|ANÁLISIS|Litio e inversiones, volver al pasado o asumir el futuro|José Luis Contreras|

Brújula Digital|03|07|24|

José Luis Contreras C.

En momentos que el “mar de gas” se evapora y la renta petrolera se agota, hay expectativas en Bolivia que el litio y las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) la reemplace. Ambas expectativas se dan en el contexto de conseguir una otra y mejor administración a partir de las próximas elecciones nacionales.

En un muy buen trabajo de Mauricio Medinaceli titulado “¿Qué Podemos Esperar del Litio?” (Documentos de Debate de Oxfam de abril, 2024) se hace una comparación del impacto en el PIB y arcas nacionales de un proyecto de una planta de extracción directa de litio (EDL) nueva que produzca 50 mil toneladas de carbonato de litio, bajo normas impositivas actuales, con las de la renta petrolera en sus mejores años (2011-2015).

Las cifras no son muy alentadoras: la renta petrolera aportó aproximadamente 3% al PIB versus el 1% al 2% del litio en un escenario de precios optimista; los ingresos adicionales para el Estado que fueron de aproximadamente 3.500 millones de dólares, comparan con 300 millones y mil millones del litio en un escenario menos probable; ingresos anuales de exportación de gas de aproximadamente 5.000 millones anuales versus 1,5 mil millones del litio, otra vez, en el escenario más optimista.

Estas cifras presumen que inversores privados inviertan aproximadamente 800 millones de dólares y en base a la tasa de descuento aplicada (19,9% que no incluye el riesgo país) y un precio de 15.881 dólares por tonelada de carbonato de litio, el proyecto tendría un Valor Actual Neto (VAN) de solo 100 millones de dólares en sus 25 años de operación, lo cual la hace una inversión marginal y muy poco atractiva en los términos descritos.

Con precios 50% superiores, el VAN podría llegar a 600 millones de dólares, que apenas cubriría el riesgo país de más de 2.000 puntos básicos, lo que claramente nos señala a que se debe proponer medidas específicas para atraer inversiones mineras que incluyan incentivos tributarios explícitos y seguridad jurídica (en la medida que estas sean creíbles y transparentes).

En ese contexto, evaluamos la propuesta de Ley para el Fomento, Protección y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada de la Fundación Milenio y la contrastamos con el Régimen de Incentivo Para Grandes Inversiones (RIGI) aprobada esta semana por el Congreso argentino.

En un artículo en El Deber en mayo de este año titulado “Así, no” opiné que el proyecto/propuesta de Milenio adolece de “un abordaje conceptual equivocado además de contener un error de diseño con más Estado y menos mercado”.

Dichas limitaciones y errores están ausentes del RIGI argentino (que ya generaron compromisos explícitos de inversión de más de mil millones de dólares con la sola aprobación en Senadores) lo que señalaría que esa iniciativa digna de considerar y, si fuera el caso, de emular.

En mi opinión, la propuesta de Milenio tiene un abordaje conceptual equivocado porque presume sin ningún dato o evidencia explicita, que Bolivia tiene “gran” potencial económico, que es apetecible para inversiones bajo la simple creencia que lo que EEUU “es para México, Brasil puede ser para Bolivia”. Para generar interés y posterior compromiso de los capitales de inversión, las oportunidades se las demuestran, no basta con enunciar lo que podría ser.

En Argentina, en cambio, primero se identificaron áreas explicitas de potenciales inversiones (industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas) y en base a ello se acomodaron incentivos específicos. El RIGI aplica a inversiones de 200 millones de dólares y mil millones para inversiones de exportación a largo plazo a mercados globales.

Los limites propuestos en el proyecto de Milenio son cinco millones de dólares sin distinciones y contempla un primer trámite para la obtención previa de un Registro Nacional de Inversión Privada, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (APIP), un ente estatal quien suscribiría los contratos administrativos de inversión y estabilidad jurídica con los inversionistas.

Para hacer el tema más denso sujeto a componendas estatales-privadas, la APIP financiada por el TGN, tendría un directorio de nueve personas, cuatro nombradas por el Estado, cuatro por gremios empresariales privados y un ‘independiente’ que fungiría como presidente.

En Argentina, para acogerse al RIGI una vez es presentado el proyecto, en 45 días debe ser aprobado o rechazado. Si fuera aprobado, la inversión de adhiere al RIGI lo cual adquiere fuerza de ley que es una garantía significativamente más robusta que la firma de un contrato con la APIP: una “persona colectiva de Derecho Público descentralizada”

Sin embargo, la diferenciación mas importante entre lo propuesto por Milenio y el RIGI es que esta norma aprobada contempla la amortización acelerada de activos y quebrantos impositivos, actualizables por la inflación mayorista, sin límite temporal para su utilización y que pasados los cinco años pueden ser transferidas a terceros. Adicionalmente el RIGI garantiza una estabilidad jurídica por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al RIGI con fuerza de ley; atributos cruciales, especialmente para inversiones intensivas en capital que la propuesta de Milenio no contempla.

Dada la tasa de descuento aplicable en el estudio de Medinaceli (19,9%), medidas como la del RIGI indicadas en el párrafo anterior mejorarían significativamente el VAN del proyecto de litio. Adicionalmente, el RIGI contempla impuestos por remesas de solo 7% y después de siete años se reduce al 3,5%. Milenio propone que este impuesto quede constante en 6,25% (50% del actual).

Sobre el segundo punto de diseño, Milenio recoge la fallida premisa del Banco del Estado de los años 70, proponiendo que el Estado provea “financiamiento preferencial” a proyectos de inversión privados calificados, además de garantías para respaldar sus obligaciones financieras. Esto conlleva el enorme riesgo que, nuevamente, por incumplimiento de los empresarios que tomaron créditos, el país tenga que asumirlos. Además de esta otra arista de corrupción que la propuesta de Milenio tiene, se favorecería a inversores que quieran ampararse en la coyuntura del Estado subsidiando financiamiento y riesgo, más que por la genuina oportunidad económica.

Para empezar a diseñar políticas para atraer IDE no hay que volver al pasado cuando el Estado subsidia préstamos y asume riesgos operacionales que no controla como propone Milenio. Hay que mirar al futuro, entendiendo que los inversores dirigen su capital donde el riesgo/oportunidad sea el más bajo y que no persiguen ni menos consideraran oportunidades basados en declaraciones enunciativas y aspiracionales.

Jose Luis Contreras C. es economista.