|OPINIÓN|El PGE 2024 que nos dan, y el que deberíamos tener|Enrique Velazco|

Brújula Digital|10|12|23|

Especial de Enrique Velazco

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 presentado por el Órgano Ejecutivo. No espero mayores observaciones en senadores por lo que presumo que éste será el presupuesto que regirá el próximo año. Sus objetivos declarados son “garantizar la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas, apoyar el plan de industrialización con sustitución de importaciones, y mantener la subvención a los combustibles”.

Las observaciones y críticas al presupuesto fueron puntuales: gasto de gobierno en publicidad, trasferencias al Banco Unión, o al endeudamiento externo al que el gobierno recurre. Pero nadie cuestiona la pertinencia de los objetivos que, supuestamente, busca el presupuesto; o si la estructura del presupuesto aprobado asegura el cumplimiento de esos objetivos; y, menos todavía, si los objetivos son los que deberíamos perseguir, dada la naturaleza de los problemas reales que nos anclan a la pobreza, al subdesarrollo y, ahora, al endeudamiento.

Para hacer la historia corta, en tanto se mantenga el tipo de cambio fijo (dolarización de facto), la baja participación en mercados externos, limitada a oferta de recursos naturales sujeta a demandas y precios que nos imponen, y en un contexto de déficit energético (y en alimentos), ni éste ni ningún otro presupuesto podrá garantizar estabilidad a la macroeconomía ni a las finanzas públicas. Por otro lado, la industrialización con sustitución de importaciones no tiene la menor posibilidad construyendo “plantas industriales a demanda”, financiadas con endeudamiento externo, en un tejido productivo de bajo valor agregado y avasallado por contrabando masivo (explícitamente consentido por el gobierno). Finalmente, mantener la subvención a los hidrocarburos globalmente beneficia más a actores, sectores y actividades que están al margen de lo legal o son abiertamente delincuenciales y criminales.

Al no haber correspondencia entre la estructura del presupuesto y las condiciones que en realidad se requerían para lograr los objetivos enunciados, desde la perspectiva del desarrollo, los objetivos que plantea el Ministerio de Economía como metas del PGE son irrelevantes: por lo menos en 70 años ni un solo Gobierno dejó de ofrecer estabilidad macrofinanciera e industrialización. Con la llegada del neoliberalismo en los 80 se acentuó el énfasis en la estabilidad sobre la sustitución de importaciones, pero se retoma el tema de la industrialización por el pobre desempeño neoliberal en términos de la creación de empleo, equidad y reducción de la pobreza.

Quienes diseñaron el PGE 2024 o están anclados en la “Bolivia saudita” de 1974, o no tienen el menor contacto con la realidad de pobreza y de autoexplotación laboral que impusieron el FMI y el BM, pero que, sorprendentemente, se acentuó desde 2006 con el “modelo socialista”: las utilidades del sistema financiero aumentaron 1.000% desde 2006; la participación de la remuneración al trabajo en las cuentas del ingreso y el consumo de los hogares en las cuentas del gasto cayeron 10 puntos porcentuales; la precariedad laboral trepó del 65% al 85% de la población ocupada; las importaciones respecto al valor del consumo de los hogares subieron del 36% al 57%; la participación de las remuneraciones en las cuentas del ingreso cayó del 35% al 25% entre 2005 y 2016 (último año disponible) por lo que los asalariados dejaron de percibir unos 175 mil millones de bolivianos mientras que, en el mismo período, el desembolso total en bonos fue menos de 26 mil millones (un 15%); y, respecto a 2023, el PGN espera subir la recaudación de impuestos internos en 11%. La tarea del Gobierno debería ser revertir estas tendencias, no agudizarlas.

Por eso, el presupuesto que merecemos tener es uno que use todos los recursos disponibles para aumentar la capacidad productiva nacional de alimentos y energías renovables; recupere el mercado interno e induzca la producción con creación de empleo digno mediante la efectiva represión de la corrupción, de las estructuras corporativas que hoy fijan precios abusivos y de la libre importación de artículos de “súper lujo”. Implica un cambio conceptual de la política tributaria: de medio exclusivamente recaudatorio, a instrumento de señalización de objetivos y de incentivo a los comportamientos promotores de una economía eficiente y sostenible, “de y para la gente”.

Tal presupuesto, además de ser correcto conceptualmente en lo económico y en lo social, tendría muchas consecuencias positivas para el desarrollo: reducirían las importaciones de alimentos, energía y manufacturas livianas, y, con ello, el déficit comercial; apoyaría un tipo de cambio competitivo; menor posibilidad de importar inflación; el endeudamiento externo se reduciría, mejorando la posición de las RIN, de las calificaciones de riesgo y la resiliencia a los shocks externos; reduciría nuestra huella de carbón y nos abriría oportunidades a líneas de financiamiento verde; y, fundamentalmente, nos pondría en senda correcta para generar más empleo y revertir el “brain drain”, condiciones necesarias para inducir buenas relaciones sociopolíticas y comerciales, iniciar la sustitución de importaciones y mejorar la calidad de vida (Fadhel Kaboub).

Ese sería el presupuesto que nos merecemos; el que se dan los políticos gracias al silencio de muchos es uno que, aparentemente, solo busca mantener fidelizados políticamente a los sectores que hoy se benefician del contrabando, la depredación ambiental, la corrupción en contrataciones públicas y del acceso a pegas en instancias de Gobierno (a todo nivel).

Es penoso constatar que todas las recaudaciones fiscales en el mercado interno se van en pagar a funcionarios públicos que, sin duda, se aplazaron en el manejo del Estado y de las “empresas estratégicas”. Por ello, como medida elemental de equidad y justicia con quienes seremos extorsionados para pagar 11% más de impuestos en 2024, los sueldos en toda la administración pública se deberían pagar en efectivo hasta el equivalente de tres (tres) salarios mínimos nacionales, y el saldo en billetera móvil habilitada exclusivamente para productos nacionales. La medida generaría una demanda del orden de 4.000 millones de dólares anuales (9% del PIB) para la producción nacional y recuperaría unos 140.000 empleos privados, hoy perdidos por el contrabando y la buro-parásito-cracia.

Al César lo que es del César, ¿no ve?

Enrique Velazco Reckling, Ph.D. es investigador en temas de desarrollo productivo.