|OPINIÓN|De ataduras marxistas a economía de mercado|Mauricio Taborga|

Brújula Digital|12|07|24|

Mauricio Taborga Tejada

Mientras los denominados arcistas y evistas del partido de Gobierno MAS-IPSP pugnan por el poder, el ministro de Hidrocarburos paradójicamente apeló “a la voluntad política” para aprobar nuevas leyes de Hidrocarburos y Litio a fin de lograr mayor incremento en la producción en esos campos.

A su vez, el jefe de la bancada del MAS-IPSP de la facción arcista informó que presentó un proyecto de ley para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos. La iniciativa legislativa plantea desburocratizar los contratos petroleros y pagar el barril de petróleo a precio internacional para hallar 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas.

La tan esperada nueva Ley de Hidrocarburos y la propuesta de reducir la burocracia para la exploración y explotación de hidrocarburos serán sin duda bienvenidas por el sector privado de gas y petróleo, en su alcance de aumentar la producción en los campos existentes y mitigar la declinación natural de los mismos; pero no serán suficientes por sí solas para captar nuevas y millonarias inversiones en exploración y explotación gasífera y petrolera con el objetivo de reponer las reservas probadas de gas natural del orden de 7,1 a 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) y de petróleo de 240,9 millones de barriles que tuvimos en 2017.

Esas afirmaciones indican que las reservas de gas natural hoy en día estarían en el orden de 2 TCF, situación verdaderamente alarmante, ya que tan solo podría atender el consumo nacional de gas natural para los próximos 20 años y dejar del todo de exportar, o una combinación de ambos y acortar la vida útil de las reservas existentes.

Ello hace imprescindible modificar el artículo 366, entre otros artículos de la Constitución Política del Estado de 2009, permitiendo la conciliación y arbitraje internacional cuando se trata de contratos con inversiones del exterior. Sin ello, dar lugar a la participación privada en el desarrollo de nuevos campos en el sector de hidrocarburos sería una falacia ya que las leyes no pueden contradecir la CPE.

Igualmente, el desarrollo de litio está restringido por la CPE y; el litio no compensará la sequía de gas natural; la extracción y producción de carbonato de litio tomará un esfuerzo importante estatal –privado y de largo aliento–, antes de pensar en la industrialización. China y Rusia llevan la delantera en proyectos de extracción directa y producción de carbonato de litio, en los salares de Potosí y Oruro con reservas potenciales de 23 millones de toneladas.

Urge la necesidad de cambiar el régimen fiscal, a 40% para el Estado y 60% para las inversiones privadas, como es en el caso atractivo para los inversionistas en Colombia; y cambiar los tipos de contratos de servicios petroleros o contratos de riesgo compartido u otros a contratos de concesión petrolera con seguridad jurídica.

Los beneficios serían los siguientes, para el sector de hidrocarburos:

Desregulación precio de petróleo; aumento de la producción de gas y petróleo; aumento de la carga de crudo en las refinerías; aumento de la producción de gasolinas y diésel; reducción de la subvención de crudo y combustibles importados; aumento de la renta petrolera; Aumento de la actividad petrolera y reactivación de la economía.

Con las modificaciones a la CPE podría conseguirse un aumento significativo de las reservas de gas natural y petróleo.

Como se sabe, YPFB adquirió un rol protagónico con la Ley de Hidrocarburos 3058 (de 2005), el Decreto de Nacionalización 28701 (de 2006) y la Constitución Política del Estado, pero no opera los principales campos ni descubrió reservas importantes desde entonces.

Hoy en día, Bolivia importa 56% de gasolina y el 86% de diésel, cuando hace una década importaba respectivamente el 22% de gasolina y 50% de diésel.

La producción de gas natural disminuyó de 60 millones de metros cúbicos en 2014, a 31 millones hoy. La producción de hidrocarburos líquidos bajó 63.100 barriles diarios a menos de la mitad.

El plan de reactivación del “upstream” (producción) de YPFB apunta a desarrollar 42 proyectos exploratorios, con inversiones que superan los 1.400 millones de dólares. Este plan busca incrementar la producción de hidrocarburos y la reposición de reservas mediante la optimización de recursos existentes e inversiones en exploración y explotación.

Esas son cifras irrisorias. Lo que Bolivia necesita es una carpeta de proyectos de inversión privada de 15 mil millones de dólares e importantes montos adicionales del sector estatal para lograr lo que teníamos en 2017: 10 TCF adicionales de gas natural y 240 millones de barriles líquidos.

Mauricio Taborga Tejada, empresario, es administrador de empresas con maestría en finanzas.