El Ministerio de Economía aseguró este lunes que el anteproyecto de Ley que plantea suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales de créditos de vivienda social y diferir por seis meses los pagos no compromete la estabilidad del sistema financiero.
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró este lunes que el anteproyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales de créditos de vivienda social y diferir por seis meses los pagos de micro y pequeños prestatarios, no compromete la estabilidad del sistema financiero.
En un comunicado oficial, la entidad Estatal recalcó que la medida es temporal, específica y focalizada, y que no implica condonación de deudas ni intervención en los contratos entre prestatarios y entidades financieras. “Se trata de una disposición responsable y oportuna que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos para las familias y pequeños emprendedores afectados por la crisis”, detalla el documento.
El Ministerio precisó que el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total, muy por debajo del registrado en 2020, cuando alcanzó el 10,4%. Al 31 de julio de 2025, el saldo de diferimiento apenas llega al 1,4%, lo que —según el Gobierno— demuestra la sólida cultura de pago de los prestatarios.
El anteproyecto, actualmente en debate en la Asamblea Legislativa, fue presentado por el presidente Luis Arce en junio y busca dar un respiro a las familias en riesgo de perder sus viviendas, además de proteger a las micro y pequeñas unidades productivas, consideradas el motor de la economía nacional.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, subrayó en esa oportunidad que la iniciativa responde a los efectos de bloqueos, fenómenos climáticos y conflictos sociales que golpearon al país en los últimos años. “La intención es dar un respiro a las familias y unidades productivas, no desestabilizar al sistema financiero”, enfatizó.
El Gobierno recordó que en 2024 las entidades financieras cerraron con una utilidad histórica superior a 389 millones de dólares, lo que —a su juicio— demuestra que existe solvencia suficiente para respaldar medidas de alivio temporal.
¿Qué dijo la ASOBAN?
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó la pasada semana su preocupación frente al proyecto de ley, al considerar que la medida “podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero” y restringir la colocación de créditos, limitando el acceso al financiamiento de los sectores más vulnerables.
ASOBAN reiteró que está dispuesta a atender casos de prestatarios afectados de manera individual, pero pidió a los legisladores evitar la aprobación de disposiciones que, según su criterio, desestabilicen al sistema.
BD/LE
