También piden revertir pacíficamente los ataques al sector productivo, saneamiento de tierras, incertidumbre en la propiedad, avasallamientos, colectivización forzosa de la tierra, además de la invasión de sus áreas protegidas.
Los líderes cruceños reunidos en el Comité Pro Santa Cruz. Cortesía
Brújula
Digital |6|3|24|
Los líderes cruceños representados al menos por una veintena de instituciones públicas y privadas demandaron al Gobierno seguridad jurídica, mayor apoyo a la producción, entre otras demandas de apoyo al sector productivo. Estas peticiones surgen a poco más de dos semanas del acuerdo de 10 puntos suscrito por el Gobierno y los empresarios para normalizar la falta de dólares.
“Exigir al Estado: seguridad jurídica para la inversión; libertad de exportación y levantar todas las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios”, detalla el segundo de los puntos a los que arribaron los representantes en la denominada cumbre de líderes cruceños que se desarrolló este miércoles en los predios de la Fexpocruz.
La reunión, convocada por el Comité Pro Santa Cruz, permitió a los representantes de diversas instituciones exponer su posición y propuesta. Al final, el líder cívico, Fernando Larach, dio lectura al documento conclusivo y acordado por todos los asistentes.
La primera de las conclusiones es “reivindicar el plan de acción” para establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado y unir esfuerzos y gestiones ante el sistema político boliviano para su gradual aplicación.
La tercera busca perfeccionar el modelo cruceño en aras de su sostenibilidad, profundizar nuestro desarrollo sin descuidar el medio ambiente. La cuarta es enfrentar, en unidad, la recesión económica y las amenazas sociales emergentes.
El quinto es unir esfuerzos para revertir pacíficamente los ataques al sector productivo (saneamiento de tierras, incertidumbre en la propiedad, avasallamientos, colectivización forzosa de la tierra); la invasión de sus áreas protegidas.
El sexto es impulsar acciones y gestiones para la aprobación de una ley de bioeconomía circular. El séptimo es promover la formalización de una normativa de alianzas público - privadas para que asociaciones empresariales o gremiales puedan formar parte del emprendimiento de obras públicas.
El octavo es demandar a las autoridades nacionales el desalojo de avasalladores, la conclusión del saneamiento sin la vulneración de derechos y exigir la validez de los títulos saneados. El noveno aunar esfuerzos interinstitucionales, público- privados, para garantizar la realización del censo; y la décima es designar una comisión técnica y de seguimiento para viabilizar los compromisos asumidos y evaluar sus resultados de manera permanente.
El 19 de febrero pasado, 15 autoridades que representan a varios sectores de los empresarios privados de Bolivia y los ministros de Economía y Planificación presentaron las diez medidas del “Acuerdo económico, productivo y empresarial” con tiene el objetivo de normalizar el escenario transitorio de escasez de dólares.
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