Asambleístas advierten sobre 20.000 cooperativas mineras ilegales y presentan proyecto de ley para endurecer sanciones

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La proliferación de al menos 20.000 cooperativas mineras ilegales en Bolivia está causando graves daños ambientales y sociales. Frente a esta problemática, los asambleístas departamentales Fernando Condori, Israel Alanoca y Arturo Deheza presentaron un proyecto de ley que busca incrementar las penas de cárcel hasta 10 años para quienes exploten recursos de manera ilegal, además de confiscar la maquinaria utilizada en estas actividades ilícitas.

“Cuando nos reunimos con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), nos informaron que solo existen 1.500 cooperativas legales. Sin embargo, hay 20.000 empresas ilegales operando en el país. La AJAM no cuenta con la capacidad suficiente para realizar inspecciones, pues en el departamento de La Paz solo tiene cuatro abogados. Es lamentable la situación y la minería ilegal sigue expandiéndose sin control, con miles de árboles talados y un grave impacto ambiental”, alertó Fernando Condori, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.

Ante esta creciente amenaza, los legisladores departamentales impulsaron un proyecto de ley que endurece las sanciones con hasta 10 años de prisión para los responsables de la minería ilegal, con penas agravadas para quienes operen en áreas protegidas. Además, la norma plantea la confiscación de maquinaria pesada utilizada en estas actividades ilícitas.

“Este proyecto de ley autoriza la confiscación de bienes motorizados vinculados a la explotación ilegal de recursos minerales. Queremos sanciones drásticas, similares a las aplicadas en casos de narcotráfico, para las empresas mineras ilegales. Además, proponemos modificar el Código Penal para elevar las penas de 6 a 10 años de prisión para quienes practican la deforestación, utilizan mercurio y causan daños ambientales”, explicó Israel Alanoca, asambleísta departamental y proyectista de la norma.

La propuesta legislativa, que consta de 15 artículos, una disposición transitoria y una disposición abrogatoria, fue remitida a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Cecilia Requena. Los asambleístas confían en que el proyecto sea tratado con urgencia para convertirse en una herramienta efectiva contra la minería ilegal.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ALDLP, Arturo Deheza, informó que en una reciente inspección junto a la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) y la AJAM, se interpuso una denuncia penal por explotación ilegal de oro en Naranjani, provincia Inquisivi. Durante la inspección, se identificó maquinaria sin registro legal y el uso indiscriminado de mercurio.

“La empresa denunciada opera con maquinaria aparentemente ilegal, incluyendo una tornamesa remarcada, una volqueta Volvo sin placa y una camioneta Nissan Terrano azul sin placa. Se evidenció que estas acciones afectan la plataforma del terreno y desgastan el talud de los alrededores, además del uso descontrolado de mercurio”, señala la denuncia presentada el 19 de febrero.

Deheza también alertó que la minería ilegal está afectando ruinas arqueológicas y provocando daños potencialmente irreparables.

“Desde la Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental, hemos recibido denuncias de comunarios y realizado varias inspecciones. Hemos observado deforestación, contaminación del medio ambiente, cuerpos de agua, suelo y aire. En nuestra inspección en Naranjani, constatamos la destrucción de ruinas arqueológicas y la contaminación del río con mercurio. Los comunarios nos informaron que ya no hay peces en el río, cuando antes sí los había”, denunció Deheza.

BD/RED