Brújula Digital|28|12|24|
Roberto Laserna
Uno de los temas claves para enfrentar la crisis y reactivar el crecimiento en Bolivia durante los próximos años ha de ser el tributario. Como muchos ya lo han planteado con claridad, la crisis actual está dinamizada por el déficit fiscal. El gasto del gobierno es muy superior a los ingresos que obtiene, lo que lleva a recurrir al crédito. Cuando proviene de fuentes externas, comprometen los ingresos futuros. Y cuando proviene de fuentes internas, exige emisión monetaria que devalúa el poder adquisitivo y genera inflación, comprometiendo los ingresos de todos aunque de una manera desigual e impredecible.
La mayor parte de las propuestas que se plantea para enfrentar este problema se concentra en la reducción del gasto fiscal. La reducción de la burocracia, el cambio en las prioridades de la inversión pública, la eliminación de las empresas deficitarias mediante su cierre o transferencia a los trabajadores o a inversionistas privados, el cierre de instituciones innecesarias y la optimización de los servicios con una gestión más eficiente son parte de un menú que sin duda es necesario considerar y seleccionar.
Reducir el gasto fiscal no es fácil. Quienes viven de él tienen mucho poder, tanto si forman parte de gremios y sindicatos de empleados públicos como si son miembros de las camarillas del poder que viven de contratos y comisiones. Todos sabemos que ellos defenderán vigorosamente sus privilegios y medios de vida, incluso disfrazándose para penetrar en los círculos de decisión de quienes proponen reducir el gasto.
La otra parte de la ecuación no es más fácil. Todos sabemos que aumentar los ingresos también reduciría el déficit fiscal. Propuestas en este campo fueron las que alentaron los debates políticos hace 20 años, cuando se anticipaba ya la bonanza exportadora y todos plantearon extraer el máximo posible de la producción de gas y minerales, ya sea aumentando los impuestos al sector o “nacionalizando” las empresas. Pero ni entonces ni ahora se plantea la cuestión del sistema tributario. Los bolivianos no tenemos conciencia tributaria, es decir, no relacionamos derechos con obligaciones de ciudadanía, tendemos a esperarlo todo del Estado y percibimos los impuestos como una obligación que no tiene efectos sobre la vida cotidiana o sobre la economía. El debate político hace ya tiempo ha dejado de educar a los ciudadanos y más bien trata de decirles lo que cree que quieren escuchar. Es la impronta del populismo y la demagogia de la que nadie parece estar a salvo.
Una excepción, como en otros temas, es Juan Antonio Morales. Aunque en un reciente artículo se distrae ridiculizando a algunos opositores, acepta la necesidad de reducir el gasto fiscal, pero también defiende la conservación de una parte del mismo, no recurriendo al crédito o a la inflación sino aumentando los ingresos tributarios. Y hace una afirmación notable al señalar que, descontando los impuestos a los hidrocarburos, “Bolivia tiene una de las presiones tributarias más bajas del mundo” por lo que en vez de reducir impuestos habría que ensanchar la base tributaria. La macroeconomía le da la razón, pero la microeconomía no.
En efecto, si se mide la presión tributaria como proporción de los impuestos respecto al PIB, el indicador en Bolivia estaría entre el 18 y el 22%, pero como algo más de la mitad provenía de las regalías e impuestos a la producción petrolera, el indicador efectivo sería más o menos la mitad, lo que da la razón a Morales: hay campo para aumentar las recaudaciones.
Pero la Cámara Nacional de Industrias se quejó en 2018 que para las empresas afiliadas, la presión impositiva superaba el 34% de sus ingresos, considerando todos los impuestos y las cargas obligatorias de la seguridad social. Esta es una presión excesiva y explica que una gran parte de la actividad económica se desplace por los márgenes de la legalidad para evadir tanta presión fiscal. Es la microeconomía.
Deberíamos tener en claro que ensanchar la base tributaria es imposible sin una reforma fiscal profunda, que reduzca la presión sobre los contribuyentes actuales y ofrezca ventajas a los nuevos contribuyentes para que se incorporen a un sistema institucional que hasta ahora los ha rechazado, perseguido y castigado.
Hace algunas semanas me permití hacer una propuesta en esa dirección a través de un boletín publicado por Fundación Milenio. Propuse eliminar todos los impuestos para establecer un único impuesto de tasa igual que grave los ingresos de todas las personas, naturales y jurídicas. Dicho impuesto debería además ser de fácil recaudación, con un mínimo de trámites y transfiriendo al recaudador la obligación del registro y la información. Es decir, algo que permita a todos cumplir la ley y tener el orgullo de ser contribuyente al desarrollo de su país. Ya existen los medios tecnológicos para hacerlo y con una buena campaña de educación e información, podríamos alcanzar una presión tributaria equitativa y eficiente.
No es posible ampliar detalles de la propuesta que puede encontrarse en la página web mencionada, pero no está demás en insistir en la necesidad de continuar este debate, porque debemos encontrar la forma de reducir el gasto fiscal sin causar graves trastornos y aumentar los ingresos sin poner en riesgo las posibilidades del crecimiento económico.
Roberto Laserna es investigador de CERES.