El sistema de pensiones en Bolivia enfrenta riesgo de sostenibilidad y temores de uso político

Brújula Digital |20|07|23|

El sistema de pensiones en Bolivia enfrenta desafíos significativos que ponen en riesgo su sostenibilidad y eficacia a largo plazo, entre otras la falta de autonomía de la Gestora Pública, la idoneidad de esa entidad y el temor de que el gobierno pueda usar los fondos de jubilación para financiar sus actividades.

Una de las principales dificultades que enfrenta el sistema, afirma un informe de la Fundación Milenio, es el conflicto de interés generado por la falta de autonomía de la Gestora, que mantiene una relación de dependencia con el Ministerio de Economía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Esto ha generado dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos y la posibilidad de cobro de aportes en mora del sector público, afectando la confianza de los trabajadores en el sistema.

Además, la idoneidad institucional de la Gestora Pública ha sido cuestionada. Milenio coloca como ejemplo que a la institución le tomó ocho años asumir la administración de los fondos de pensiones desde que fue creada por ley. También han surgido sospechas de corrupción en la adquisición de software y en la administración de inversiones para el pago de la Renta Dignidad, casos que se encuentran en proceso judicial.

Otra preocupación es el temor de que el gobierno utilice los fondos de pensiones para solventar sus déficits fiscales. La situación de las cuentas públicas de Bolivia es muy frágil, con déficits fiscales consecutivos y altos, lo que ha llevado al gobierno a recurrir a créditos del Banco Central, afectando las reservas internacionales.

Pensiones bajas

Los problemas principales del sistema incluyen pensiones de jubilación bajas, baja rentabilidad de los fondos de pensiones e incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema. La flexibilización de los requisitos para acceder a la jubilación, autorizadas en 2010, ha incentivado jubilaciones tempranas con pensiones bajas, y el 70% de los jubilados recibe una pensión mensual inferior al salario mínimo nacional.

En 2010 se permitió a los varones jubilar a los 55 años, y a las mujeres a los 50, si es que habían aportado al sistema de reparto. Esa reducción en la edad de jubilación ha hecho que los aportes sean menores y, por tanto, también las pensiones recibidas.

Además, Milenio recordó que la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones depende de las condiciones del mercado, lo que puede afectar negativamente los rendimientos y disminuir el monto de las pensione.

La sostenibilidad financiera del sistema requiere de estudios actuariales que demuestren la correspondencia entre derechos y obligaciones, lo cual aún no se ha realizado.

La informalidad

Un desafío adicional a la marcha del sistema de jubilación, afirmó Milenio, es la cobertura del sistema de pensiones en un contexto de creciente informalidad laboral. La mayoría de los trabajadores en Bolivia son informales, lo que dificulta su inclusión en el sistema y plantea la necesidad de buscar alternativas de jubilación para esta población.

Una posible solución es retrasar la edad de jubilación, medida adoptada por muchos países para controlar los costos asociados a la mayor esperanza de vida, pero con un alto costo social.

Otra opción de solución es abrir el mercado de pensiones a la competencia, permitiendo la coexistencia de una administración estatal (la Gestora Pública) y entes privados (AFP), como es el modelo chileno.

Reducir la informalidad laboral también puede aumentar la recaudación de aportes al sistema y mejorar su sostenibilidad financiera.

Antecedentes

El sistema de pensiones se inició en 1997 con 328.884 asegurados. Al 31 de marzo de 2023, el número de asegurados es de 2.605.434 personas, una cantidad ocho veces más que 26 años atrás. Hasta febrero de este año, el número de jubilados por vejez asciende a 211.214 personas. En total son 251.674 las personas que reciben una pensión del sistema que fue administrado por las AFP, en condición de jubilados o bien por invalidez, o como derecho habientes.

La Ley 065 de 2010 redujo la edad de jubilación a los 55 años para hombres y 50 años para mujeres, siempre que hayan aportado al sistema de reparto, y con un 60% de su referente salarial. Estos requisitos más flexibles tienen el efecto de facilitar la jubilación más temprana, a contramano de los esfuerzos que otros países realizan para retrasar la edad y desestimular la jubilación temprana. El problema reside en las bajas rentas de jubilación, que no ofrecen un ingreso suficiente para una vida digna. La introducción de la “Pensión Solidaria”, para compensar las bajas rentas, no ha resuelto ese problema.

Al 31 de diciembre de 2022, los aportantes del sistema de pensiones han ahorrado 24.136 millones de dólares en sus cuentas individuales. Esta cantidad está invertida en el mercado de valores del país: 7.400 millones en valores emitidos por el Estado, que constituyen una fuente de financiamiento para el gasto y la inversión pública y; 16.400 millones de dólares en títulos valor para proyectos en la actividad privada. Un tercio de las inversiones están colocadas en títulos valor con calificación AAA, otro tercio en deuda soberana y el resto en instrumentos bursátiles con calificación de riesgo. 

BD / RPU