|OPINIÓN|¿Pueden los premios Nobel ayudarnos a entender Bolivia?|Elizabeth Jiménez|

Brújula Digital|13|11|24|

Elizabeth Jiménez Zamora

La nominación del Premio Nobel de Economía 2024 trae un aire fresco a los debates sobre economía y cómo resolver las crisis económicas, cuestionando dejar la economía y el bienestar social exclusivamente en manos del mercado. Probablemente los llamados economistas “libertarios” no los hayan leído ya que incluir factores como la historia y la desigualdad en el análisis económico puede resultarles fatigoso.

Desde la perspectiva de Acemoglu, Johnson y Robinson, son precisamente estos “otros” factores los que explican por qué “fallan” las naciones en construir sociedades políticamente estables y con crecimiento económico. Su trabajo enfatiza el rol del contexto institucional, es decir el conjunto de leyes y normas que determinan los incentivos y, por tanto, el comportamiento de todos los agentes, incluyendo consumidores, productores, empresarios, especuladores y bloqueadores de caminos, entre otros. 

Además, la institucionalidad de una economía también incluye aquellos códigos de conducta (hábitos y costumbres) que responden a la cultura de una sociedad, es decir, al “cómo” hacemos las cosas y que generalmente prevalecen sobre el cómo deberían hacerse, de acuerdo a las leyes vigentes.

Una pregunta central es: ¿Cómo se construye este contexto institucional? Y de manera específica: ¿Por qué sociedades como la boliviana terminan con instituciones que fomentan el rentismo, la burocracia, el prebendalismo, la corrupción y los constantes bloqueos que paralizan la economía? Los galardonados nos dicen que esta construcción es “endógena”, es decir, resulta y se explica por condiciones estructurales históricas que han dado lugar a las desigualdades y a la concentración de riqueza. El proceso se desarrolla a lo largo de la historia, no es lineal y no es exclusivamente el Estado a través de sus políticas quien lo define.

El Estado, por ejemplo, a través de la Asamblea Legislativa, emite leyes para la organización de empresas públicas y determina si se decide o no explotar el litio con consorcios internacionales, entre otras alternativas. Sin embargo, no es solamente el Estado el que tiene este poder. Hay grupos con poder económico (llámese empresarios agroindustriales o cooperativistas mineros) que pueden “torcer” la normativa de acuerdo a sus propios intereses individuales y de grupo. Finalmente, hay también un poder político “de facto” que resulta de la capacidad de acción colectiva de algunos grupos sociales, que en determinadas instancias pueden romper la institucionalidad vigente y cambiar el “rumbo de la historia”. ¿Cómo se refleja todo esto en el caso de Bolivia?

A principios del 2024, y como resultado de los recientes incendios, Bolivia ha perdido cerca de 10 millones de hectáreas de bosque amazónico. Esto es un resultado del fuerte poder económico que logró establecer un conjunto de leyes orientadas a consolidar un modelo agropecuario extractivista, con varios actores, incluyendo empresarios agroindustriales, ganaderos, medianos productores y los llamados interculturales, todos ellos con el incentivo perverso de mejorar sus rentas en el corto plazo, aun cuando en el largo plazo pierde la sociedad en su conjunto.

Sobre el rol de la acción colectiva, varios episodios recientes muestran su importancia en la construcción de la institucionalidad boliviana. La llamada “guerra del agua” del 2000, por ejemplo, resultó de la acción colectiva organizada que impidió la privatización del agua durante el gobierno de Banzer. En el 2003, la “guerra del gas” comenzó con la demanda de no exportar gas natural a Chile; luego se pidió una Asamblea Constituyente que reorganizara el Estado, y finalmente se demandó la renuncia del entonces presidente de la república, Sánchez de Lozada, quien efectivamente terminó huyendo del país.

A finales de octubre del 2024 nos enfrentamos nuevamente a grupos sociales con poder político de facto, que desafiando la institucionalidad vigente pretenden establecer su derecho a voz y acción. Más allá de que la motivación detrás de estos movimientos haya sido cuestionada, no se puede negar su capacidad de acción colectiva y de movilización. La gran pregunta es: ¿lograrán los bloqueos de octubre del 2024 cambiar la institucionalidad y el rumbo de la historia?

La institucionalidad de una economía como la boliviana es el resultado de un conjunto híbrido de leyes y normas, algunas siguiendo lo que funcionó en otros países y que generalmente no llegaron a cumplirse. Otras hechas a la medida de intereses de grupos con poder económico suficientemente fuerte para torcer la normativa a su favor. Finalmente, están también las acciones de grupos sociales actuando colectivamente que en determinados momentos históricos lograron cambiar la institucionalidad vigente.

Volviendo a la crisis económica, queda claro que hay medidas económicas que tendrían que tomarse, como la reducción del gasto público, que incluye eliminar la subvención a la gasolina, tema evadido por sus consecuencias políticas. Sin duda, la aplicación de medidas de shock podría brindar estabilidad económica en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, tendríamos que apuntar a la construcción de una institucionalidad sólida, con leyes que efectivamente se cumplan, limitando las posibilidades de torcer la ley en favor de grupos con poder económico de facto y apuntando a mayor igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo lograrlo? Según los galardonados, necesitamos un Estado fuerte y con compromiso social. Pero esto ya es parte de otra historia.

Elizabeth Jiménez Zamora es PhD en desarrollo económico.