Alertan que reforma de pensiones busca jubilación forzosa y beneficiar a mineros y grupos afines al Gobierno

Brújula Digital|16|2|24|

El economista Alberto Bonadona alertó que la modificación de la ley de pensiones busca implementar la jubilación forzosa y que tiene como supuesto elemento seductor el aumento de mil bolivianos para quienes califiquen el fondo solidario. Su colega, Gonzalo Chávez, advirtió que la reforma pretende beneficiar a mineros y grupos afines al Gobierno en desmedro de sectores profesionales principalmente.

Bonadona explicó a Brújula Digital que la modificación a la Ley de Pensiones No 65 (2010) señala que aquellos que deseen seguir trabajando después de los 65 años deben aprobar un examen físico y mental por parte del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, pero “la lista de espera será, como podemos imaginar, interminable”.

“El proyecto hará que, literalmente, miles de empleados mayores de 65 años que continúan activos se expongan ante una comisión, que deberá atender a estas miles de personas que desearán seguir trabajando. Si pasaran adecuadamente ese examen, podrían seguir en sus cargos, pero con certeza ese proceso tomará una eternidad. Si se cumple lo que dice el proyecto, deberán descontinuar su trabajo hasta que aprueben el examen. Por estas razones, esta exigencia se traduce en una jubilación forzosa de facto para sectores profesionales principalmente”, argumenta Bonadona.

Afirmó que colegios de profesionales, como los médicos, “han calificado como un ‘atentado a su dignidad’ y en diversos documentos y declaraciones han demostrado que es inconstitucional”.

Bonadona puso como ejemplo el caso de los médicos que empiezan a ejercer después de al menos 12 años de formación. “Luego continúan su carrera en puestos con salarios que no permiten aportes significativos por otros 10 años. O sea, si empezaron a ejercer sus profesiones a los 30 o 35 años y necesitan 35 años para obtener alrededor del 60% de su salario promedio de los dos últimos años; por lo tanto, se está hablando que recién lo lograrán a los 65 o 70 años”.

Además, prosigue, “si un oncólogo empezó a trabajar en 1993, tendría hoy tres años de aporte al viejo sistema y cerca de 27 en el nuevo. Ya tiene 65, pero su jubilación no supera los 3.000 bolivianos y con un sueldo, digamos, de 14.000 bolivianos, no es elegible para obtener una pensión solidaria. Además, se le exigirá el bendito examen ocupacional”.

Entonces, Bonadona concluye que el proyecto de Ley 035, que pretende modificar la Ley de Pensiones No 65, modifica los límites solidarios de la pensión solidaria de vejez e incluye una jubilación forzosa.

Beneficia a grupos afines al Gobierno

En economista Gonzalo Chávez alertó este viernes que la reforma al sistema de pensiones pretende beneficiar a mineros y grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en desmedro de sectores profesionales.

“El Gobierno presentó un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aumentando dinero al fondo solidario, que sobre todo beneficia a grupos afines al partido de Gobierno, como los mineros. Para esto pretende colocar un impuesto, disfrazado de contribución solidaria, a los trabajadores, que, según ellos, ganan mucho dinero. Los hermanos y compañeros hacen solidaridad con plata ajena”, indicó Chávez en un video que compartió con Brújula Digital.

Según el analista, la pretensión de que los ciudadanos se jubilen a los 65 años es para beneficiar a sectores como mineros, políticos y a algunas autoridades. “Esta obligación a los 65 años y de ir a un médico para que diga sí o no (a que se siga trabajando) hay una excepción que son los políticos: ministros, viceministros, presidentes, diputados, gobernadores o senadores no van a pasar por esto. O sea que están legislando a su favor de los que defienden los derechos al trabajo”.

Chávez dijo que “una contribución solidaria debería tener un carácter voluntario”, pues es “una colaboración, una donación, pero no, el aporte solidario se trata de una imposición estatal que los asalariados y las empresas formales no pueden negarse a dar”. Dijo que la contribución solidaria no es recusable para el ciudadano es “un vulgo impuesto decorado con artimañas legales y envuelto en el celofán de la solidaridad”.

Chávez afirmó que las rentas de todos los jubilados son miserables y no hay la menor duda de que requieren una mejora, que debería comenzar con que las personas se jubilen, no con el 20% o 30% del último salario ganado, y sí con el 100% de lo obtenido, como lo hacen los militares. “Los fondos solidarios no resuelven el problema estructural, son parches políticos insostenibles financieramente”.

El economista afirma que la propuesta gubernamental excluye o no se aplica en las autoridades electas. “Lo más patético es que esta regla leonina solo es válida para los simples mortales, obviamente del sector formal, los políticos (presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, gerentes de empresas públicas y otros mantenidos por nuestros impuestos) quedarán exentos de esta norma y podrán trabajar hasta los 100 años. El proyecto de ley dice: se encuentra exentos de la aplicación del párrafo uno, que obliga a la jubilación a los 65 años, las autoridades electas designadas o de libre nombramiento”.

El domingo (11), el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la edad de jubilación para hombres y mujeres se mantiene en 58 años y que las personas que quieran seguir trabajando y aportando a la economía nacional lo pueden seguir haciendo por encina de ese rango de edad.

El 25 de enero de 2024, el proyecto de Ley 035 de modificación al sistema de pensiones fue aprobada en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en el pleno camaral.

Este jueves, el especialista de la Unidad del Sistema Integral de Pensiones del Ministerio Economía, Marco Mercado, afirmó en Abi que el proyecto de Ley 035, que modifica los límites solidarios de la pensión solidaria de vejez y el financiamiento para el fondo solidario, no establece una jubilación forzosa u obligatoria, va en beneficio de la población e incrementa en hasta 1.000 bolivianos la pensión de los trabajadores.

BD/MC/CT/