Tras paro, sectores insisten en derogar norma confiscatoria y prevén más movilizaciones; Gobierno lo ve innecesario

Brújula Digital|10|02|25|

Luego de cumplirse este lunes un paro de 24 horas en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), denominada confiscatoria, sectores reiteraron su exigencia de derogación de esa norma y anunciaron protestas escalonadas. El Gobierno advirtió que las movilizaciones son innecesarias.

La ratificación del pedido de derogación de esa normativa fue expresada por el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, y por Édgar Álvarez, dirigente del sector gremial.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Frerking descartó cualquier posibilidad de diálogo con autoridades del Gobierno sobre esta disposición séptima y ratificó que su sector estará movilizado en rechazo a la misma.

Indicó que una vez que se derogue esa normativa, la CAO y los otros sectores productivos acudirán al diálogo con el Gobierno para tratar otros aspectos específicos.

De igual forma, Álvarez reiteró que su sector se mantiene en emergencia y que está listo para iniciar movilizaciones escalonadas en el país para rechazar la disposición confiscatoria.

Adelantó que estas movilizaciones serán definidas en un próximo ampliado multisectorial a realizarse en algún departamento del país. Hasta ahora ya se desarrollaron cuatro reuniones de estas características en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija.

El dirigente gremial no descartó la posibilidad de que las movilizaciones escalonadas empiecen el jueves de esta semana.

Movilización innecesaria

Por parte del Gobierno, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, sostuvo que la movilización de los sectores contra la disposición séptima del PGE es innecesaria, contradictoria y perjudicial.

Nuevamente insistió en el diálogo y reiteró que el Gobierno no tiene la potestad de derogar esa disposición, ya que es parte de una norma que fue aprobada en la Asamblea Legislativa.

La semana pasada, el Senado aprobó una norma que deroga 11 artículos del PGE y nueve disposiciones, entre ellas la confiscatoria. Ese proyecto de normativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

Sin embargo, este lunes, el diputado arcista Andrés Flores indicó que ese proyecto de ley aún no fue remitido a la comisión respectiva para el inicio de su tratamiento.

BD/JJC