Mancomunidad indígena amazónica lleva graves denuncias de violación de DDHH al Foro Permanente de la ONU

Brújula Digital |20|04|23|

La Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey presentó graves denuncias de violación de Derechos Humanos y vulneración de Derechos a Pueblos Indígenas por parte del Estado y otros actores políticos y sociales, ante al 22° Período de Sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).

El líder indígena Álex Villca se presentó ante Naciones Unidas, en representación de la Mancomunidad y expuso la situación crítica de los pueblos indígenas de Bolivia, sobre todo de tierras bajas, como efecto de la ampliación de la frontera extractivista con actividades petroleras y mineras.

“Los pueblos indígenas que luchamos y resistimos, hemos sido testigos del avance descomunal del modelo económico extractivista y capitalista, que viene arremetiendo contra nuestros territorios y derechos (…). El 2019 hemos perdido 6 millones de hectáreas de bosques, causando la muerte de millones de vidas silvestres en el Chaco, Chiquitanía y Amazonía”, afirmó en su intervención.

Villca denunció que a pesar de nueva Constitución de 2009, donde se dio a conocer al mundo al nuevo Estado Plurinacional, respetuoso de los Pueblos Indígenas y la Madre Tierra, en los hechos, estos derechos no se cumplen y han sido utilizados como narrativas que no condicen con la realidad actual.

que el decreto supremo 2366 del 20 de mayo de 2015, del Gobierno de Evo Morales, dictó la sentencia de muerte de las áreas protegidas, donde además habitan pueblos indígenas, al permitir la exploración y explotación de hidrocarburos.

“Son más de 100 las áreas petrolerasen subasta; que afectan a pueblos indígenas. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, es la más afectada y avasallada”, dijo al referirse a la actividad petrolera que la concretó el actual Gobierno de Luis Arce, también del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dijo que política energética, tiene el objetivo de construir una veintena de mega-represas en todo el país, sin importar que ello amenace con matar ríos, inundar los territorios y expulsar nuestros pueblos y comunidades indígenas.

“El crecimiento desmesurado de la minería ilegal del oro, es otro conflicto socio-ambiental muy grave. La Ley 535 de Minería, viene causando una serie de avasallamientos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi y otros”, expresó.

Pueblos envenenados por mercurio

Álex Villca informó que un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, publicado el 2020, develó que las mujeres del pueblo Esse Ejja, tienen en promedio 7.5 partes por millón (ppm) de metil-mercurio en su organismo, mientras que el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) y la Universidad de Cartagena de Colombia, descubrió que los pueblos Amazónicos; Tacana, Tsimane, Mosetén y Uchupiamona, también presentan altos niveles de envenenamiento por mercurio.

En los últimos días –dijo el indígena- que la violencia de mineros, se ha tornado insostenible, ya que se llegó incluso a la amenaza con arma de fuego, a un guardaparque del Madidi, en el sector de Apolo.

“En base a lo manifestado, hermana Presidenta, pedimos al Foro y al Sistema de Naciones Unidas, recomendar al Estado Plurinacional de Bolivia: anular las normas incendiarias, megaproyectos extractivistas y grandes infraestructuras que afectan a áreas protegidasy territorios indígenas; casos de la Reserva Tariquia, Tipnis, Madidi; anular la Ley Minera 535, por ser una norma inconsulta y atentatoria a los derechos indígenas y de la Naturaleza”, sostuvo.

También pidió recomendar al Gobierno, cumplir con el Convenio de Minamata y presentar un Plan de Acciones a la brevedad posible, además de exigir al Estado devolver los territorios ancestrales al pueblo indígena Tsimane’ del sector Yacuma y Esse Ejjas, que habitan en San Buenaventura, en estado de extrema pobreza.

BD JMC