El mundo avanza vertiginosamente hacia sistemas de administración y control más ágiles, digitalizados y centrados en resultados, y nuestra normativa debe acompañar ese cambio sin perder su esencia.
Brújula Digital|01|09|25|
Nelly Salinas
Desde su promulgación, el 20 de julio de 1990, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, conocida popularmente como “Ley Safco”, se convirtió en un pilar de la administración pública boliviana. Su objetivo fue claro: programar, organizar, ejecutar y controlar los recursos del Estado de manera ordenada y eficiente. Además de definir el tipo del nivel de responsabilidades del control interno previo y posterior, y el control externo, de las responsabilidades en las que se puede incurrir por acciones u omisiones y delitos de los servidores públicos y todos los que se relacionan de manera contractual con el Estado.
En sus primeros años esta norma generó inquietud, no solo entre los servidores públicos, sino también en el sector privado, debido a su alcance y a la exigencia de aplicar principios universales de control y administración en el ámbito estatal.
Sin embargo, gracias a los procesos de capacitación masiva, liderados por la Contraloría General de la República –hoy Contraloría General del Estado– otras instituciones públicas e incluso institutos privados se logró su implementación y la capacitación de los encargados de implementarla. Es así que contar con formación y certificado de haber cursado la Ley Safco y algunos de sus sistemas constituye un requisito indispensable para acceder a cargos en la administración pública.
Pese a ello, con el tiempo surgieron voces que cuestionaron su aplicación, sus resultados e, incluso, propusieron su eliminación. Sin embargo, los hechos han demostrado que esta norma no solo sigue siendo necesaria dada su característica de ser una ley marco y sistémica, sino que representa el fundamento para la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Lo que sí debe discutirse es su adecuación a la realidad actual. El Estado boliviano de hoy no es el mismo de los años 90. El mundo avanza vertiginosamente hacia sistemas de administración y control más ágiles, digitalizados y centrados en resultados, y nuestra normativa debe acompañar ese cambio sin perder su esencia.
La solución no está en desechar lo construido y lo aprendido, sino en fortalecer lo que funciona. Simplificar los procedimientos que se encuentran en los reglamentos de los sistemas y sus manuales específicos, que son excesivamente burocráticos y repetitivos, para garantizar que los sistemas de administración y control respondan a las necesidades reales del país y de la vida moderna.
La Ley 1178 es una herramienta valiosa, corresponde a todos autoridades, profesionales y ciudadanos trabajar por su modernización. Es necesario hacerlo, de modo que siga cumpliendo su verdadero propósito: servir a Bolivia y a su gente.
Nelly Salinas es auditora y abogada.
