión masista, con el modelo de intervención pública, basada en rentismo y políticas públicas erradas respecto a los precios de los combustibles, la energía y el tipo de cambio.
El desastre en hidrocarburos lo vivimos hoy ante las colas para el suministro de diésel y gasolina. En estos últimos años hemos transitado el cambio de país productor y exportador de gas a país importador de combustibles y a tener una balanza comercial energética negativa.
La política de subsidios a la gasolina y al diésel ha respondido al objetivo de mantener niveles bajos de inflación y sostener el consumo. Esta política constituye hoy una sangría de divisas y una fuente originadora del déficit fiscal. Para mal, el contrabando de combustibles es fuente de negocios ilegales para quienes acceden a precios subsidiados. Hoy el levantamiento del subsidio es necesario en términos financieros, pero su conflictividad social la convierte en un campo minado para la gestión gubernamental futura.
En 2004 y 2010 se intentó el ajuste de precios, pero abortaron por las implicaciones sociales. Pudo encarase ajustes progresivos, pero no se lo hizo, y el costo ha sido el agotamiento de las reservas internacionales netas y el incremento de la deuda pública, y ahora su aplicación se enfrenta a un campo minado para sostener la política de subvención. Las empresas públicas, plantas sectoriales, creadas con deficiencias de factibilidad técnica y financiera, constituyen una carga para el Tesoro de la nación y la industrialización es solo propaganda gubernamental.
Por su parte, la falta de divisas ha desnudado la “crisis energética”, que se convierte en una amenaza real y mayor para 2028. Según estimaciones de Alvaro Rios (BD 01/06/2025), el país exportó el 2014 $us 6.100 millones entre gas natural y otros, e importó diésel y gasolina por $us 1.000 millones, con superávit de $us 5.100 millones. En 2024 se dejó de exportar gas a Argentina y en 2025 se estima importar el 90% de la demanda de diésel y cerca del 60% de gasolina. Si no cambian las cosas, con subsidios y contrabando, a finales de 2029 el país importará hidrocarburos por $us 6.000 millones. Este escenario probable es dramático y una advertencia para cambiar de rumbo.
Al levantarse la subvención a los carburantes su impacto afectará estructuralmente a los costos de generación de electricidad y, por principio de gestión sana, el efecto automático será el reajuste de los precios y las tarifas de consumo de energía eléctrica. Nuevamente, el subsidio a los carburantes es un campo minado para la economía boliviana, que incidirá en la producción y abastecimiento de alimentos, el comercio exterior, y va a generar el incremento de precios de bienes y servicios en la economía.
Esta situación es aún más dramática considerando que las plantas de generación eléctrica dependen de la provisión de gas en más del 65%. En los últimos 20 años se optó erróneamente por la construcción de termoeléctricas que funcionan con gas natural. El año 2024, el 66% de la generación eléctrica depende del gas.
Hacia el año 2000, la fuente principal de generación era hídrica, que representaba 55% de la generación total, la cual en el presente representa solo 24%.
Si la producción de gas no aumenta o si se mantiene la carencia de divisas, la crisis energética es un riesgo y amenaza real para el funcionamiento de la economía, un colapso económico y productivo, pues, en el consumo energético por sector económico, el transporte, motor de la economía, es el principal consumidor de energía (gasolina y diésel, 56%); seguido en importancia por los sectores industrial y residencial.
Por otro lado, desde 2011 el gobierno mantiene el tipo de cambio fijo en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. La crisis de divisas explotó a principios de 2023. Desde entonces el gobierno se ha resistido a asumir alternativas al tipo de cambio fijo. El desastre lo conocemos hoy con un tipo de cambio paralelo oscilante, con una brecha que supera el 100% del tipo de cambio oficial.
Las Reservas Internacionales Netas han sido agotadas y el gobierno ha asumido la política de aumentar el endeudamiento externo. Muchos de los productos para los procesos productivos, insumos, medicamentos, alimentos, etcétera, que son de consumo masivo, se comercializan con el tipo de cambio de mercado y los precios finales hasta se duplicaron.
Así, la denominada política de “blindaje de la economía y del modelo,” basada en la subvención de los hidrocarburos, energía, convivencia con tipo de cambio oficial y de mercado, restricciones para las exportaciones, etcétera, hoy son campos minados para la futura gestión de gobierno.
Ese es el contexto que el masismo deja como herencia a ser encarado por el ajuste. Ésta, aunque impopular electoralmente, debiera ser la preocupación central de la futura administración. Al respecto, varios analistas han abordado las opciones e implicaciones.
Los candidatos para la segunda vuelta adelantaron su posicionamiento. Uno partidario del gradualismo y el otro partidario de shock. Como dice un amigo, más allá de la ortodoxia se debe encarar el ajuste sin populismo ni improvisación, no hay lugar a conjeturas.
La economía precisa el ajuste con urgencia y los frentes en disputa, y sus equipos económicos tienen el tiempo para encarar y preparar sus programas de ajuste, definiendo su alcance y prioridades.
La definición estratégica es si el ajuste se limitará a encarar la crisis económica que agobia al país o si se incluirá medidas para la reconstrucción de la economía.
Primero, para encarar la crisis, es imprescindible restituir la independencia del BCB en sus funciones definidas por ley, velar por la estabilidad en los precios y la fortaleza de la moneda.
Para la inyección de divisas frescas, del FMI u otras fuentes, facilitar el funcionamiento del Bolsín. Segundo, para el levantamiento de la subvención a los carburantes existen las opciones de hacerlo de manera estructurada, segmentando el mercado por tipo de usuarios y destino del combustible, con ajustes en el BSISA en la ANH, definiendo precios de apoyo para el transporte público.
Tercero, no hay duda que el achicamiento del Estado, buscando su modernización y mayor eficiencia, incidirá en el déficit fiscal. Luego, la evaluación individualizada de las empresas públicas permitirá definir cuáles se mantienen bajo control estatal, cuáles se transfieren en propiedad y/o de gestión; cuáles son objeto de cierre y liquidación.
Estas medidas generarán despidos que, en ningún caso, son equivalentes a la relocalización de mineros del 85, por sus implicaciones sociales.
Cuarto, es necesario restituir la confianza en el Sistema Financiero Nacional, que fue afectado en el “corralito” instituido con las medidas de los depósitos en dólares. La propuesta de diferimiento de las obligaciones en vivienda de interés social y crédito MyPE, podría constituirse en otro campo minado por las implicaciones en la liquidez de las entidades financieras y, fundamentalmente, en la moral de pago.
Quinto, después de dos decenios de estatismo, de agotamiento del modelo rentista y prebendal, urge construir un nuevo modelo de desarrollo para el país, delimitar los roles del Estado, del sector privado y de la denominada economía comunitaria. Promover la inversión privada, nacional y extranjera e identificar los desafíos de vivencia y cohesión social. En ese campo es preciso definir los ritmos y cambios en la naturaleza de la matriz energética.
Más allá del resultado de la segunda vuelta, se espera que los campos minados sean superados con base en acuerdos estratégicos, para facilitar la gobernabilidad en el Legislativo y la paz social en las calles.
Reynaldo Marconi es economista.
