|OPINIÓN|Déficit deliberado|Roberto Laserna|

Brújula Digital|02|12|24|

Roberto Laserna

El Presupuesto General del Estado todavía es un proyecto, pero ya hay razones para temerle. El gobierno ha enviado su proyecto a la Asamblea Legislativa, la cual debería revisarlo y, en su caso, aprobarlo y sancionar como ley. Tiene plazo perentorio para ello y si este proyecto no fuera tratado, el Presidente puede promulgar la ley y ponerla en vigencia.

Como en oportunidades anteriores, el proyecto de ley no se limita al presupuesto sino que introduce modificaciones a otras normas. Esto es algo que muchos observadores han considerado irregular, dado que la jerarquía de la “ley financial” es inferior a otras leyes, ya que debería tener vigencia solamente durante la gestión presupuestaria. Esta práctica fue habitual mientras el MAS tuvo una mayoría aplastante en la Asamblea y se está prolongando ahora, en el supuesto de que el empantanamiento de la Asamblea impedirá tratar la norma y eso permitirá aprobarla sin debate. Lamentablemente, esto debilita la institucionalidad democrática y concede una autoridad excesiva al Ejecutivo, en menoscabo de la Asamblea Legislativa. Es una razón para temerle.

En términos económicos, el Presupuesto plantea un gasto consolidado de la administración pública de más de 296 mil millones de bolivianos. Esta es una cifra bastante más elevada que la del presupuesto de 2024; representa de hecho un aumento mayor al 11%. En situaciones de bonanza esto sería explicable. Si aumentan los ingresos, pueden aumentar los gastos, salvo que uno quiera ahorrar, sucede en cualquier familia. Pero no estamos en bonanza, todo lo contrario. Nos encontramos en un período de crisis y lo demuestra claramente el hecho de que solamente contamos con ingresos para cubrir el 60% de ese presupuesto. Es decir, se está planteando comenzar el año con un 40% de déficit: 120 mil millones de bolivianos.

Para cubrir ese déficit se espera contar con “financiamiento interno” (por 97 mil millones) y el saldo con financiamiento externo (24 mil millones, más o menos). Si el gobierno está gastando mucho más de lo que genera por impuestos, tasas, patentes y otros ingresos operativos, el “financiamiento interno” tienen que ser los ahorros de la gente, ya sean los que se generen en el año (depositando en la Gestora por ejemplo) o los que se extraigan a la fuerza (mediante la inflación, por ejemplo). En rigor, los 97 mil millones de financiamiento interno deberían ser interpretados como un impuesto ciego y escondido que será pagado por todos los consumidores en proporciones imposibles de anticipar ahora, porque dependerán de la manera en que les afecte la inflación, que siempre es desigual.

En cuanto al financiamiento externo, dadas las condiciones económicas del país y su debilidad institucional, solamente se obtendrán recursos, si acaso, de inversionistas de alto riesgo que pedirán elevadas tasas de interés. El costo de ese financiamiento recaerá en los mismos ciudadanos, pero de aquí a unos años.

Es probable que el gobierno quiera justificar este exceso de gasto como si fuera una inversión, esperando por tanto que ésta genere los mayores ingresos que se requieren para pagarla. La experiencia cuenta una historia diferente. La mayor parte de las inversiones públicas no han sido rentables y muchas generan pérdidas continuas varios años después de iniciar operaciones.

En la teoría económica que parece manejar el gobierno, un aumento del gasto estimula la demanda y ésta alienta a su vez la oferta productiva. Pero eso funciona solamente si el aumento del gasto se dispersa mucho en tiempo y espacio, dando justamente tiempo a la oferta para reaccionar. En nuestro caso, solamente ocurre con la Renta Dignidad, que llega a todo el país a lo largo de todo el año, generando una demanda suficientemente dispersa y diversa para no causar inflación y alentar a nuevos productores. Pero, curiosamente, se anunció ya la presentación de un proyecto de ley para recortar ese rubro desde el próximo año, anulando su alcance universal al excluir de su beneficio a los jubilados. Justamente aquellos que sacrificaron su consumo aportando ahorros de largo plazo serán castigados por haberlo hecho.

Siendo realistas, podemos esperar a que la burocracia no alcance a ejecutar este presupuesto inflado y que no se logre el endeudamiento externo que se pretende, de manera que los daños podrían ser menores que los sospechados. Pero puede ser muy duro para la gente, ya que todavía se sigue embalsando la inflación y postergando los ajustes, lo que los hará más grandes y más duros cuando sea ya imposible evitarlos.

Roberto Laserna es investigador de CERES.