AJAM compromete agilizar derechos mineros y seguridad jurídica, en medio del debate por la ley del oro

Brújula Digital |29|04|23|

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a través de su director ejecutivo, Erick Aríñez se comprometió ante los actores mineros, la agilización de otorgaciones y adecuaciones de derechos mineros a su favor, así como la protección jurídica, en momentos en que se debate en el Senado la aprobación del cuestionado proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales.

“Vamos a optimizar la otorgación de derechos mineros y la adecuación así como la protección jurídica de los derechos mineros a los actores productivos mineros, conforme a la normativa legal vigente”, dijo durante su reciente rendición de cuentas inicial 2023.

Ariñez, denunciado por ser posesionado en un segundo mandato sin haber cumplido los cinco años de alejamiento entre uno y el otro periodo, dijo que desde la AJAM se trabaja para dar una mejor atención a los actores mineros y que esta sea de manera más eficiente y eficaz.

“Tenemos como premisa ser la institución pública que garantice la seguridad jurídica de los derechos mineros, en defensa de los recursos minerológicos del pueblos (…). Los objetivos estratégicos están el descongestionar e implementar mecanismos que permitan agilizar la otorgación de derechos mineros y garantizar la seguridad jurídica de estos a nivel nacional hasta el 2025”, sostuvo.

En ese marco comprometió automatizar y simplificar los procesos para una administración expedita y ágil de los trámites en curso, además de la desburocratizando de procedimientos en la jurisdicción administrativa minera.

Los cooperativistas auríferos han sido los más duros cuestionadores del rol de la AJAM, por no aprobar según este sector de manera ágil, la adecuación de sus “derechos mineros preconstituidos” al interior de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas o el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, entre otras reservas.

Por su parte Aríñez, comprometió “automatizar y simplificar los procesos para una administración expedita y ágil de los trámites en curso”, además de incrementar la eficacia en la ejecución de acciones de apoyo administrativo en asesoramiento, control y planificación, a pesar que reconoció que 169 funcionarios, no son suficientes para atender las demandas.

En cuanto a la protección jurídica de derechos mineros, el Director de la AJAM se comprometió  a atender amparos  administrativos mineros, denuncias de propase, referidos a un actor minero que invada otra área del titular contiguo, así como solicitudes de derecho de paso y uso.

“En la fiscalización y control se implementarán mecanismos de seguimiento y control a las direcciones departamentales y regionales si están cumpliendo con las metas trazadas y en los plazos determinados e implementar mecanismos de control contra la explotación ilegal, se suscribirán convenios interinstitucionales”, anunció.

El sector cooperativista aurífero –que concentra más del 99% del control sobre el oro- goza de un trato preferencial tributario, pues solo paga entre el 1,7 y 2,5% del valor de la exportación del oro. El 2022 el país exportó 52 toneladas del metal dorado por un valor de $us 3.100 millones, de los cuales solo quedó para el Estado $us 75 millones por concepto de regalías.

BD JMC