Procuraduría reconoce fallo contra YPFB y cree que puede revertirse e incluso anularse

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La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) falló en favor de Shell Bolivia Corporation, exigiendo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el pago de aproximadamente 10 millones de dólares.

Sin embargo, la PGE cree que este resultado puede revertirse e incluso anularse, y ha presentado solicitudes de enmienda, interpretación y aclaración del laudo, con la intención de agotar todas las instancias legales disponibles.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la demanda arbitral presentada por Shell Bolivia Corporation contra YPFB se originó el 20 de febrero de 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez. En respuesta, la PGE activó una estrategia procesal de defensa para enfrentar las reclamaciones de la transnacional.

Recientemente, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) falló a favor de Shell, determinando que YPFB debe pagar aproximadamente 10 millones de dólares a la compañía. Sin embargo, la PGE presentó un escrito solicitando enmiendas, interpretaciones y aclaraciones del laudo, con el objetivo de presentar una demanda de anulación ante una autoridad jurisdiccional boliviana, conforme a la cláusula arbitral correspondiente, según un comunicado hecho por la entidad.

El fallo arbitral concedió a Shell un monto significativamente menor que el solicitado inicialmente, ya que la empresa reclamaba 26 millones de dólares. La decisión de la CCI sólo respaldó cuatro de los seis puntos en controversia. No obstante, “la PGE, en defensa de los intereses del Estado, se compromete a agotar todos los recursos legales disponibles para revertir este resultado parcial”.

Brújula Digital informó, este lunes, que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció públicamente que Bolivia tendría que pagar esos 10 millones de dólares a Shell, lo que, según él, es una prueba de la falta de preparación de las autoridades bolivianas para enfrentar casos internacionales. Ormachea criticó duramente al gobierno actual y al de Evo Morales, calificando el resultado como un "desastre económico" para el país.

El conflicto con Shell Bolivia Corporation se remonta a principios de marzo de 2020, cuando la empresa notificó su intención de acudir a arbitraje contra YPFB, reclamando 26 millones de dólares por deudas relacionadas con la producción y los incentivos a la producción. Este proceso salió a la luz en medio de acusaciones de la PGE hacia exfuncionarios de YPFB por no seguir el protocolo adecuado ante las notificaciones de arbitraje.

Shell ha estado operando en Bolivia desde el año 2000, gestionando el Bloque La Vertiente y explorando el área Huacareta, la mayor área sin desarrollar en el país. Además, la compañía participa en el bloque Caipipendi, que incluye el campo Margarita, uno de los mayores productores de gas en Bolivia, así como en el Bloque Tarija XX Oeste, donde se encuentra el campo Itaú.

BD/RED