Día del Trabajador: entre la informalidad creciente, la precarización del empleo y la incertidumbre económica y política

Brújula Digital |01|05|24|

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, estará marcado por protestas de sectores trabajadores y sociales en contra del “paquetazo” de normas que alista el Gobierno, considerado atentario a derechos y libertades consagrados en la Constitución, así como la crucifixión y tapiado de maestros urbanos en contra la currícula escolar y la falta ítems. Esto, en medio de una creciente informalidad que oscila el 80%, la precarización del trabajo y la incertidumbre económica y política, agravada por las pugnas internas en el partido gobernante.

Del otro lado de la vereda, se anuncia la marcha del presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) -afín al partido oficialista- para festejar el incremento el del 3% al haber básico y el 5% al salario mínimo nacional, que oscilará desde este mes y con carácter retroactivo a enero,  en 2.362,50 bolivianos. El aumento  que no alcanzará al Presidente, Vicepresidente y ministros, en aplicación al decreto supremo 3889 de 2019.

Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se ha expresado la preocupación por el aumento salarial decidido entre el Presidente y la COB, considerado el más alto de los últimos seis años, y en momentos en que “la economía atraviesa por una situación compleja y de incertidumbre”.

Se advirtió que la medida provocará mayor desempleo y lamentó desde el sector empresarial no haya sido considerado en la discusión en una mesa tripartida, en cumplimiento a las recomendaciones del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En criterio de la ministra de Trabajo, Verónica Navia, hay mucho que festejar debido al crecimiento de la empresa pública, que genera 800 mil empleos, frente a 88 mil del sector privado. No obstante, desde diferentes estudios se ha advertido que la mayoría de las empresas e industrias públicas no son rentables y que son subvencionadas por el propio Estado a través de fuertes créditos que realiza el Banco Central de Bolivia a su favor.

Radicalización de medidas

En vísperas del Día del Trabajador, el sector del magisterio urbano -que libra una protesta que va por la décima semana sin solución- anunció la huelga de hambre de 30 dirigentes del sector, pero además, tapiará a tres maestros y otros seis serán crucificados como muestra de la radicalización de la protesta, ante lo que han llamado la incapacidad del ministerio de Educación, Edgar Pary, por no resolver las demandas del sector.

Desde sectores informales como el gremial y plataformas de la sociedad civil también se han anunciado para este 1 de mayo, marchas de protesta en contra del "paquetazo" de leyes gubernamentales, por considerarse atentatorias a libertades y derechos propios de un Estado de derecho.

El proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ha sido considerado atentatorio por considerar que tipifica como delito de terrorismo acciones de protesta propias de sociedades democráticas.

Los proyectos de leyes cuestionados son el 280, referido a la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas, el proyecto 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y el 304, que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales.

El proyecto 280 fue paralizado hasta ser socializado, el 304 fue retirado de la Asamblea Legislativa Plurinacional ante las críticas desde diferentes sectores y hay el compromiso desde el legislativo de sacar el artículo cuestionado del proyecto de ley 305, por atentar contra la libertad de expresión.

El proyecto de ley 305 modificaba el apartado 281 del Código de Procedimiento Penal, que sanciona con tres a siete años de cárcel a personas que promueven el racismo, pronuncien discursos de odio e inciten a la violencia, y acotaba: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

A pesar del compromiso del oficialismo de respetar la Ley de Imprenta, se advirtió la intención del Gobierno de socavar los derechos y libertades de manera reiterativa, con casos concretos de periodistas llevados a estrados judiciales en la vía ordinaria, como efecto de su trabajo.

Tras la pandemia se precarizó aún más el trabajo

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Bruno Rojas, advirtió que Bolivia antes de la pandemia ya atravesaba una crisis del empleo expresada fundamentalmente en un fuerte deterioro de la calidad del empleo; es decir, mostraba una alta precariedad laboral.

Con la pandemia, aseguró que además de la precarización del empleo el trabajo se informalizó más. Estimó que ocho de cada 10 personas ocupadas están en el sector informal como trabajadores por cuenta propia o con pequeños emprendimientos en condiciones muy precarias. Antes de la pandemia, seis de cada 10 ocupados estaban en la informalidad.

“Se incrementó el subempleo lo que significa que más personas, por razones de subsistencia, buscan variadas fuentes de ingresos que los ocupan pocas horas en la semana y en trabajos muy precarios, sin importar su profesión o sus capacidades” apuntó Rojas en un reciente estudio.

La relación de formalidad versus informalidad también puede percibir en los datos oficiales de las empresas, pues las unipersonales llegan al 80% frente a las sociedades limitadas que no llegan al 20%.

“La crisis acelerada y agudizada por la pandemia de coronavirus no hizo más que revelar el espejismo de la fortaleza de la economía y el carácter espurio de los avances en materia de reducción de la pobreza enaltecidos por el actual gobierno de Arce”, sostiene el Cedla.

El centro de investigación acota que el famoso blindaje de la economía, proclamado por el ahora Presidente, no resistió la paralización parcial de algunos meses, mostrando que las enormes rentas percibidas durante década y media por el gobierno de Evo Morales no sirvieron para impulsar la transformación productiva de la agricultura ni de la industria.

El modelo económico basado fuertemente en el extractivismo se ha visto seriamente afectado por la creciente subvención de los combustibles, que según YPFB llegó a 1.700 millones de dólares el 2022, frente a una caída de los recursos por la venta del gas.

En medio de la incertidumbre económica por la escasez de dólares en el sistema financiero, el cierre del Banco Fassil, decretos que regulan y limitan el uso de combustibles, la pugna interna en el partido gobernante MAS entre la ala evista y la arcista se ha hecho más evidente. Las peleas no quedaron en acusaciones y contra-acusaciones por hechos de corrupción y narcotráfico, sino también en divisiones de las propias organizaciones sociales como lo ocurrido en el último congreso de las Bartolinas.

BD JMC