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Economía | 05/04/2024   07:30

Gobierno dice que es “absolutamente transparente” en política energética y Mesa recuerda que no se publican certificaciones del 2022 y 2023

La asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Rocío Molina, anuncia que YPFB hará conocer el nivel de reservas de gas certificadas. Mesa dijo que el Gobierno “incumple sistemáticamente, como lo hizo Evo Morales, la certificación pública y transparente”.

La asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, y Carlos Mesa de CC. Foto: APG

Brújula Digital |05|04|24|

La asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Rocío Molina, aseguró este jueves que el gobierno de Luis Arce es “absolutamente transparente y serio” con relación a la política energética. El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, exigió en la víspera la publicación de las certificaciones de reservas de hidrocarburos del 2022 y de 2023.

“Debemos dejar bien claro que el Gobierno de Arce tiene una política absolutamente trasparente y seria con relación a la política energética”, dijo Molina en conferencia de prensa.

Añadió que la gestión de Arce tiene proyectos pensados en “el cambio de matriz energética hasta el 2030, estamos llevando adelante el proyecto de sustitución de importaciones de manera histórica con la producción de combustibles ecológicos, estamos llevando adelante proyectos en lo que se refiere a electromovilidad, a lo que son las energías alternativas”.

Cuando se refirió a la certificación de reservas, Molina recordó al gobierno de Mesa, hace más de dos décadas (2003 – 2005). “Nos hacemos la pregunta relacionada al gobierno de Mesa al 17 de octubre de 2003, al 9 de junio de 2005, en lo que se refiere a la certificación de las reservas. El 2004 se presentó a Bolivia una certificación de reservas de 70 TCF lo cual nos parece absolutamente un dato inflado”.

Luego, Molina anunció que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hará a conocer el nivel de reservas de gas certificadas de hidrocarburos que existen en el país.

El miércoles (3), el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, evitó informar a la prensa sobre las actuales reservas de gas natural que tiene el país, luego que asistiera a la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, donde se presentó para rendir un informe sobre el litio.

El martes (2), Mesa dijo que el Gobierno “incumple sistemáticamente, como lo hizo Evo Morales, la certificación pública y transparente, anual de nuestras reservas de gas”, lo que puede llevar al país a una “crisis económica catastrófica”. Agregó que Arce, supuestamente, “tiene oculto en los cajones de su escritorio la certificación del 2022 y de 2023”.

“Si el resultado que el Gobierno oculta y no transparenta es el declive dramático de nuestras reservas de gas, tanto para consumo interno como para la exportación, esto puede generar una situación de catástrofe”, dijo Mesa en conferencia de prensa. Recordó que la certificación de las reservas es una vez por año y que esa situación solo se cumplió en 2009, 2013 y 2017, “con resultados muy poco alentadores”.

Molina demandó dejar de hacer campañas de desinformación sin datos. “Estamos abiertos a la transparencia, pero no podemos permitir este tipo de campañas de desestabilización, campañas de desinformación que creemos que generan zozobra y que no tiene ningún asidero, ningún argumento, ningún respaldo, y simplemente lo realizan en las redes sociales y generan, obviamente, preocupación en la población”, dijo Molina.

En enero de este año, YPFB contrató a una nueva empresa para que realice la certificación de reservas de hidrocarburos, pese a que aún no se conocen los resultados de la certificación realizada en 2023 que estuvo a cargo de Ryder Scott Company.

La empresa contratada fue DeGolyer and MacNaughton Corp por 425.000 dólares. Deberá hacer el estudio de cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2023.

El 8 de marzo del año pasado, YPFB contrató por 445 mil dólares a Ryder Scott Company para establecer el nivel de reservas. La empresa debió entregar el informe final el 26 de agosto y pese a que el 20 de septiembre el Sicoes publicó el acta o informe de recepción definitiva, hasta la fecha se desconocen los resultados.

Gobierno mira el pasado

En 2004, recordó Molina, el entonces presidente Mesa infló los datos del informe de certificación de reservas de gas hasta cifrarlas en 70 trillones de pies cúbicos (TCF) y debe responder por la manipulación, además, vendió el carburante a Argentina a precio de “gallina muerta”.

“Mesa certificaba 70 TCF en esa época (2004) y luego, el 2009, se tenía una certificación de nueve TCF. ¿Qué es lo que pasó con 61 TCF? ¿Qué pasó con ese gas señor Carlos Mesa? ¿Hubo un consumo desmedido? ¿Se vendió gas a alguna parte que no conocemos? Son preguntas que debe responder el expresidente Carlos Mesa al país”, dijo.

En la gestión de Mesa, prosiguió Molina, presentó a Bolivia una certificación de reservas de 70 TCF.

“Creemos que ha existido una manipulación de estos informes confundiendo las reservas probadas, probables y posibles”, argumentó.

En 2009, el entonces gobierno de Evo Morales contrató a la empresa Ryder Scott para que realice la cuantificación de las reservas nacionales. El resultado fue de 9 TCF. “¿Dónde están los 61 TFC que supuestamente había certificado Carlos Mesa el 2004 y el 2009 solamente habían aparecido 9TCF?”, insistió Molina.

“En su gobierno ocurrieron cosas extrañas, como, por ejemplo, la venta de gas a Argentina a un precio ínfimo, a un precio de ‘gallina muerta’, 1 dólar por millón de BTUs, es decir, un precio de regalo y le estamos hablando de un tiempo de 2004, cuando Bolivia vivía una crisis galopante, no solo económica, sino también política y social, fruto del gobierno de Carlos Mesa, al cual tuvo que levantar las manos y renunciar. ¿Por qué vendió a ese precio? Vendió a un dólar el millón de BTUs cuando las últimas ventas que se han realizado eran de 20 dólares el millón de BTUs”, cuestionó.

Molina señaló que “este tipo de políticas erráticas de manipulación de datos” debe ser investigada y el exmandatario debe “dar explicaciones sobre por qué nos mintió, por qué manipuló certificando reservas probadas, probables y posibles y no simplemente dio los datos certeros que merece la población boliviana”.

BD/MC/CT/





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