Foto: APG
Brújula Digital|21|02|24|
Erick San Miguel
El 15 de noviembre de 2019, en la misma noche en que Jeanine Áñez posesionaba a su gabinete, su flamante ministro de Economía declaraba que las exportaciones serían liberadas. ¿O sea que la gran movilización ciudadana, la participación de los jóvenes no era para respetar el 21F, para salvar a la democracia, para combatir el fraude electoral sino para favorecer al empresariado? El anuncio no quedó en promesa; el 24 de enero de 2020 se dictó el Decreto Supremo 4139 liberando efectivamente las exportaciones. En diciembre de 2020, el recientemente posesionado Gobierno presidido por Luis Arce decidió abrogar esta norma y otras más (DS 4417), por considerar que iban “contra los lineamientos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que garantiza la seguridad alimentaria”.
Pero ahora el mismo Gobierno ha decidido dar vuelta atrás. Ha anunciado públicamente que las exportaciones serán liberadas, lo que quiere decir que ha decidido abandonar el modelo comunitario productivo. No es la única medida. Después de dos reuniones con la plana mayor de los empresarios privados, el Gobierno no ha firmado un convenio, sino un Diktat, que implica un retorno franco al modelo neoliberal.
Otro de los puntos “acordados” es la subasta de diésel de grandes compradores, medida que va abiertamente en contra de la Constitución Política del Estado y del célebre Decreto Supremo de Nacionalización de Hidrocarburos de 1 de mayo de 2006, normas que han impuesto el monopolio de toda la cadena productiva de la industria petrolera, incluyendo la comercialización. Ahora aparecerán grandes intermediarios desnaturalizando la política de hidrocarburos que se impuso en Bolivia desde 2006. Parece que el Gobierno se olvidó que el artículo 359 de la Constitución Política prohíbe vulnerar esta normativa, bajo pena de considerarse traición a la patria.
Así también la promoción de la inversión privada de biodiesel, un sueño del empresariado que ni siquiera la gestión de Añez se atrevió a concederles, es otra de estas medidas que no han tomado en cuenta la Ley 1098. No existe en ningún momento referencia alguna a la soberanía alimentaria ni al abastecimiento del mercado interno. En tanto que la banda de comisiones para las transferencias y giros al exterior, es una medida que sólo beneficia a la banca en detrimento de los consumidores financieros.
Después de 18 años de retórica antineoliberal, el sueño ha terminado. El retorno al modelo neoliberal ha comenzado y ha sido más fácil de lo esperado: apenas dos reuniones. Mientras que a los sectores sociales cualquier concesión, cualquier medida les cuesta sangre, sudor y lágrimas: bloqueos, paros, persecución, represión y abuso policial. Las medidas han sido saludadas no sólo por el empresariado sino por todas las expresiones de la derecha, incluyendo sus analistas. Al parecer Bolivia ya ha encontrado a su Milei: no tiene su carisma, su personalidad es desabrida, es un pésimo orador y tiene bien recortado el cabello, pero es más eficiente a la hora de aplicar las medidas neoliberales que levantarían la envidia del mismísimo Presidente de la Argentina.
Mientras tanto los “dirigentes sociales” siguen durmiendo el sueño de los justos, siendo su única preocupación aumentar el volumen a su tejido adiposo y recibir algunas canonjías del Gobierno. La más clara expresión de este sindicalismo corrupto es el autoprorrogado Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, incapaz de plantear un pliego de peticiones en favor de su clase, de la clase trabajadora, a una gestión que dice que es suya.
En tanto que el Gobierno hipócritamente ha hecho conocer hace unas semanas un “Comunicado” (¿no era más propio aprobar un decreto?) sugiriendo algunas medidas de austeridad. Nada más falso. La publicidad gubernamental se ha vuelto frenética, todo, naturalmente, con recursos públicos, con dinero de los contribuyentes, beneficiando a algunos medios y algunos programas que le sirven como caja de resonancia.
Erik San Miguel es abogado.
@brjula.digital.bo