Brújula Digital|04|12|24|
La Cámara Nacional de Industria y Comercio (Cainco) manifestó este lunes su “profunda preocupación” ante el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, presentado por el Ejecutivo y actualmente en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según la institución, el documento refleja la continuidad de un modelo económico agotado y plantea riesgos significativos para la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad del país.
Si el Legislativo no aprueba el presupuesto, y es posible que no lo haga debido a que el oficialismo puede manejar los tiempos de aprobación, el Gobierno puede sancionar el texto, como lo hizo el año pasado.
Cainco destacó que el déficit fiscal proyectado para 2025, de 35.000 millones de bolivianos (equivalentes al 9,2% del PIB), solo podría financiarse mediante opciones que calificó de “altamente nocivas”. Entre estas, mencionó la emisión inorgánica a través del Banco Central de Bolivia y la gestora pública de pensiones, así como un endeudamiento externo de 14.000 millones de bolivianos (2.000 millones de dólares), lo cual incrementaría la carga sobre la economía nacional.
Además, la entidad criticó la falta de medidas para incentivar las exportaciones y atraer inversión extranjera directa, elementos que considera esenciales para la sostenibilidad económica. También advirtió sobre la práctica del Ejecutivo de incluir disposiciones en la ley financiera que contradicen normas previas, debilitando la institucionalidad del Banco Central.
“La crisis económica que atraviesa el país desde 2023 exige ajustes profundos en la política económica, pero el proyecto de presupuesto presentado no solo ignora esta realidad, sino que reproduce errores del pasado”, señaló Cainco.
Por ello, la institución exhortó a los legisladores a rechazar el PGE 2025 en su forma actual y exigir su modificación al Ejecutivo, priorizando soluciones efectivas para las necesidades urgentes del país.
Subvención a los combustibles
El tema del subsidio a los combustibles es uno de los que más problemas genera en la administración pública en Bolivia. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que el PGE de 2025 dispuso un monto muy elevado: 2.900 millones dólares, lo que equivale a alrededor de 56 millones de dólares semanales.
Esta política permitirá que el precio del diésel se mantenga en 3,74 bolivianos y el de la gasolina en 3,72, equivalentes a 0,53 centavos de dólar, es decir un tercio de lo que cuesta en los países vecinos.
La dependencia de los carburantes importados está en crecimiento ante la disminución de la producción boliviana y la crisis de la industria petrolera nacional.
En 2014, Bolivia producía 18,6 millones de barriles de petróleo al año, pero en 2023 esta cifra cayó a 8,6 millones, una reducción del 54%, lo que en parte ha originado la crisis económica actual, marcada por la escasez de dólares que dificulta las transacciones internacionales en esa divisa.
El Proyecto de Presupuesto presenta un gasto consolidado de 296.565 millones de bolivianos (42.609 millones de dólares al tipo de cambio oficial).
El plan proyecta un crecimiento económico del 3,51% y una inflación del 7,5% y asigna 4.024 millones de dólares a inversión pública en sectores estratégicos como hidrocarburos, electricidad y minería. No obstante, expertos cuestionan la viabilidad de estas metas debido a las restricciones financieras y la baja ejecución de inversiones en años anteriores.
BD/RPU