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Brújula Digital|18|04|24|
Bernarda Flores
Se acerca el 1 de mayo y nuestro país, tradicional y equivocadamente desde 2006, es el espectador de una negociación de toma y daca entre el Gobierno y la supuesta organización de trabajadores, Central Obrera Boliviana, pretendiendo así retribuir favores políticos echando mano a bolsillos de terceros.
La distorsión es tal que, sistemáticamente se ha obviado incorporar en cualquier debate sobre políticas salariales y laborales a uno de los actores, no sólo jurídicamente posibilitado, sino razonablemente habilitado, como el grupo de empleadores. Ello no sólo es legalmente repudiable, sino moralmente indigno.
Esta posición no tiene como objetivo defender ni encarar ninguna representación por las organizaciones de empleadores, no. Lo que interesa a esta opinión es la reivindicación natural del valor de las empresas como fuentes primigenias y casi exclusivas de generación de empleo digno, no sólo en el país, sino en el mundo.
Las políticas laborales malhadadas del Gobierno boliviano, también en materia laboral y salarial, han supuesto sistemáticamente una tendencia perversa que ha cerrado, poco a poco y de manera contundente, las puertas de acceso a los ciudadanos bolivianos a trabajos bien remunerados, con todos los beneficios inherentes a una relación laboral.
El festejo del 1 de mayo ha impuesto en nuestro país la proscripción total y permanente de los empresarios/empleadores de una lógica racional de diálogo y contribución, incidiendo así en un comportamiento del mercado laboral contrario a los derechos de los propios trabajadores a quienes se supone beneficiar, pero también validando –con todo lo insólito que parezca– la definición entre dos partes, sobre los recursos económicos que pertenecen a un tercero, quien debe pagar el costo de la factura de negociaciones políticas y no técnicas.
El recuento de los daños y la suma de perversiones da como resultado que, al día de hoy, el universo de informalidad laboral ronda el 80% de la población ocupada, lo que supone no otra cosa más que sólo y solamente dos de cada 10 ciudadanos de la población ocupada gozan de todos los beneficios derivados de una relación laboral, impactando certeramente en las posibilidades actuales y sobre todo las futuras de crecimiento y riqueza de los bolivianos.
Pretendiendo un sano retorno a la racionalidad, el 1 de mayo, hoy, debe rescatar también el valor sustantivo de las empresas empleadoras en Bolivia que, pese a todas las limitaciones y obstáculos que el Gobierno les antepone, continúan produciendo y ofertando bienes de calidad y sobre todo garantizando el poco empleo digno que, tal conducta obstaculizadora, permite sostener. Sirva el 1 de mayo para reivindicar este esfuerzo, –proporcionalmente mayor cuanto menor es la envergadura de la unidad productiva– haciéndoles llegar así a todos los emprendedores/empleadores bolivianos el reconocimiento como ciudadana, agradeciendo su esfuerzo de permanencia en un clima de negocios evidentemente hostil.
En proximidades de esta fecha, debiéramos todos proclamar que los empresarios/empleadores bolivianos no necesitan de autorización, ni privilegio alguno para desempeñar sus tareas. Son ciudadanos con igualdad de derechos que los integrantes de la organización de trabajadores –condescendiente con el régimen– y requieren de la preservación de los mismos, sobre todo en lo que respecta a la propiedad privada y libre empresa. Los empresarios/empleadores bolivianos no necesitan del favor gubernamental ni los mendrugos que el Gobierno del Luis Arce, hoy, y el de Evo Morales ayer, entendieron como limosnas ocasionales para satisfacer algunas pretensiones legítimas.
Este 1º de mayo debe honrarse así, la participación de las empresas en el quehacer nacional, las que estuvieron, están y estarán más allá de regímenes ideológicos poco amigables e intenciones gubernamentales adversas al crecimiento y protección de la inversión privada en Bolivia. Este 1 de mayo debemos ratificar nuestro compromiso y reconocimiento al esfuerzo diario de todos los bolivianos que, preservando una visión humana de contribución a la riqueza y prosperidad de la ciudadanía, proveen de mejores bienes y servicios, pagan tributos y contribuciones, y sobre todo procuran garantizar, aún a su costa, fuentes de empleo en el país.
Este 1º de mayo sirva para confirmar el gran valor de las empresas y emprendimientos en Bolivia, recordándoles que son un patrimonio y orgullo nacional que no necesita de validación, favor, ni indulgencia alguna, esperando que, a partir del 2026, retornando a la senda de razonabilidad y civilidad mínimas, se pueda respaldar y reconocer su contribución, así como garantizar plenamente sus derechos, al estar constituidas por ciudadanos tan bolivianos como cualquier otro.
¡Viva el 1 de Mayo! ¡Vivan las empresas bolivianas!
Bernarda Flores Ivanovic es abogada.
@brjula.digital.bo